inhabilitacion

Nota | Congreso inhabilita por 10 años a Inés Tello y Aldo Vasquez

Por Enfoque Derecho Asistencia, votación, reconsideración y votación: el resultado lo sabíamos desde el inicio. A pesar de los llamados de atención de abogados de todo el Perú, del llamado de atención de organismos internacionales y de los 10 argumentos presentados por el constitucionalista Samuel Abad ante el Congreso, el Pleno del Congreso votó e inhabilitó a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia: Inés Tello y Aldo Vasquez. El día de ayer, la sede del Congreso de la República fue testigo de uno de sus episodios más polémicos. En una sesión interminable, los 130 miembros del Poder Legislativo (que pronto serán 190, divididos en dos cámaras) votaron para inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia.

Nota | Comisión Permanente aprueba, por mayoría, suspensión e inhabilitación de la congresista María Cordero por los delitos de concusión e infracción a la Constitución

María Cordero Jon Tay, ex miembro de la bancada de Fuerza Popular, fue acusada de haber realizado cobros indebidos e irregulares para gastos personales, a trabajadores de su despacho durante el año 2022. Es así que, uno de sus ex asesores afirma que la congresista le demandó el 50% de su salario mensual. Asimismo, se presume que recortó hasta, aproximadamente, el 75% del sueldo de otro de sus trabajadores. Todo ello  fue revelado por medio de grabaciones que fueron compartidas en “Punto Final” en abril del año pasado. En ese sentido, en aquellos audios se le escuchó a la congresista mencionar lo siguiente: “Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (…) tú tienes tarjeta

Propuesta de reforma del artículo 99 de la Constitución

Por Carlos Arias Suárez. Abogado por la PUCP. Con estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma casa de estudios. Adjunto de docencia de cursos de Procesal y Constitucional de la facultad de Derecho de la Pucp. A propósito de la reciente inhabilitación y “destitución” del cargo de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos por parte del Congreso de la República, cabe formular válidamente la siguiente interrogante: ¿resulta constitucionalmente válido inhabilitar y/o “destituir” a un juez supremo por supuesta infracción a la constitución de conformidad con el texto vigente del artículo 99 de la Constitución? Esta disposición constitucional establece que la Comisión Permanente está facultada para acusar ante el Congreso de la República, entre otros, a

Poder Judicial rechaza recurso que podría haber habilitado a Vladimir Cerrón para ejercer cargos públicos

Por Enfoque Derecho La historia de la condena a Vladimir Cerrón inicia en el año 2011, cuando este asume el Gobierno Regional de Junín y realiza la obra “Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de la Oroya”. Sobre esta, según la Fiscalía, Vladimir Cerrón habría incurrido en cometer un delito por “haberse interesado indebidamente de manera directa en el trámite y aprobación de la ampliación del plazo N° 03 solicitada por el Consorcio Altiplano” y “por haber requerido a la Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación, Ciencia y Cultura hacer efectivo los pagos solicitados con cargo a los saldos de las transferencias financieras a través de la Carta N° 117-2011-GRJ/PR del

¿Responsabilidad constitucional del presidente de la República? Sí, pero sin malabares jurídicos

Por  Vicente Brayan Villalobos Villalobos, Bachiller en Derecho. Miembro del Centro de Estudios de Derecho Civil (CEDC), del Centro de Estudios de Derecho Administrativo (CEDA) y del Centro de Estudios de Contrataciones del Estado (CECE), los cuales pertenecen a la Universidad de San Martín de Porres (USMP). La controversia El pasado 11 de octubre la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó a la mesa de partes del Congreso una denuncia constitucional contra el presidente de la República, Pedro Castillo, y dos de sus ex ministros, con la finalidad de que el órgano legislativo determine la responsabilidad constitucional que les corresponda (suspensión, destitución o inhabilitación) y eventualmente queden expeditos para ser procesados penalmente. En lo que respecta al presidente, el

¿Blindaje?: Congreso archiva propuesta para inhabilitar por 10 años a Pedro Chávarry

Por Enfoque Derecho Este miércoles 01 de junio, en el Congreso de la República se llevaron a cabo dos votaciones cruciales para el exfiscal de la Nación Pedro Chávarry, vinculado al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”. Se aprobó la denuncia constitucional contra Chávarry por los delitos de encubrimiento personal y encubrimiento real. Sin embargo, con 55 votos a favor, 6 abstenciones y 26 en contra, no se alcanzaron los 66 votos necesarios para inhabilitar para ejercer cargos públicos durante 10 años al exfiscal.  Esta medida había sido propuesta por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, por presuntamente haber obstaculizado las investigaciones del fiscal José Domingo Pérez contra Keiko Fujimori en el Caso Cócteles por el delito de lavado de activos,

Enfoque Semanal del 9 al 15 de mayo

1. Congreso aprueba inhabilitar a Martín Vizcarra de la función pública El Congreso de la República aprobó con 67 votos a favor, 5 en contra y 15 abstenciones, el informe que recomendaba la inhabilitación del ex presidente Martín Vizcarra. Así, cabe enfatizar que su suspensión se fundamenta en la infracción al artículo 126 de la Constitución Política del Perú durante el ejercicio de sus funciones como ministro de Transportes y Comunicaciones entre los años 2016 y 2017   Ahora bien, el ex mandatario ya había sido inhabilitado por 10 años debido al caso “Vacunagate”, en el cual, tras la pandemia del COVID-19, diversos funcionarios públicos de inocularon irregularmente la vacuna adquirida por el Estado.  Fuentes: https://www.tc.gob.pe/institucional/notas-de-prensa/tc-declara-inconstitucional-ley-de-contrato-administrativo-de-servicios-cas/  https://larepublica.pe/politica/2022/05/11/martin-vizcarra-congreso-aprueba-inhabilitarlo-por-5-anos-mas-de-la-funcion-publica/ 2. Miguel Romero asumió

Editorial | ¿Corresponde la pensión vitalicia a Manuel Merino?

Por Enfoque Derecho Introducción Hace unas semanas se difundió la noticia sobre los pedidos realizados por los excongresistas y expresidentes interinos de la República, Manuel Merino y Francisco Sagasti. Ambos solicitaron mediante oficio ante el Congreso que se les otorgue la pensión vitalicia para expresidentes. Por un lado, Manuel Merino de Lama oficializó su pedido el 8 de septiembre, donde citó la Ley 26519 para sustentar el mismo. Por su parte, Sagasti oficializó su pedido el 26 de julio. Ahora, ambas solicitudes deberán ser evaluadas por la oficina de asesoría jurídica del Congreso.[1] Ante dichas noticias se han suscitado distintas posiciones sobre si corresponde aprobar los pedidos o en todo caso rechazarlos. En el presente editorial, Enfoque Derecho busca responder

Infografía | Diferencias entre antejuicio y juicio político

– Infografía – ¿Conoces cuáles son las diferencias entre el antejuicio y el juicio político? En la presente infografía, Enfoque Derecho te explica las principales diferencias entre el antejuicio y juicio político como los sujetos involucrados, la materia y las sanciones. ¿Sabías que una de las sanciones del juicio político es la inhabilitación hasta de 10 años para ejercer cargos públicos? #juiciopolítico #antejuicio #altosfuncionarios #Congreso #constitución #enfoquederecho

La inhabilitación perpetua para funcionarios corruptos: una visión penal y laboral

Por Carlos Valverde Reyes y Uber López Montreuil, estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. En el marco de la delegación de facultades legislativas al Ejecutivo, el 22 de octubre, se publicó el Decreto Legislativo N° 1243[1]. Entre su ámbito de regulación estuvo modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal. ¿La razón? Crear un Registro Único de Condenados Inhabilitados, ampliar el período de duración de la pena de inhabilitación e introducir la inhabilitación perpetua por la comisión de delitos contra la administración pública[2]. La muerte civil es una figura jurídica que considera muerta a una persona viva, en base a ciertas circunstancias, en cuanto al goce de derechos civiles, dentro