«No se trata de una aplicación general del principio de la norma más favorable, sino de una remisión normativa específica, condicionada a la existencia de un vacío regulatorio y a la favorabilidad objetiva de la disposición que se pretenda aplicar».
Francisco Ernesto López Ortiz, Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, y Licenciado en Letras con mención en Economía, Derecho, Política y Filosofía por la Universidad de Arizona. Introducción En el ámbito de las contrataciones con el Estado, las solicitudes de ampliación de plazo constituyen uno de los elementos más sensibles entre el contratista y la Administración Pública, no solo por las consecuencias económicas y operativas que se derivan de su aprobación o rechazo, sino porque su evaluación exige ponderar eventos, pruebas y conductas. Su fundamento es claro, quien actúa con la diligencia debida no debe soportar las consecuencias de un incumplimiento tardío cuya causa no le es atribuible. Así lo recogen los artículos 1314 a 1317 del Código
«La modificación introducida al numeral 33.8 del artículo 33 del RLGP resulta importante para la configuración de la caducidad del permiso de pesca como mecanismo de control sobre el aprovechamiento de los recursos hidrobiológicos, particularmente en pesquerías de acceso restringido, al permitir que la evaluación de la actividad extractiva se realice de manera individual respecto de cada recurso autorizado. Ello implica que los administrados podrían perder parcialmente la vigencia de sus permisos de pesca y, con ello, el acceso a determinadas pesquerías, aun cuando mantengan actividad extractiva sobre otros recursos hidrobiológicos».
«Si (i) el plazo para presentar la solicitud de ampliación de plazo y (ii) la cantidad de días que se debe ampliar el plazo contractual se supeditan a las fechas de inicio y término del hecho generador —como hacen las Entidades e inclusive el mismo numeral 142.3 del artículo 142 del Reglamento—, podemos obtener resultados irrazonables y hasta perjudiciales no solo para el contratista, sino también para la Entidad. En mi opinión, esto se puede evitar si en lugar de enfocarse en el hecho generador, se presta atención a la demora efectiva que este produce en la entrega de los bienes».
Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio, miembro del Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad San Martín de Porres y actualmente abogada de la Oficina de Asesoría Legal del Programa Nacional de Telecomunicaciones del MTC. Para mejorar el clima de los negocios de un país, así como elevar los niveles de competitividad, resulta clave que se pueda repensar los esquemas actuales sobre la actuación de la administración pública en la atención, evaluación y el otorgamiento de permisos o autorizaciones, cuando estos vienen acompañados de excesivo formalismo, rigidez, y aspectos de alta complejidad. Ya que esto último, no contribuye a
Por Alberto Francisco Defilippi Estrada, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur SUMILLA Este trabajo parte de realizar un desarrollo de la actuación de la Administración Pública bajo el cumplimiento que considero importantes como son el de Legalidad y Celeridad. Además, cuestiona la secuencia de actos que permite al individuo participar de un proceso administrativo y que este cuente con legitimidad procesal para la seguridad jurídica que sirve como garantía a un debido proceso, informando oportunamente al ciudadano sobre el contenido legal y a su vez limitando el ejercicio de las autoridades públicas. INTRODUCCIÓN A lo largo de estos años se busca impulsar una nueva visión de la simplificación administrativa, con la finalidad de orientar a eliminar las trabas y
Por Juan Carlos Ruiz Del Pozo. Abogado por la Universidad ESAN y consultor en Migración Corporativa en Fragomen, Del Rey, Bernsen & Loewy. I. INTRODUCCIÓN A inicios del mes de febrero de 2021, el congresista Hipólito Chaiña Contreras, integrante del Grupo Parlamentario “Nueva Constitución”, presentó el Proyecto de Ley Nº 7028/2020-CR[1], denominado “Proyecto de ley que establece la expulsión inmediata de extranjeros que se encuentren indocumentados, cometan faltas y delitos; y medidas para el ingreso de nacionales procedentes de Venezuela”. Dicho Proyecto fue ampliamente compartido y, a la fecha, se han presentado proyectos adicionales y a su vez varios candidatos presidenciales hacen eco de la necesidad de adoptar medidas similares frente a los inmigrantes en Perú. De acuerdo con
Mg. Gilberto Mendoza del Maestro. Profesor ordinario de la facultad de Derecho de la PUCP. Coordinador del Observatorio Inmobiliario Mercantil. Miembro del Grupo de Investigación de la Universidad Carlos III de Madrid – DERINRE. Brenda Clemente Inga. Alumna de la Facultad de Derecho de la PUCP, asociada del Círculo de Derecho Administrativo (CDA). El régimen de cierre de partidas es un procedimiento especial regulado en el Reglamento General de los Registros Públicos, toda vez que la inscripción sobre un mismo predio no puede reflejarse en 2 partidas distintas que contengan derechos que sean incompatibles, por lo que se han dado una serie de reglas como la prevalencia en el registro de aquella partida que sea la más antigua. Un registro
Mesa redonda entre Jairo Cieza, Socio Principal en Cieza Abogados, Marcela Huaita, ex ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y docente de Derecho de Familia en la Pontificia Universidad Católica del Perú, y Frahn Medina, Abogado por la Universidad Nacional de San Agustin, forma parte de la Red Latinoamericana de Litigantes LGTBI, formada en Bogotá, Colombia. A propósito de la sentencia del Tercer Juzgado Constitucional Transitorio de la Corte Superior de Lima, la cual exige a la RENIEC la implementación de un procedimiento administrativo que permita a las personas trans e intersex el cambio de nombre, sexo e imagen en su respectivo DNI, Enfoque Derecho conversó con Jairo Cieza, Marcela Huaita y Frahn Medina, especialistas en la materia. ED:
Por Dante García Briceño, abogado por la Universidad de Piura, y magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Piura I. INTRODUCCIÓN El presente artículo trata sobre el procedimiento administrativo sancionador en el derecho migratorio peruano, de manera concreta, cómo el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General N° 27444 (en adelante LPAG) aprobada mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS (en adelante D.S N° 004-2019-JUS) sanciona a las aerolíneas por transportar pasajeros extranjeros sin contar con el documento de viaje exigido por la norma migratoria para ingresar al país, como lo es la visa, así como, cuando la visa ha caducado; infringiendo lo regulado en la Ley de Migraciones que es el Decreto Legislativo N° 1350 (en
