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El proyecto de ley 6951/2023-cr como antinomia al ordenamiento jurídico peruano

Autor Invitado 21 febrero, 2024 11:45

Por Juan Manuel Rosas Caro, Miembro principal del Taller de ciencias penales de San Marcos y Asistente legal en el estudio Ugaz Zegarra. El proyecto de ley 6951/2023-CR, denominado “Rospigliosi-cueto”, busca establecer un preocupante precedente con respecto al uso del calificativo “de lesa humanidad” en causas penales previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en territorio peruano, o sea previo al 1 de julio de 2002. Este proyecto señala, además, que la suscripción y entrada en vigor de La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, debido a la fecha de suscripción, no debe aplicarse a procesos penales previos a esta fecha, que fue el 09 de noviembre de 2003. Es

La cláusula medioambiental en convenios colectivos de trabajo del sector gran minería: ¿práctica eficaz en nuestro país?

Autor Invitado 15 febrero, 2024 14:18

Por  Danae Valdelomar Martinez y Rocio Mancha Villa, bachiller y estudiante en Derecho por la PUCP, respectivamente Introducción La búsqueda de soluciones para enfrentar los impactos ambientales y combatir la crisis climática es un esfuerzo conjunto y multidisciplinario. En otras palabras, no será suficiente la creación de normativa ambiental, sino que las acciones y políticas privadas pueden equivaler un paso significativo para lograr un desarrollo sostenible en las actividades realizadas día a día. Toda actividad empresarial tiene un impacto en el medio ambiente, lo fundamental es que dichos efectos no sean irreparables para nuestro entorno y no afecten a las generaciones futuras. Por lo tanto, promoviendo el derecho a gozar de un medio ambiente sano (artículo 2, inciso 22 de

Los cambios de criterio en protección del consumidor y el principio de predictibilidad, un vistazo al caso de los televisores

Autor Invitado 9 febrero, 2024 14:22

Por  Sebastián Cortés, abogado titulado por la Universidad de Lima. Especialista en Protección del Consumidor y derecho administrativo. En diciembre de 2023, la Sala de Protección del Consumidor del Indecopi (en adelante, “SPC”) emitió un pronunciamiento modificando el criterio que había adoptado en septiembre del mismo año, en ese sentido, a continuación, desarrollaremos los hechos sucedidos y su repercusión en la Ley del procedimiento administrativo general y en el desenvolvimiento de los administrados. ANÁLISIS DE LOS CASOS: a) PRIMER CASO [1] Fecha de la denuncia: 6 de abril de 2022 Fecha de la resolución: el 27 de setiembre de 2023, Conducta imputada: “no se habría informado a los consumidores respecto a las características de los televisores ofertados, a través de

¿Resulta viable la elaboración de una pericia en la subetapa de las diligencias preliminares?

Autor Invitado 5 febrero, 2024 14:42

Por Silvana Cosentino Corzo y José Miguel Molina Cayo, integrantes del área de Derecho Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Introducción Nuestro Código Procesal Penal delimita diametralmente las etapas del proceso penal. Empezando por la investigación preparatoria dividida en dos fases: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Posteriormente, la etapa intermedia y como última y principal etapa el juicio oral o juzgamiento. Cada una de estas tiene una finalidad claramente establecida por el legislador. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ya casi 20 años desde su promulgación, se han ido deformando y desnaturalizando. Un ejemplo de ello es la tutela de derechos. En el caso del inciso 4) del artículo 71° del Código Procesal Penal se establece

La falta de seguridad en la obtención de antecedentes penales, policiales y judiciales

Autor Invitado 2 febrero, 2024 11:43

Por Sebastián Cortés Abogado titulado por la Universidad de Lima con experiencia en Protección del Consumidor, Propiedad Intelectual, derecho digital, derecho administrativo y protección de datos personales. Los certificados de antecedentes penales y judiciales son documentos oficiales emitidos por autoridades nacionales, en los cuales se certifica información sobre procesos judiciales, condenas, ingresos a establecimientos penitenciarios, etc. de personas nacionales o extranjeros. En buena cuenta, el certificado de antecedentes penales, emitido por el Poder Judicial, indica si una persona tiene o ha tenido sentencias condenatorias; mientras que, el certificado de antecedentes judiciales es emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y certifica si estás o has estado recluido en un Establecimiento Penitenciario (interno) o si has realizado trabajos comunitarios impuestos por

Una innecesaria búsqueda de reconocimiento del derecho fundamental a la ciudad, análisis a propósito del proyecto de ley N° 6766/2023-CR

Autor Invitado 31 enero, 2024 12:04

Dario Alcarraz Alejos Estudiante de Derecho de la Universidad San Martín de Porres, con cursos y certificaciones en las áreas de derecho constitucional, procesal constitucional, penal, y procesal penal. El pasado 5 de enero, fue presentado un proyecto de ley que pretende incorporar al catálogo de derechos de la Constitución el derecho a la ciudad[1]. Sumándose, así, a una serie de iniciativas que buscarían actualizar de cierta manera nuestro listado de prerrogativas ius fundamentales, como lo es aquel que busca el reconocimiento de la muerte digna o las determinaciones para el final de la vida, y aquel que pretende incorporar un derecho fundamental a la alimentación adecuada[2]. El derecho a la ciudad es desarrollado, en el proyecto mencionado, como uno

Legislación, imitación y realidad

Autor Invitado 29 enero, 2024 12:28

Por Alonso Núñez del Prado S.*. Abogado y MBA por el College of Insurance de Nueva York. Graduado en la PUCP en literatura y en filosofía, en la que además terminó el Magíster. Este artículo es poco jurídico y más bien filosófico. Pretende ser un llamado a la reflexión. Creo que la alternativa de un “brainstorm” (tormenta de ideas) es válida, sobre todo en estos tiempos de polarización y desorden en todos los ámbitos. En mi modesta opinión, el curso de Filosofía del Derecho –en las facultades de derecho– debería tener por objetivo desarrollar la mentalidad crítica de los alumnos. De tal manera que, empiecen a preguntarse por los fundamentos del sistema jurídico, las leyes y las normas, y así

Los informes psicológicos del CEM y su no valoración e interpretación en las disposiciones de archivos fiscales

Autor Invitado 27 enero, 2024 13:55

Por Kenedy Jhon Fernandez Tello, Abogado, Magister en Gestión Pública, con estudios de Programa de Especialización en Violencia de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) I.- INTRODUCCIÓN La violencia psicológica en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar ha venido en aumento, según bases estadísticas del Programa Aurora, los Centros de Emergencia Mujer, entendida como aquellos servicios públicos, gratuitos y especializados en atenciones desde un enfoque interdisciplinario del área psicológica, social y legal, han recibido durante el año 2023, aproximadamente más de 66199 personas víctimas de este tipo de violencia[1]. Así, se tiene que dentro de las funciones que realizan los profesionales del CEM, es proceder a realizar, si corresponde, la evaluación por parte del

La importancia del cumplimiento del principio de legalidad y celeridad en las actuaciones de la administración pública para optimizar el desarrollo del derecho administrativo y sus necesidades en la sociedad

Autor Invitado 26 enero, 2024 12:03

Por Alberto Francisco Defilippi Estrada, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur SUMILLA Este trabajo parte de realizar un desarrollo de la actuación de la Administración Pública bajo el cumplimiento que considero importantes como son el de Legalidad y Celeridad. Además, cuestiona la secuencia de actos que permite al individuo participar de un proceso administrativo y que este cuente con legitimidad procesal para la seguridad jurídica que sirve como garantía a un debido proceso, informando oportunamente al ciudadano sobre el contenido legal y a su vez limitando el ejercicio de las autoridades públicas. INTRODUCCIÓN A lo largo de estos años se busca impulsar una nueva visión de la simplificación administrativa, con la finalidad de orientar a eliminar las trabas y

¿Se debe archivar el delito de lavado de activos por declararse prescrita la acción penal del hecho precedente?

Autor Invitado 24 enero, 2024 15:55

Por Rudy Santiago Guzmán Fiestas, Maestro en derecho penal por la Pontificia Universidad Católica de Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1. Aproximación a las cuestión En el Acuerdo Plenario 5-2023, del 28 de noviembre del 2023, en su fundamentos 12, se señala que la prescripción extingue el delito:  “12. (…) lo que realmente prescribe es el delito, cuyo desvalor decae, desgastado por la acción del tiempo (…) La prescripción, en suma, no puede afectar a la acción persecutoria sino al delito mismo”. También señala que la prescripción afecta el injusto, conforme los fundamentos 12, 13 y 15: 12. (…) el transcurso del tiempo, como hecho jurídico, tiene entidad para influir en la ilicitud o licitud

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