Administrativo

¿Cuándo se configura la infracción de entrega deliberada de información falsa en materia pesquera? A propósito de la sentencia de vista – expediente N° 06471-2021

Por Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur. Forma parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental; y Rolando García Castillo, Abogado por la Universidad Científica del Sur. Actualmente cursa la Maestría en Solución de Conflictos en la Universidad San Martin Porres. Socio de Edam abogados. Las empresas pesqueras tienen el deber de cumplir con entregar la información que sea requerida por los fiscalizadores autorizados por el Ministerio de la Producción. El incumplimiento de dicho deber es pasible de configurar una infracción administrativa. Evidentemente la información entregada debe ser veraz. Anteriormente, el numeral 102 del artículo 134 del Reglamento de la Ley General de Pesca (RLGP) establecía como infracción: “Entrega deliberada de información falsa, el ocultamiento, destrucción

¿Qué debemos considerar para ordenar y llevar adelante de manera exitosa una investigación interna? Sobre el protocolo de investigaciones

Por Viviana Chávez Bravo, Asociada Principal del Estudio Echecopar Cada vez son más las organizaciones que han sabido reconocer en las investigaciones internas una herramienta importantísima para la mejor gestión de su organización y el fortalecimiento de su cultura de cumplimiento. Ya sea que se trate de una investigación por presuntas faltas laborales, prácticas anticompetitivas o por la comisión de delitos, todas estas tienen por objetivo identificar deficiencias y/u oportunidades de mejora en la gestión de la organización y, sobre esa base, tomar las decisiones que correspondan, desde la mejora de procesos -y/o políticas o procedimientos que los guían-, hasta la adopción de acciones de remediación y/o de medidas disciplinarias, de corresponder. Así, respecto de las grandes ventajas de llevar

¿Cómo fomentamos inversión?: Una mirada desde la estandarización de procedimientos administrativos

Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio, miembro del Centro de Estudios de Derecho Administrativo de la Universidad San Martín de Porres y actualmente abogada de la Oficina de Asesoría Legal del Programa Nacional de Telecomunicaciones del MTC. Para mejorar el clima de los negocios de un país, así como elevar los niveles de competitividad, resulta clave que se pueda repensar los esquemas actuales sobre la actuación de la administración pública en la atención, evaluación y el otorgamiento de permisos o autorizaciones, cuando estos vienen acompañados de excesivo formalismo, rigidez, y aspectos de alta complejidad. Ya que esto último, no contribuye a

La importancia del cumplimiento del principio de legalidad y celeridad en las actuaciones de la administración pública para optimizar el desarrollo del derecho administrativo y sus necesidades en la sociedad

Por Alberto Francisco Defilippi Estrada, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur SUMILLA Este trabajo parte de realizar un desarrollo de la actuación de la Administración Pública bajo el cumplimiento que considero importantes como son el de Legalidad y Celeridad. Además, cuestiona la secuencia de actos que permite al individuo participar de un proceso administrativo y que este cuente con legitimidad procesal para la seguridad jurídica que sirve como garantía a un debido proceso, informando oportunamente al ciudadano sobre el contenido legal y a su vez limitando el ejercicio de las autoridades públicas. INTRODUCCIÓN A lo largo de estos años se busca impulsar una nueva visión de la simplificación administrativa, con la finalidad de orientar a eliminar las trabas y

Aproximación general a los Proyectos en Activos: El mecanismo olvidado en la promoción de la inversión privada

Por Diego Mori, abogado asociado del Área de Infraestructura, APP y Obras por Impuestos del Estudio Muñiz. Imaginemos que usted acaba de ser elegido alcalde del Distrito de “La Gloriosa” y que una de sus principales propuestas antes de su elección, fue el desarrollo de la infraestructura en el distrito a fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes que votaron por usted (y, obviamente, de aquellos que no lo votaron también); sin embargo, no sabe por dónde iniciar, salvo que cuenta con un documento denominado “Margesí” respecto del cual tiene alcances muy limitados, particularmente sobre su utilidad y, mucho menos, cómo podría ayudarle en la implementación de su propuesta. Efectivamente, muchos operadores en los gobiernos locales y

Apuntes tributarios sobre el aporte por regulación al OSITRAN

Por Carlos Villanueva, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y asistente legal en el área tributaria del Estudio Santivañez, firma legal posicionada en el sector de energía del país. 1. Aspectos preliminares: En los últimos tiempos, el Estado peruano ha reorientado su actividad regulatoria como parte inherente de sus atribuciones. En ese sentido, ha sistematizado su actividad fiscalizadora sobre determinadas actividades realizadas por los administrados en el marco de una economía social de mercado. Una de las áreas en que el Estado ha establecido un marco regulatorio es la inversión en la infraestructura de transporte de uso público, dentro del cual podemos encontrar los terminales portuarios, vías férreas, aeropuertos, carreteras, vías nacionales, locales, regionales entre otros. En el

Reflexiones en torno a la fiscalización ambiental a consultoras ambientales

Por Sahra Viviana Paucar Bejarano, Abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Magister en Derecho Administrativo Económico por la Universidad del Pacífico. Docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Científica del Sur.  Introducción En el contexto actual de reactivación económica existe una preocupación común de los diversos sectores productivos, identificar propuestas de mejora para el funcionamiento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Usualmente, cuando se habla de mejoras para el SEIA se piensa la necesidad de agilizar plazos y trámites de la evaluación de impacto ambiental que permitan sacar adelante de manera más rápida un proyecto de inversión. De allí que, en los últimos años el mayor esfuerzo de normas y proyectos normativo

Déjese sin efecto: la caducidad en el procedimiento administrativo sancionador de protección al consumidor

Por Ayrton Marañón Calderón, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. En un reciente pronunciamiento, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (la “Quinta Sala”) confirmó que la caducidad no es aplicable en los procedimientos administrativos de protección al consumidor, cuyo inicio haya sido promovido por una denuncia de parte [1]. Ello debido a que ―a su criterio― estos califican como trilaterales sancionadores. La Quinta Sala concluyó que, si se aplicase la caducidad, se perjudicaría al consumidor por la inactividad de la administración. Para sustentar esta postura indicaron que el artículo 65° de la Constitución otorga a este procedimiento a naturaleza tuitiva y citaron

El análisis de favorabilidad como criterio para la aplicación de la retroactividad benigna en el procedimiento administrativo sancionador pesquero

Por Rolando García Castillo, Abogado por la Universidad Científica del Sur. Socio de Edam abogados, y, Bruno Ramos Huaytalla, Abogado por la Universidad Científica del Sur. Forma parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental Toda empresa pesquera en algún momento del desarrollo de su actividad económica ha sido pasible de un procedimiento administrativo sancionador. Ante ello, dentro de los múltiples mecanismos de defensa que puede utilizar el administrado se encuentra la retroactividad benigna, como una excepción a la aplicación de normas vigentes en el tiempo. Según el principio de retroactividad benigna debe aplicarse la norma posterior a la vigente al momento de la comisión de la infracción si es más favorable para el administrado. Para su aplicación al caso

La fiscalización ambiental en el sector saneamiento: Análisis de la subsanación voluntaria en aras de lograr la seguridad jurídica

Por Rolando García Castillo, abogado por la Universidad Científica del Sur. Socio de Edam abogados, Boutique legal en litigio ambiental y corporativo; y Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur y parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La fiscalización ambiental tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, compromisos ambientales, medidas administrativas y la legislación ambiental general y sectorial. Para lograr una fiscalización ambiental eficiente, oportuna y preventiva, la Ley Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) estableció que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) es el ente rector del SINEFA en el Perú. Sin embargo, en la actualidad el Oefa no tiene