Autor Invitado

Las opiniones expresadas en este artículo son responsabilidad exclusiva de los autores y no representan necesariamente la posición oficial del portal web EnfoqueDerecho.com

¿Cuál es el alcance de la autonomía del delito de lavado de activos en el proceso penal?

Por Amaury Sebastián Muñoz Laos Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente de cátedra de Derecho Penal I (Parte General) y Derecho Penal III (Parte Especial II) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador académico del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales. El delito de lavado de activos y su autonomía sustantiva El delito de lavado de activos se encuentra tipificado penalmente en virtud del Decreto Legislativo N.º 1106, el cual lleva por título Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. En su artículo 10, este dispositivo jurídico expresa: «Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria El lavado

¿Es posible la apelación por denegatoria ficta en procedimientos de protección al consumidor ante el INDECOPI?

Por Diego Alonso Arpasi Quispe, abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa con Segunda Especialidad en Derecho de Protección al Consumidor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y cursando la Maestría de Propiedad Intelectual y Competencia en la misma casa de estudios.  INTRODUCCIÓN En el presente artículo se desarrolla una figura jurídica contemplada en el T.U.O. de la Ley 27444, Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, LPAG), la cual puede ser aplicada en cualquier procedimiento que se presente ante la Administración Pública. De esta forma, el Indecopi, mediante sus Órganos Resolutivos, tiene que aplicar las normas específicas tales como la Ley 29571, Ley de Protección y Defensa al Consumidor (en adelante, CDPC); la Directiva 001-2021-COD-INDECOPI,

¿Y si conciliamos? Una disyuntiva de hacer o no hacer: Un análisis de los factores que limitan el uso de la figura conciliatoria en el Perú

Por Anthony Peralta Delgado, Bachiller en Derecho por la UPC y asistente legal en el Estudio Castro Tovar & Asociados. INTRODUCCIÓN La conciliación es un mecanismo alternativo de resolución de controversias de carácter autocompositivo, mediante el cual las partes de un determinado conflicto buscan resolver su controversia de manera rápida, económica y eficiente. En nuestro país, dicho mecanismo se encuentra regulado por la Ley 26782, la cual establece los requisitos, formalidades y características del proceso conciliatorio. Dentro de ellas se destaca en primer lugar, que cualquier parte puede invitar a conciliar a su similar en la controversia. También resalta la celeridad en el proceso, pues según la aludida ley, este no suele tomar más de 30 días calendario, contados a

Problemas probatorios en la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea

Por Ángel Sebastián Bravo Morales, Asociado extraordinario de la Asociación Civil Themis y miembro del Equipo de Derecho Mercantil. Las aplicaciones de mensajería instantánea han revolucionado la manera en que nos comunicamos, permitiendo conectar con otros usuarios de manera rápida sin importar en donde se encuentren. Plataformas cómo WhatsApp, Messenger y Telegram se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas, facilitando conversaciones personales e incluso compartiendo información sensible. Claramente, ello implica problemas en el ámbito legal y específicamente en temas probatorios ante sedes judiciales. Es por lo anterior, que es preciso analizarlas con detenimiento para resaltar porque debe considerarse la utilización de las pruebas obtenidas de estos ámbitos sólo hasta cierto punto y bajo ciertos parámetros. Previo a ello, es

El rechazo de plano de la querella: El estándar de motivación requerido al Juez penal y la salvaguarda del derecho a la Tutela jurisdiccional efectiva

Por Joan Manuel Álvarez Porras, Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú y tesista por la misma casa de estudios. Miembro del área de Defensa Legal del Instituto de Defensa Legal – IDL. Correo de contacto: joan.alvarez@pucp.edu.pe. Estado de la cuestión El Derecho penal, en virtud del principio de exclusiva protección de bienes jurídicos, protege entre todos ellos al honor, respecto del cual el Código penal (en adelante, “C.P.”) ha previsto como delitos que atentan contra el mismo a los delitos de injuria, calumnia y difamación. Estos delitos no podrán ser denunciados ante el Ministerio Público como habitualmente se suele hacer, debido a que su naturaleza corresponde a la de delitos de “acción privada”; es decir, no

Tema del traidor y del héroe: breve defensa de la teoría de la “denegación fáctica”

Por Juan Carlos Jara Castro, Alumno del último año de la Facultad de Derecho de la PUCP. Asistente de docencia de Derecho Procesal Constitucional en la UNMSM.    [E]l juez de un ordenamiento democrático no puede equipararse a una máquina calculadora, en la que basta apretar un botón para obtener el talón con la suma exacta, sino que debe tener una conciencia humana, totalmente dedicada a la difícil misión de hacer justicia. Piero Calamandrei, Independencia y sentido de responsabilidad del juez Tema del traidor y del héroe[1] narra la historia de Fergus Kilpatrick, heroico capitán del ejército irlandés, muerto misteriosamente en un teatro en vísperas de la rebelión contra los ingleses. La historia de Kilpatrick la conocemos a través de

El impacto del tráfico de influencias en nuestra sociedad

Por Cristhian Michael Huamán Liza, Estudiante del 5to ciclo de Derecho en la Universidad César Vallejo, Gerente fundador en Círculo de Estudios «Derecho en Línea» y Parlamentario Joven del Congreso de la República – Región Amazonas 2022 y 2023. Introducción El tráfico de influencias es un delito que atenta contra la correcta administración pública, la imparcialidad, la objetividad y la independencia de los funcionarios y servidores públicos, donde consiste en ofrecer o recibir algún beneficio para interceder o influir ante un funcionario o servidor público que tenga a su cargo un caso judicial o administrativo, invocando o teniendo influencias reales o simuladas, este delito se encuentra tipificado en el artículo 400° del Código Penal peruano y tiene una pena privativa

La Inteligencia Artificial en el arbitraje: ¿La aplicación de la IA en el desarrollo del arbitraje pondría en riesgo el principio de confidencialidad?

Por Alejandro Oliva, bachiller por la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres Asistente Legal en Estudio Reyes & Consultores Asociados INTRODUCCIÓN Cuando hablamos de arbitraje tenemos clara su definición como un método alternativo de resolución de conflictos; sin embargo, tan importante como saber qué es, es cuestionarnos cuál es su finalidad. En ese sentido, entender la finalidad de una figura jurídica como el arbitraje es comprender los principios que la rigen y, para lograr esto, es necesario analizar cuál es la motivación de quienes recurren a un proceso arbitral. Bullard y Repetto (2019) sostienen que los usuarios del arbitraje acudían a este sistema porque es “tremendamente  flexible  y  puede  cambiar  y  adaptarse fácilmente”. En ese

Breves comentarios sobre los límites del principio Iura Novit Curia

Por Diego Alonso Pajares Mantilla, estudiante del décimo ciclo de la Universidad Privada del Norte. Asistente legal en el estudio Jurídico Hora Asociados S.A.C. Introducción El principio de dirección del proceso, históricamente, significó el comienzo de uno de los límites a los excesos del sistema privatístico, sobre el cual el juez tuvo un desarrollo totalmente pasivo2, siendo este principio que impulsó la incorporación el sistema publicístico en el proceso civil moderno. El Código Procesal Civil peruano incorporó este principio en el Título Preliminar3, permitiendo que el juez tenga un rol activo, es decir, un papel protagónico dentro del proceso. Ello, se vio complementado con el principio de impulso oficioso, que puede ser calificado como un subprincipio en tanto es una

Las OXI desde otra perspectiva

Por Fernando Ocampo, Director de Damma Legal Advisors. Abogado de la PUCP y magíster por The London School of Economics and Political Science (LLM) y por EALDE Business School (gestión de riesgos). Miembro de la World Compliance Association Hace algunas semanas, PROINVERSION y el MEF anunciaron, de manera entusiasta, que el Estado tiene en cartera 129 proyectos prioritarios a fin de ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), representando aproximadamente USD 2,225 MM. De todos estos proyectos, en este año se adjudicarían 19[1]. El mecanismo de OxI permite, en simple, agilizar la ejecución de proyectos de inversión de interés público, a través de procedimientos menos complejos y burocráticos que los regulados por la normativa de contrataciones estatales