Autor Invitado

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Bicameralidad: ¿Qué tengo que saber?

Autor Invitado 25 marzo, 2024 12:24

Por  Alberto Varillas, estudiante de octavo ciclo de Derecho en la PUCP y miembro de la comisión de publicaciones de THEMIS El pasado 6 de marzo, el Pleno del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen recaído en los proyectos de ley 660, 724, 792,1044, 1091, y otros, que proponen la reforma constitucional que restablece la bicameralidad en el Parlamento Nacional. En total se han modificado 54 artículos de la Constitución Política del Perú de 1993. Los capítulos que contienen aquellos artículos que vendrían a ser modificados, son los referidos a: Derechos Fundamentales, Función Pública, Tratados, Moneda y Banca, Poder Legislativo, Función Legislativa, Poder Ejecutivo, Consejo de ministros, Relaciones con el Poder Legislativo, Régimen de excepción, Poder Judicial, Junta Nacional

¿Existe diferencia entre la obligación de no ausentarse de la localidad de residencia y el impedimento de salida?

Autor Invitado 18 marzo, 2024 11:30

Por Robert Milton Velasque Rodas, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, master con mención en derecho penal y procesal penal y asistente legal en el estudio jurídico Córdova & Asociados. Introducción: El Código Procesal penal del 2004 (CPP) regula, como medidas coercitivas de naturaleza personal, la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia (simple y restringida), la detención domiciliaria, la internación preventiva, el impedimento de salida y la suspensión preventiva de derechos. Estos se materializan en resoluciones judiciales, debidamente motivadas, en el marco de un proceso penal, con el objetivo principal de asegurar la celebración de la etapa estelar del proceso penal y consecuentemente la sentencia. Así,  el artículo 253 del CPP señala

Las materias arbitrables a propósito de la película «The Arbitration»

Autor Invitado 13 marzo, 2024 11:55

Por Alejandro Limo Nomura, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú 1. Introducción El art. 2.1 del Decreto Legislativo N° 1071 (en adelante, Ley de Arbitraje) dice que “pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho, así como aquellas que la ley o los tratados o acuerdos internacionales autoricen”. Este artículo busca profundizar en cuanto a qué puede ser resuelto o no en un arbitraje. Si bien este no es un tema del que no se haya escrito antes, he decidido redactar este artículo debido a que, luego de ver “The Arbitration”, una película nigeriana del 2016 dirigida por Niyi Akinmolayan; llamó bastante mi atención el hecho de

La condición menos favorable en el procedimiento sancionador de la Dicapi

Autor Invitado 12 marzo, 2024 13:55

Por Bruno Ramos Huaytalla, Abogado por la Universidad Científica del Sur y abogado del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. El 21 de diciembre de 2016, la Ley de Procedimiento Administrativo General (“LPAG”) fue modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1272. A partir de esta modificación, se estableció en el numeral 2 del artículo II, título preliminar, que la LPAG contiene normas comunes aplicables a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. Estos procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en dicho texto normativo. Actualmente, las normas comunes del procedimiento administrativo contenidas en la LPAG deben prevalecer necesariamente respecto de las normas de procedimientos especiales[1]. El hecho que

¿Cuándo se configura la infracción de entrega deliberada de información falsa en materia pesquera? A propósito de la sentencia de vista – expediente N° 06471-2021

Autor Invitado 11 marzo, 2024 11:55

Por Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur. Forma parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; y Rolando García Castillo, Abogado por la Universidad Científica del Sur. Actualmente cursa la Maestría en Solución de Conflictos en la Universidad San Martin Porres. Socio de Edam abogados. Las empresas pesqueras tienen el deber de cumplir con entregar la información que sea requerida por los fiscalizadores autorizados por el Ministerio de la Producción. El incumplimiento de dicho deber es pasible de configurar una infracción administrativa. Evidentemente la información entregada debe ser veraz. Anteriormente, el numeral 102 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca (RLGP) establecía como infracción: “Entrega deliberada de información falsa, el ocultamiento, destrucción

El proyecto de ley 6951/2023-cr como antinomia al ordenamiento jurídico peruano

Autor Invitado 21 febrero, 2024 11:45

Por Juan Manuel Rosas Caro, Miembro principal del Taller de ciencias penales de San Marcos y Asistente legal en el estudio Ugaz Zegarra. El proyecto de ley 6951/2023-CR, denominado “Rospigliosi-cueto”, busca establecer un preocupante precedente con respecto al uso del calificativo “de lesa humanidad” en causas penales previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en territorio peruano, o sea previo al 1 de julio de 2002. Este proyecto señala, además, que la suscripción y entrada en vigor de La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, debido a la fecha de suscripción, no debe aplicarse a procesos penales previos a esta fecha, que fue el 09 de noviembre de 2003. Es

La cláusula medioambiental en convenios colectivos de trabajo del sector gran minería: ¿práctica eficaz en nuestro país?

Autor Invitado 15 febrero, 2024 14:18

Por  Danae Valdelomar Martinez y Rocio Mancha Villa, bachiller y estudiante en Derecho por la PUCP, respectivamente Introducción La búsqueda de soluciones para enfrentar los impactos ambientales y combatir la crisis climática es un esfuerzo conjunto y multidisciplinario. En otras palabras, no será suficiente la creación de normativa ambiental, sino que las acciones y políticas privadas pueden equivaler un paso significativo para lograr un desarrollo sostenible en las actividades realizadas día a día. Toda actividad empresarial tiene un impacto en el medio ambiente, lo fundamental es que dichos efectos no sean irreparables para nuestro entorno y no afecten a las generaciones futuras. Por lo tanto, promoviendo el derecho a gozar de un medio ambiente sano (artículo 2, inciso 22 de

Los cambios de criterio en protección del consumidor y el principio de predictibilidad, un vistazo al caso de los televisores

Autor Invitado 9 febrero, 2024 14:22

Por  Sebastián Cortés, abogado titulado por la Universidad de Lima. Especialista en Protección del Consumidor y derecho administrativo. En diciembre de 2023, la Sala de Protección del Consumidor del Indecopi (en adelante, “SPC”) emitió un pronunciamiento modificando el criterio que había adoptado en septiembre del mismo año, en ese sentido, a continuación, desarrollaremos los hechos sucedidos y su repercusión en la Ley del procedimiento administrativo general y en el desenvolvimiento de los administrados. ANÁLISIS DE LOS CASOS: a) PRIMER CASO [1] Fecha de la denuncia: 6 de abril de 2022 Fecha de la resolución: el 27 de setiembre de 2023, Conducta imputada: “no se habría informado a los consumidores respecto a las características de los televisores ofertados, a través de

¿Resulta viable la elaboración de una pericia en la subetapa de las diligencias preliminares?

Autor Invitado 5 febrero, 2024 14:42

Por Silvana Cosentino Corzo y José Miguel Molina Cayo, integrantes del área de Derecho Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Introducción Nuestro Código Procesal Penal delimita diametralmente las etapas del proceso penal. Empezando por la investigación preparatoria dividida en dos fases: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Posteriormente, la etapa intermedia y como última y principal etapa el juicio oral o juzgamiento. Cada una de estas tiene una finalidad claramente establecida por el legislador. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ya casi 20 años desde su promulgación, se han ido deformando y desnaturalizando. Un ejemplo de ello es la tutela de derechos. En el caso del inciso 4) del artículo 71° del Código Procesal Penal se establece

La falta de seguridad en la obtención de antecedentes penales, policiales y judiciales

Autor Invitado 2 febrero, 2024 11:43

Por Sebastián Cortés Abogado titulado por la Universidad de Lima con experiencia en Protección del Consumidor, Propiedad Intelectual, derecho digital, derecho administrativo y protección de datos personales. Los certificados de antecedentes penales y judiciales son documentos oficiales emitidos por autoridades nacionales, en los cuales se certifica información sobre procesos judiciales, condenas, ingresos a establecimientos penitenciarios, etc. de personas nacionales o extranjeros. En buena cuenta, el certificado de antecedentes penales, emitido por el Poder Judicial, indica si una persona tiene o ha tenido sentencias condenatorias; mientras que, el certificado de antecedentes judiciales es emitido por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y certifica si estás o has estado recluido en un Establecimiento Penitenciario (interno) o si has realizado trabajos comunitarios impuestos por

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I Simposio de Derecho Penal – THĒMIS

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