Análisis del Proyecto de Ley que plantea destituir a los docentes con ideologías contrarias a la Constitución

Por Enfoque Derecho 1. Introducción Con el fin de evitar que los profesores fomenten ideologías contrarias a la Constitución, el pasado 5 de febrero del 2024, el Poder Ejecutivo aprobó el Proyecto de Ley (en adelante, PL) N° 7045 que modifica tres artículos de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial.  Aún falta que se debata la propuesta en el Congreso, pero los argumentos que utilizó el premier, Javier Otárola[1]  son claros: garantizar que la educación de los estudiantes esté basada en el respeto de la Constitución, derechos humanos y promoción de una cultura de paz. Asimismo, Miriam Ponce, titular del Ministerio de Educación, indicó que “serán destituidos (los profesores que formen parte de una organización con ideologías contrarias a

(Des)confianza para gobernar: un breve repaso histórico de la moción de censura y sus posibilidades de reforma

Por Gonzalo López de Castilla, Estudiante de octavo ciclo de Derecho en la PUCP y miembro de Perspectiva Constitucional La crisis política e institucional que el país atraviesa actualmente se debe a una multiplicidad de factores, algunos de los cuales tienen relación con las disposiciones de la parte orgánica de la Constitución, especialmente aquellas que regulan las interacciones entre los poderes del Estado. Si bien ciertas figuras han sido ampliamente debatidas en tiempos recientes con miras a posibles reformas —como la vacancia por incapacidad moral, la cuestión de confianza y la disolución del Parlamento—, no ha sucedido lo mismo con la moción de censura, una prerrogativa del Congreso de la República que, pese a formar parte de nuestro modelo político histórico,

El proyecto de ley 6951/2023-cr como antinomia al ordenamiento jurídico peruano

Por Juan Manuel Rosas Caro, Miembro principal del Taller de ciencias penales de San Marcos y Asistente legal en el estudio Ugaz Zegarra. El proyecto de ley 6951/2023-CR, denominado “Rospigliosi-cueto”, busca establecer un preocupante precedente con respecto al uso del calificativo “de lesa humanidad” en causas penales previas a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en territorio peruano, o sea previo al 1 de julio de 2002. Este proyecto señala, además, que la suscripción y entrada en vigor de La Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad, debido a la fecha de suscripción, no debe aplicarse a procesos penales previos a esta fecha, que fue el 09 de noviembre de 2003. Es

Tras la máscara de la Justicia: El posible retorno de los jueces sin rostro en el Perú

Por Enfoque Derecho El concepto de «Jueces sin rostro» ha sido objeto de intensos debates en el ámbito legal peruano, planteando una controversia sobre su reintroducción en la lucha contra la delincuencia organizada. Esta práctica, que anteriormente fue implementada durante la lucha contra el terrorismo bajo el gobierno de Alberto Fujimori, vuelve a surgir como propuesta legislativa en el Congreso. El proyecto de ley, presentado por Juan Burgos, congresista de la Unidad y Diálogo Parlamentario este último 30 de enero del 2024, propone restituir los tribunales sin rostro, permitiendo a los magistrados investigar, juzgar y acusar a organizaciones criminales de alta peligrosidad sin revelar su identidad (Infobae). Esta medida se llevaría a cabo mediante la incorporación del artículo 6-A a la

Editorial | ¿Es competente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del indulto a Alberto Fujimori?

Por Enfoque Derecho A nivel nacional e internacional el 6 de diciembre fue un día que conmocionó y trajo consigo un intenso debate. Tras haber cumplido tiempo en el penal de Barbadillo por su participación en los trágicos eventos de Barrios Altos y La Cantuta, Fujimori abandonó su celda el miércoles 6 de diciembre. Este acontecimiento se produjo luego de la controvertida decisión del Tribunal Constitucional (en adelante, TC), que revocó la anulación del indulto otorgado en diciembre de 2017 por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, a pesar de las reservas expresadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, Corte IDH). El resurgimiento de esta polémica decisión ha reabierto un capítulo sensible en la historia peruana, suscitando diferentes

Estado de emergencia: ¿Por qué esta medida no ha logrado reducir la delincuencia y cuáles son los factores clave que influyen en esta situación?

Por Enfoque Derecho Introducción Tras la presentación de dos mociones de censura contra el exministro del Interior, Vicente Romero, este fue finalmente destituido. El congreso dio a conocer que la censura se justificó en la incapacidad para ejercer su cargo, ello debido a que, durante el período de funciones del exministro, no se registraron mejoras en los índices de criminalidad a nivel nacional. Es preciso recordar que, el funcionario ha optado por utilizar declaratorias de emergencia en diversos departamentos del país, con la finalidad de hacer frente a una problemática que se encuentra latente hasta el día de hoy. Del mismo modo, los parlamentarios recalcaron que la baja inversión privada es directamente proporcional a la desconfianza que genera la inseguridad

Análisis de la Ley 29245 que regula los servicios de tercerización: Impacto del Decreto Supremo N°001- 2022- TR en los trabajadores

Por  Arianna Almeida Palomino. Estudiante de 9no ciclo de Derecho. Miembro de la comisión de desarrollo social de Themis, Khuska. Las empresas constantemente están en búsqueda de optimizar sus recursos, aumentar su producción y llegar a ser lo más eficientes posibles; adoptar modelos de negocios valiosos y que sean flexibles es lo que generará ello. En relación a la última característica, es donde se puede identificar a la tercerización; la cual ha permitido grandes ventajas económicas para las empresas. La tercerización laboral es todo proceso de externalización o desplazamiento hacia actividades empresariales autónomas o independientes, de funciones o actividades de una parte del ciclo productivo, proceso administrativo, área o actividad, que previamente se desarrollaban por una misma empresa o, que

El Decreto Legislativo Nro.1589: ¿La criminalización de la protesta o una técnica legislativa deshonesta?

Por Aaron Emilio Aleman Yactayo Abogado penalista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Magister en Derecho penal y Procesal Penal en la Universidad Carlos III de Madrid (España). Asesor y consultor especializado en Delitos Empresariales, Delitos de Lavado de Activo y Delitos Tributarios. Esta semana se ha publicado el Decreto Legislativo Nro.1589, el cual tiene como finalidad garantizar la seguridad y la tranquilidad pública (art.1), para ello recurre a una técnica legislativa consistente en cuatro modificaciones a nuestro Código Penal en lo que concierne a los  Delitos Contra los Medios de Transporte, Comunicación y otros Servicios Públicos (Título XIV del Código penal) y los Delitos Contra la Paz Pública (Título XVI Del Código Penal), todas las cuales se