MTC

Reflexiones sobre el Apéndice II, artículo 5 del Reglamento de Arbitraje de la CCI y los riesgos de su aplicación en sede judicial peruana

Por Erick Milder Ayón Camarena, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la Maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por la misma casa de estudios y en Arbitraje Internacional e Inversiones en la Universidad del Pacífico. Actualmente forma parte del equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El Reglamento de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI) se ha consolidado como el referente más influyente en la práctica arbitral contemporánea, al punto de ser considerado el estándar de excelencia para la resolución de disputas complejas y transnacionales. Esta posición se ve respaldada por una

¿Qué esconden algunos laudos detrás de las apariencias? La motivación aparente como causal de anulación de laudo. Vigencia de la impugnación del laudo arbitral por motivación aparente

Por Esteban Quispe Ricaldi, Abogado de la Procuraduría Pública del MTC I. Introducción La razón fundamental para abordar la problemática de las anulaciones de laudos arbitrales cuando las Salas Comerciales detectan la causal de motivación aparente se debe a que, a pesar del desarrollo del arbitraje en los últimos años en nuestro país, todavía se observa la emisión de laudos que vulneran gravemente el derecho de las partes a un laudo motivado. En efecto, desde mi experiencia como abogado del área arbitral de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones he comprobado que algunos laudos emitidos en arbitrajes de concesiones se elaboran y notifican sin pronunciamiento sobre los argumentos o las alegaciones más relevantes de las partes, incurriendo

Justos pagan por pecadores: Las restricciones al uso de motocicletas impuestas por el Estado peruano

Por Enfoque Derecho Introducción La inseguridad ciudadana es un problema estructural que adolece el Perú desde hace casi 30 años. Con la caída del terrorismo en los años 90´s, se pensó que este escenario de inseguridad que aquejaba a la sociedad peruana había sido superado. Sin embargo, con el término de este episodio en la historia del país, un nuevo fenómeno estaba gestándose en el periodo pos-terrorismo: la violencia delincuencial.[1] Este fenómeno planteó nuevos retos para la política de seguridad del país, ya que su eje central no sería más la subversión, que posee ciertas características que la hacen identificable, sino la delincuencia común que no obedece a criterios organizacionales ni a bases ideológicas profundas, lo que dificulta la elaboración de

Arbitraje de Emergencia y Auxilio Judicial: Una Problemática por resolver.

Por Renzo Hurtado Campos,   abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, candidato a magister en Derecho Procesal en la misma la misma casa de estudios. Con especialización en Derecho Procesal, Arbitraje en Contrataciones con el Estado y Derecho Administrativo por la Pontificia Universidad Católica del Perú.  Actualmente, forma parte del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones Introducción El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de controversias heterocompositivo; en donde las partes en virtud de la autonomía de la voluntad renuncian a recurrir a los fueros ordinarios para designar a un tercero imparcial (árbitro único o tribunal arbitral) que va a resolver de forma definitiva la controversia puesta en su conocimiento.

Cosa Juzgada Arbitral: Entre la Autoridad de lo Decidido y el Riesgo de su Desconocimiento

Por Erick Milder Ayón Camarena, abogado por la Universidad de San Martín de Porres, egresado de la Maestría en Derecho Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por la misma casa de estudios y en Arbitraje Internacional e Inversiones en la Universidad del Pacífico. Actualmente forma parte del equipo de arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Como bien sostuvo la ex magistrada del Tribunal Constitucional en el contexto del estudio sobre la actividad arbitral en el Perú que: “donde hay cosa juzgada hay jurisdicción” (Ledesma Narvaez, 2014). Esta afirmación no solo encierra una verdad jurídica profunda, sino que nos permite subrayar, desde el inicio,

El deber de denuncia de los árbitros y la confidencialidad en arbitrajes con el Estado

Por David Ortiz Gaspar, Procurador Público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), encargado de liderar la defensa jurídica del Estado en arbitrajes de alto impacto, máster en Arbitraje Comercial e Inversiones y con especializaciones en Arbitraje, Derecho de la Construcción y Gestión de Contrataciones Públicas. A modo de introducción El tema de este artículo tomó forma en noviembre del año pasado, durante el Congreso Internacional de Arbitraje celebrado en Asunción, Paraguay, organizado por la Procuraduría General de la República del Paraguay y la Asociación Latinoamericana de Abogacías y Procuradurías del Estado (ALAP). En dicho evento, tuve el honor de participar en la mesa “Corrupción y Arbitraje”, junto a los doctores Mario Camacho Lazarte y Jean Paul Dechamps. La discusión

A propósito de los nuevos límites de velocidad: ¿cuándo una regulación está destinada al fracaso?

Por Diego Alonso Gutiérrez Asencios, especialista en regulación y competencia por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, asesor legal en el Congreso de la República El pasado 15 de agosto empezó la fiscalización del Decreto Supremo N° 025-2021-MTC, que estableció los nuevos límites de velocidad aplicables y las multas correspondientes para los infractores. Este cambio en el control de las velocidades ha sido objeto de escarnio público por sus nuevos límites: el límite máximo en avenidas pasa de 60 km/h a 50 km/h y en calles/jirones pasa de 40 km/h a 30 km/h. Además, esta “fabulosa” norma dispone sanciones pecuniarias con el pago de multas que pueden llegar hasta 2300 soles

¿Territorios de incertidumbre? Impacto de la Ley N° 28703 en la formalización de la propiedad de predios de la Ciudad Pachacútec, Ventanilla- Callao

Por: Hilary Vega, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho América Latina es uno de los territorios más urbanizados en el mundo, pues el 80 % de su población vive en ciudades (Avina 2017: 15). Empero, todavía existen poblaciones que viven en condiciones precarias como el caso de las periferias norte de Lima, Perú, que concentran los asentamientos humanos, lotizaciones informales, autoconstrucciones que carecen de servicios. Entre estas, se encuentra la Ciudad Pachacútec, también llamada Proyecto Especial Ciudad Pachacútec (PECP en adelante), en el distrito de Ventanilla. Fue creada en 1988, a través del Decreto Supremo N° 010-88-VC, dada la acelerada migración del campo hacia las

¿Los nuevos límites de velocidad conllevan a alguna solución o solo promueven actos de corrupción?

“Hecha la ley echa la trampa” Por Aaron Aleman Yactayo, abogado por la PUCP y  abogado penalista del Estudio Jurídico Arbizu & Gamarra. Se desempeña como asesor y consultor especializado en Delitos Contra la Administración Pública y delitos económicos. Miembro del Blog de Discusiones de Justicia Penal en el Portal Jurídico Enfoque Derecho adscrita a la Revista Themis PUCP. El contrato social en el cual nos vemos inmersos los ciudadanos en relación con el Estado, conlleva a que este último al momento de limitar y/o restringir nuestros derechos expida dispositivos legales (normas) que estén plenamente justificadas en función al objetivo específico y concreto a perseguirse de conformidad con la realidad de nuestro país, teniéndose que implementar e informar una estrategia

Paro de transportistas continúa en diversas regiones del Perú

Por Enfoque Derecho Paro nacional de transportistas Este lunes 4 de julio menos del 25 % del gremio de transportistas de Perú acató un nuevo paro nacional. Más de 10.000 vehículos apagaron sus motores durante el paro nacional de transportistas a nivel nacional. En los últimos días se llevaron a cabo conversaciones entre distintos gremios de transporte y autoridades del Poder Ejecutivo; sin embargo, no se llegó a un acuerdo. No obstante, la noche del lunes se logró un acuerdo entre transportistas y Ejecutivo donde se establecieron algunas acciones que el Gobierno deberá ejecutar para evitar futuras protestas. Entre estas se encuentran el rescate financiero a los gremios, la estabilidad jurídica y la erradicación de la informalidad. Así, la Unión Multimodal