Derecho Procesal Penal

Editorial | «PUERTAS ABIERTAS AL CRIMEN»: El impacto de la Ley N.º 32108 en Perú

Por Enfoque Derecho        I.          INTRODUCCIÓN El 9 de agosto de 2024, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 32108[1], que introduce modificaciones significativas al Código Penal y a otras leyes penales relacionadas con el crimen organizado. Esta ley ha suscitado un amplio debate, debido a su impacto potencial en la lucha contra el crimen organizado en Perú. Uno de los cambios más críticos es la redefinición del delito de organización criminal, el cual se detalla en el artículo 317 del Código Penal y en el artículo 2 de la Ley 30077. Según la nueva legislación, una organización criminal se define como un grupo con «compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más

La importancia de la confianza en el sistema de justicia: desmitificando la facultad de los jueces legos en la administración de justicia

Por José Miguel Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller «Florencio Mixan Mass» de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. La corrupción es un problema -desgraciadamente- innato en nuestra sociedad y engloba diversos contextos. Pero, evidentemente esto no es reciente. No viene de hace dos, tres ni mucho menos cinco años. Es un problema “endémico” que se refleja directamente en diversas encuestas y estudios de opinión. Para mencionar uno del año 2022, (XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022 – PROÉTICA) esta indica que la percepción de corrupción en el

¿Es mejor un mal juicio a cualquier arreglo?: la ineficiencia de la regulación de la condena de costas y costos en el sistema de protección al consumidor

Por Gustavo Rodríguez García, Abogado PUCP. Magister por la Universidad Austral. Ha sido Summer Scholar por The Coase-Sandor Institute for Law & Economics en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, cuenta con estudios en Economía Conductual por la Escuela Booth de Negocios de la Universidad de Chicago y en Behavioral Insights & Public Policy por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Si ha estudiado o estudia leyes, es altamente probable que haya escuchado o leído la frase “más vale un mal arreglo que un buen juicio”. La frase, siendo simple, transmite el mensaje claro de que, en general, es deseable arribar a una solución célere y voluntaria respecto de cualquier disputa antes que

El inicio del debate sobre la implementación del juicio por jurados en el Perú

Por José Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller “Florencio Mixan Mass” de la Universidad Mayor de San Marcos y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Desde hace varios meses (años) vivimos en una convulsión y completa inestabilidad política que afecta principal y directamente nuestro sistema de justicia. Prueba de ello es que todos los días nos encontramos con nuevas investigaciones que contienen un tinte de corrupción bastante marcado. Se incrementa y consolida la desconfianza que los ciudadanos tienen sobre el sistema de justicia. Es evidente que parte de este “descontrol” político/social se visibiliza en las investigaciones y procesos contra las principales autoridades

¿Existe diferencia entre la obligación de no ausentarse de la localidad de residencia y el impedimento de salida?

Por Robert Milton Velasque Rodas, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, master con mención en derecho penal y procesal penal y asistente legal en el estudio jurídico Córdova & Asociados. Introducción: El Código Procesal penal del 2004 (CPP) regula, como medidas coercitivas de naturaleza personal, la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia (simple y restringida), la detención domiciliaria, la internación preventiva, el impedimento de salida y la suspensión preventiva de derechos. Estos se materializan en resoluciones judiciales, debidamente motivadas, en el marco de un proceso penal, con el objetivo principal de asegurar la celebración de la etapa estelar del proceso penal y consecuentemente la sentencia. Así,  el artículo 253 del CPP señala

¿Resulta viable la elaboración de una pericia en la subetapa de las diligencias preliminares?

Por Silvana Cosentino Corzo y José Miguel Molina Cayo, integrantes del área de Derecho Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados Introducción Nuestro Código Procesal Penal delimita diametralmente las etapas del proceso penal. Empezando por la investigación preparatoria dividida en dos fases: diligencias preliminares e investigación preparatoria formalizada. Posteriormente, la etapa intermedia y como última y principal etapa el juicio oral o juzgamiento. Cada una de estas tiene una finalidad claramente establecida por el legislador. Sin embargo, con el transcurrir de los años, ya casi 20 años desde su promulgación, se han ido deformando y desnaturalizando. Un ejemplo de ello es la tutela de derechos. En el caso del inciso 4) del artículo 71° del Código Procesal Penal se establece

¿Se debe archivar el delito de lavado de activos por declararse prescrita la acción penal del hecho precedente?

Por Rudy Santiago Guzmán Fiestas, Maestro en derecho penal por la Pontificia Universidad Católica de Perú, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 1. Aproximación a las cuestión En el Acuerdo Plenario 5-2023, del 28 de noviembre del 2023, en su fundamentos 12, se señala que la prescripción extingue el delito:  “12. (…) lo que realmente prescribe es el delito, cuyo desvalor decae, desgastado por la acción del tiempo (…) La prescripción, en suma, no puede afectar a la acción persecutoria sino al delito mismo”. También señala que la prescripción afecta el injusto, conforme los fundamentos 12, 13 y 15: 12. (…) el transcurso del tiempo, como hecho jurídico, tiene entidad para influir en la ilicitud o licitud

Editorial | ¿Un gran poder sin una gran responsabilidad? Análisis jurídico del Decreto Legislativo N° 1605 que faculta a la PNP a investigar y realizar detenciones sin orden de la fiscalía

Por Enfoque Derecho 1. Introducción Como se ha dado a conocer el Decreto Legislativo 1605, promulgado recientemente por el Congreso de la República del Perú, es una medida que ha generado un intenso debate en la sociedad. Esta normativa concede a la Policía Nacional la facultad de iniciar investigaciones por cuenta propia, sin requerir la aprobación previa de un fiscal. El propósito declarado es optimizar el marco legal para la investigación, permitiendo a la policía realizar actos de investigación bajo la conducción jurídica del Fiscal[1]. Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado gran preocupación y controversia debido a las posibles implicancias que tiene para los derechos individuales y el debido proceso. Bajo esta línea, el artículo 67° del decreto establece que la

¿Cuál es el alcance de la autonomía del delito de lavado de activos en el proceso penal?

Por Amaury Sebastián Muñoz Laos Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, asistente de cátedra de Derecho Penal I (Parte General) y Derecho Penal III (Parte Especial II) en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y coordinador académico del Instituto Latinoamericano de Ciencias Penales. El delito de lavado de activos y su autonomía sustantiva El delito de lavado de activos se encuentra tipificado penalmente en virtud del Decreto Legislativo N.º 1106, el cual lleva por título Decreto Legislativo de lucha eficaz contra el lavado de activos y otros delitos relacionados a la minería ilegal y crimen organizado. En su artículo 10, este dispositivo jurídico expresa: «Artículo 10.- Autonomía del delito y prueba indiciaria El lavado