abril 2020

La tributación personal y las propuestas para gravar (solidariamente) la riqueza, frente al COVID 19

Luis Miguel Sánchez Bao, asociado de Miranda & Amado Desde las últimas semanas estamos viviendo quizás las horas más difíciles de nuestra historia moderna. La pandemia del COVID-19 llegó a un Perú políticamente convulsionado, económicamente estable y, lamentablemente, con instituciones sociales “endebles”[1]. Avanzada la crisis y, con ello, el estado de emergencia, el Gobierno implementó un plan de apoyo económico sin precedentes a favor de las familias y empresas afectadas. Este plan incluyó, entre otros, programas de financiamiento como Reactiva Perú, el endeudamiento internacional a través de la emisión de deuda pública y la entrega directa de subsidios dinerarios a los más necesitados. En materia tributaria, el Gobierno implementó diversas medidas e incentivos[2] que han permitido atenuar el impacto de

Arbitraje en cuarentena: la importancia de la flexibilidad

Por Darío Rodríguez, exdirector de Enfoque Derecho y alumno de la Facultad de Derecho de la PUCP. El 2020 ha sido un año que definitivamente será recordado para la posteridad. La presencia de una peligrosa pandemia ha obligado a muchos Estados, incluyendo al Perú, a decretar el aislamiento obligatorio de la población, y ha obligado a la sociedad a cambiar radicalmente sus hábitos y costumbres. Asimismo, como producto de la cuarentena, muchas actividades de la vida económica han sido suspendidas, incluyendo, por supuesto, los servicios de administración de justicia. El Poder Judicial ha sido paralizado, en su gran mayoría, y muchos de los procesos judiciales tendrán que esperar hasta que se levante el aislamiento para seguir su curso. Ante este

Los beneficios penitenciarios y su relevancia en tiempos de COVID-19

Por Carolina Rodríguez, profesora de la Facultad de Derecho de la PUCP y miembro del Grupo de investigación y estudio de Derecho Penal y Criminología de la PUCP Uno de los temas que definitivamente ha tomado fuerza en las últimas semanas como consecuencia de esta pandemia, es aquel referido a la liberación de internas e internos de los centros penitenciarios del país a efectos de evitar su contagio por coronavirus durante su estancia en prisión. Ello, debido a que el Estado no se encuentra en capacidad de garantizar la salud de la población penitenciaria en cualquiera de los dos siguientes escenarios. El primero consiste en evitar un posible contagio entre internos a través del uso de medidas de protección sanitarias

COVID-19: Cómo las contrataciones públicas son una herramienta fundamental para atender la pandemia en nuestro país

Milagros Mendoza Alegre, Asociada Principal en Rubio Leguia Normand 1. Contexto Con fecha 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud calificó el brote del COVID-19 como una pandemia mundial, considerando que se trata de una enfermedad que se ha presentado en más de 100 países con las siguientes características: Se trata de un virus nuevo, no existe población inmune a él. El virus puede producir casos graves de enfermedad y se contagia fácilmente. Ese mismo día, en cumplimiento del literal e) del artículo 6 del Decreto Legislativo N° 1156, el Ministerio de Salud publicó el Decreto Supremo N° 008-2020-SA, que declara Emergencia Sanitaria a nivel nacional por el plazo de 90 días calendario. Dentro de las disposiciones que establecía dicho

Poder Judicial revoca prisión preventiva de Keiko Fujimori

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional Permanente Especializada en Crimen Organizado decidió revocar el mandato de prisión preventiva de 15 meses interpuesto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.  La sala decidió otorgar, en su lugar, comparecencia restringida a la ex candidata presidencial, por lo que saldrá en libertad bajo ciertas normas de conducta, las cuales incluyen no ausentarse de la ciudad de su domicilio y comparecer -cada 30 días- en la Oficina de Registro y Control Biométrico, no comunicarse con sus coimputados, testigos u otros órganos de prueba y realizar el pago de la caución económica de setenta mil soles en cinco días hábiles. De no cumplir con estas condiciones, se revocará la comparecencia por prisión preventiva,

Entrevista a Fernando Tuesta | Escenarios de las Elecciones Generales del 2021

A raíz de los cambios sociales, económicos y políticos que ha demandado la lucha contra la pandemia del COVID-19, Valeria Aguado y Adriana Chávez, estudiantes de la Facultad de Derecho de la PUCP e integrantes del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, conversaron con Fernando Tuesta, politólogo y expresidente de la Comisión de Alto Nivel de la Reforma Política, sobre los posibles escenarios de las Elecciones Generales del 2021. ED: Dada la coyuntura actual, ¿resultaría posible postergar las Elecciones Generales del 2021? FT: No, es muy pronto para tomar una decisión tan drástica. Lo que se debe asegurar es la fecha del cambio de mando que es el 28 de julio del próximo año, entonces creo que dada las circunstancias sí

Caso Lamsac

Fuente de imagen: Andina INFOGRAFÍA elaborada por el Grupo Hi5 compuesto por Fabiola Yamille Requena Vidal, Marlitt Brunela Hilario Minaya, Alexandra Aguirre Sumarriva, Valeria Lizbeth Chavez Burga y Tatiana María Aguila de la Puente para el curso Instituciones del Derecho Privado 2 a cargo del profesor José Carlos Fernández Salas. Se encuentra en curso un proceso de arbitraje internacional que mantiene la Municipalidad Metropolitana de Lima bajo la dirección del alcalde Jorge Muñoz con la compañía Lamsac. El objeto de dicha controversia es el incremento que se vino dando en los últimos años en la tarifa del peaje en la autopista Línea Amarilla. Sin embargo, lo que también se viene investigando en los últimos años es la forma en que

Regulación laboral del grupo de riesgo y alcances

Miriam Huaccha, Abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, egresada de la Maestría de Derecho del Trabajo de la Universidad San Martín de Porres, con estudios especializados en derecho laboral realizados en la PUCP y la Universidad ESAN. Se ha desempeñado como asesora de la Dirección General de Trabajo y la Sub Dirección de Defensa Gratuita y Asesoría del Trabajador del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo por el periodo 2011-2019. Actualmente, es asesora de organizaciones sindicales de trabajadores y empresas. Las normas emitidas por el Gobierno en el marco del estado de emergencia nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, en el ámbito laboral, han fluctuado desde el escenario más protector hasta el autosostenimiento del trabajador en función

Especial del Sistema Penitenciario | Cárceles productivas y reinserción social

Marco León Tomasto, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Máster en Criminal Compliance por la Universidad Castilla-La Mancha (España). Maestrando en Derecho Penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. I. Estado de la cuestión Hasta finales del siglo XVI, la prisión importaba un lugar de retención a los sujetos que habían sido hallados culpables por la comisión de un delito o para aquellos que esperaban un juzgamiento. Esta cárcel de custodia tenía como principal finalidad el aislamiento o separación social. Para ello, las acciones estatales se dirigían, en puridad, a contener y a guardar a los reos en monasterios, casas de trabajo[1] o de corrección[2], construcciones cerradas en aras de asegurar su confinamiento. Esta práctica, evidentemente, ignoraba

La educación en tiempos de COVID-19

La educación es un pilar de la sociedad al que nuestros gobiernos, históricamente, han dejado de lado. El desentendimiento por parte del Estado de fomentar una educación de calidad produjo un florecimiento abismal de colegios, institutos y universidades de carácter privado, destinadas a cubrir la demanda de padres de familia y estudiantes que buscaban la mejor educación posible. La mercantilización de la educación escolar produjo que, en 2019, de los 7 mil colegios que existían en Lima Metropolitana, más de 5 mil fuesen privados[1]. Por otro lado, el crecimiento exponencial de universidades privadas dio pie a una reforma universitaria que desembocó en la creación de la SUNEDU, entidad administrativa destinada a garantizar el derecho a una educación superior de calidad.