Calle Constitución

Filosofía, Pluralismo y Constitución

Históricamente, el fenómeno de la pluralidad étnica y cultural siempre ha jugado un rol fundamental en las diferentes sociedades. A partir de este fenómeno, han surgido múltiples teorías y prácticas morales, políticas y jurídicas que han pretendido definir y justificar distintos modelos de convivencia social.

¿Puede el Tribunal Constitucional declarar la nulidad de sus propias sentencias?

-No -responden algunos. La Ley lo dice: «órgano supremo de interpretación», «última y definitiva instancia», «no cabe impugnación alguna». El Tribunal Constitucional representa el fin del camino. Los casos tienen que acabar algún día. No podemos discutir hasta la eternidad. Se debe respetar la cosa juzgada y la seguridad jurídica.

¿Seleccionar lo relevante?: El nuevo mecanismo de acceso al TC

En los últimos años se ha venido debatiendo sobre cuál debería ser la forma más adecuada para acceder al Tribunal Constitucional (TC) a fin de tutelar y desarrollar los derechos fundamentales y permitir que aquel se pronuncie sobre los aspectos constitucionales más relevantes.

Escocia, reconocimiento y diálogo intercultural

En las últimas semanas, buena parte de los medios de comunicación se ha concentrado en reflexionar sobre los pros y contras del referéndum por la independencia de Escocia. Sin embargo, muy pocos comentaristas han intentado situar estas demandas dentro de un contexto histórico y político más amplio: la incapacidad de las grandes ideologías políticas para lidiar con las demandas culturales insatisfechas y la importancia que en nuestro mundo ha tomado la política del reconocimiento.

¿La pelota rueda igual para todos?: La demanda de las futbolistas contra la FIFA

“Andá a lavar los platos, Irene, ahora falta que las mujeres hablen de fútbol”. Con esta frase Hugo Orlando Gatti, ex arquero de Boca y la selección argentina, pretendió silenciar la opinión de una periodista con la que compartía un debate en un programa deportivo. Sucede que en el fútbol como en otros espacios las mujeres no reciben la misma valoración que los hombres.

Y mi voto va para…

Faltan pocos días para las elecciones municipales y aún no sé por quién votar. No es mi culpa, en este país no se elige por convicción sino por el mal menor. A veces ni siquiera eso. A veces nos toca la elección estratégica: voto por cualquiera para que no salga alguien. Pero tenemos que tomar responsabilidad, hay que elegir. Así que para cumplir con mi deber cívico (y ayudar al lector indeciso) estuve revisando los planes de gobierno de los principales candidatos a la alcaldía. Hay muchos temas importantes, pero seguro coincidimos que los principales problemas de la ciudad son la seguridad ciudadana y el transporte. Así que, veamos qué tienen que decir los candidatos al respecto.

Los Principios de Lima (2000). Una lucha por la Transparencia catorce años después

Hace catorce años no era extraño escuchar las palabras secreto, estrictamente secreto, reservado, estrictamente reservado y confidencial. Cinco «clasificaciones» de la información que no era de acceso público. Esta situación favorecía la corrupción y evidenciaba la ausencia de un régimen democrático. Un ejemplo: el avión presidencial se compró utilizando un decreto secreto. Estas clasificaciones estaban desarrolladas en los Manuales del Ejército, la Fuerza Aérea, la Marina y la Policía Nacional. Manuales, también, secretos. Manuales que no fijaban claramente la frontera entre una u otra clasificación. En esa época cualquier cosa podía ser secreta.

La autoridad ausente: ¿Quién se hace cargo de la transparencia?

“Empieza el abuso del Perú desde aquellos que debieran corregirlo”. Con esta cita el historiador Alfonso Quiroz inicia su historia de la corrupción (IEP/IDL, 2013). El estudio lo lleva a afirmar sin ambigüedad que no nos encontramos ante un fenómeno esporádico en el país, sino persistente. Éste ha sabido adaptarse y reinventarse constantemente. Quiroz sostiene que la corrupción se encuentra enraizada en las estructuras centrales de la sociedad y, cuantificación de por medio, que es una de las causas principales de nuestro subdesarrollo. La investigación de Quiroz llega hasta las postrimerías del fujimorismo.

La Megacomisión y el portazo de la verdad

La última resolución judicial emitida en el caso de los Informes de la Megacomisión del Congreso, ha agitado las aguas de la política local. El Quinto Juzgado Constitucional de Lima, en su resolución del 01 de septiembre último, ha vuelto a declararlos nulos, en los extremos que imputen alguna responsabilidad penal y/o infracción constitucional al ex Presidente García. Se nos cerró la puerta. En la cara.
Para entender mejor los alcances de esta última decisión, hay que recordar el escenario de esta puesta en escena. Se trata de un proceso de amparo iniciado por Alan García contra el Congreso de la República, solicitando que «se deje sin efecto» todo lo actuado por la Megacomisión, que empezaba en septiembre del 2013, a investigar hechos graves de corrupción durante su gobierno.
En este amparo se emitió una sentencia firme, que anuló todo lo actuado por la Megacomisión a partir de la primera citación cursada a García en marzo de 2013. Los tribunales consideraban que la citación era demasiado genérica e imprecisa. No le permitía entender qué hechos se investigaban y cómo se vinculaban con él.

¿Los correos electrónicos de los Ministros deben ser de acceso público?

A propósito de los denominados «Cornejo-leaks», se han planteado pedidos de información para que algunos Ministros entreguen copia de sus correos electrónicos. ¿Será posible hacerlo? ¿Se estará afectando su intimidad o el secreto de sus comunicaciones?
Una interesante decisión del Consejo para la Transparencia de Chile (C 1101-11) nos deja algunas lecciones respecto a si es posible acceder lícitamente a la información contenida en correos electrónicos remitidos por un funcionario público. Se trataba del ministro secretario general de la Presidencia, Cristián Larroulet. La información solicitada era aquella remitidaa otros funcionarios públicos respecto a asuntos de interés público y utilizando una cuenta institucional. ¿Brindar acceso afectaba otros derechos?