Por Carolina del Pilar Pebe Muñoz,
estudiante de la Facultad de Psicología de la Universidad de Salamanca (USAL).
En diciembre del 2023 el Tribunal Constitucional del Perú ordenó la liberación del expresidente Alberto Fujimori, condenado en el 2009 a 25 años de prisión por homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado. Este fallo invita a las personas a reflexionar sobre la impunidad ante las violaciones a los derechos humanos que se vivieron entre los años 1980 Y 2000 en el país, siendo uno de los más relevantes y resonantes: el caso de las esterilizaciones forzadas. Este crimen de lesa humanidad afectó a aproximadamente 314 605 mujeres de un estrato socioeconómico bajo en la sierra peruana. Hasta el día de hoy, siguen con las heridas abiertas debido al impacto significativo en su salud física y bienestar mental.
EL DISFRAZ DE LAS ESTERILIZACIONES FORZADAS
En la década de los 90, el gobierno ejecutó el Programa Nacional de Planificación Familiar, cuyo objetivo era disminuir la tasa de natalidad como una solución a las situaciones de pobreza que afectaba a muchas familias alrededor del país [1]. Por consiguiente, según la profesora perteneciente al Proyecto de Anticorrupción del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, se realizaron alrededor de 314 605 esterilizaciones forzadas a mujeres pertenecientes a pueblos indígenas y de niveles de pobreza elevados [2]. Numerosas personas fueron víctimas de manipulación para participar en este «programa de planificación familiar», aprovechándose de su vulnerabilidad; ya que, no se les proporcionó información sobre el procedimiento médico ilegal al que estaban siendo sometidas. Cabe destacar que, en varias ocasiones los médicos que ejecutaron la mala praxis no hablaban el mismo idioma que la paciente haciendo imposible la comunicación efectiva. Además, las operaciones se realizaron en condiciones insalubres sin el control de bioseguridad óptimo ni supervisión [3].
De esta misma manera, según el Manual de Normas y Procedimientos para la Actividad de Anticoncepción Quirúrgica Voluntaria (AQV), se necesita de un periodo de 72 horas tras el consentimiento firmado del paciente y el inicio de la operación para que este pueda reflexionar y se sienta seguro de la decisión que ha tomado respecto a su salud. Una característica principal de cualquier intervención médica voluntaria es que esta debe ser justificada mediante la autorización de la persona. Si este consentimiento se basa en el engaño o coacción, se desvanece la legitimidad de la intervención [2].
En consecuencia, un procedimiento quirúrgico forzado, como el caso de las ligaduras de trompas, es considerado una violación a los derechos de la integridad personal, pues se le está privando a una mujer la oportunidad de empezar una familia o de gozar de un estado de salud óptimo. Asimismo, esta política pública se orientó a los sectores más pobres del país dejando en evidencia un grave caso de discriminiacion y desigualdad.
EL IMPACTO EN LA SALUD MENTAL: LAS CICATRICES DE LAS LIGADURAS
De acuerdo a la abogada feminista y defensora de los derechos humanos, Giulia Tamayo, las esterilizaciones forzadas se orientaron a un grupo especifico de mujeres andinas y de comunidades amazónicas con el objetivo de aprovecharse de su estado al ser más fáciles de persuadir para que accedan de forma ilegitima a estos procedimientos [4].
Existen tres factores que han contribuido al impacto de la salud mental de estas mujeres. En primer lugar, la forma en cómo los trabajadores sanitarios lograron que los individuos accedieron fue por medio de mentiras, persuasión, intimidación e imposición; pues muchas de ellas aceptaron por miedo a que se cobren represalias en contra de su familia o se les perjudique económicamente. En segundo lugar, el trato cruel, inhumano y poco considerado por parte de los médicos. En tercer lugar, la ausencia de asistencia tras el procedimiento [5] . Por consiguiente, aparecieron estados de sufrimiento psíquico, que son desencadenados por un estímulo físico y por la pérdida o estado de duelo [6]. Ergo, habían sufrido una invasión de su intimidad y se les arrebató la oportunidad de tomar la decisión de ser madres y construir una familia.
Por un lado, tras la intervención quirúrgica las mujeres no recibieron los cuidados postoperatorios adecuados por lo que, hasta el día de hoy, una gran cantidad de ellas padecen de dolores en la zona del vientre y abdomen. Estos malestares se convirtieron en una complicación para que puedan realizar eficazmente sus labores en el campo puesto que la tierra era su centro de trabajo principal en donde se necesita de mucha fuerza y destreza física. Como resultado, aparecen sensaciones de pérdida de autonomía al verse interrumpido su deseo de seguir obrando por el malestar, provocando que desarrollen una percepción equivocada y rechazo hacia su identidad [7]. De esta forma, se deja en evidencia que estas personas disminuían el valor que tenían sobre una misma al sentirse incapaces de alcanzar sus proyectos personales de vida que suponían una motivación para salir adelante, por una falta de control sobre su propio cuerpo.
Por otro lado, es vital destacar que, en las comunidades andinas, la familia desempeña un papel trascendental en el proyecto de vida de los individuos y que una de las responsabilidades tradicionales de las mujeres es contribuir a la procreación y la continuidad generacional. Entonces, al padecer de una esterilización no consentida, estas mujeres se volvieron más propensas a sufrir de violencia doméstica tanto física como psicológica por parte de sus parejas; ya que, muchos hombres pensaban que al tener ligadas las trompas, sus esposas iban a actuar de forma promiscua para ser infieles y mantener relaciones sexuales fuera del compromiso sin el peligro de quedar embarazadas [5]. Entonces, dentro de la comunidad eran estigmatizadas y etiquetadas como impuras lo que las hacía sentir desplazadas y culpables, pues algunas tuvieron que renunciar a sus puestos laborales por el hostigamiento y huir de sus casas para tratar de construir una mejor vida en otro lugar, porque nadie entendía la situación ni era capaz de mostrar empatía al atribuirles toda la responsabilidad de los hechos a ellas sin reconocer la mala praxis por parte del estado.
Victoria Huaman, fue una mujer que sufrió de una esterilización a sus 29 años en el Hospital de Cuzco en 1997. Ella menciona que le informaron del procedimiento médico días después cuando asiste a una clínica local de su comunidad por un malestar. «Ahí fue donde me enteré junto a mi marido de lo que había pasado, que me habían ligado las trompas. Yo soy padre y madre de mis hijos. Me siento enferma constantemente, siempre tengo dolor y una sensación de que algo me quema en el lugar donde me hicieron la cirugía». En consecuencia, su esposo la abandonó a ella y a sus tres hijos porque creía que se había operado intencionalmente y en secreto [8].
Bajo esta línea, se evidencia un impacto psicológico significativo en la vida de estas mujeres, quienes enfrentan diversas problemáticas: i) la discriminación de sus propias familias, ii) la pérdida de autonomía debido a las secuelas físicas de intervenciones mal realizadas que las obligan a abandonar sus empleos y depender de terceros, y iii) la falta de control sobre su propio destino en términos de planificación familiar. Esta situación las hace más propensas a experimentar trastornos como ansiedad y depresión, sin la garantía de recibir atención médica y psicológica adecuada. Además de aumentar las probabilidades de aislamiento, silenciamiento, culpa y distorsión de la imagen propia, al sentirse responsables de lo sucedido.
Rudecinda Quilla, a sus 24 años en 1996, fue sometida a una esterilización donde los doctores la trataron de forma injusta y la amarraron a una cama para inyectable un sedante y poder empezar con la operación, a pesar de que ese no era su deseo. «Todavía estaba despierta cuando comenzaron a abrirme la barriga. Sentí un dolor muy fuerte y grité. Ahí me dieron otra inyección». Desperté en la tarde. Después de unos días, la herida en el estómago comenzó a infectarse y fui con mi esposo al hospital. Las enfermeras no querían tratarme. Ellos insultaron a mi esposo y le dijeron que era un animal. Costó bastante que la herida se curara, porque yo tenía miedo de volver al hospital». De esta manera, la víctima expresó un rechazo hacia los trabajadores de la salud y un temor por ir a estos centros por los abusos que había tenido que vivir [8].
PERO ¿QUÉ HIZO EL ESTADO PERUANO AL RESPECTO?
En el 2014 la segunda Fiscalía Penal archivó las denuncias realizadas por las mujeres que habían sufrido de las esterilizaciones forzadas al concluir que estas situaciones no podían ser consideradas como violaciones de los derechos humanos al ser ejecutadas de forma legítima puesto que el programa planteado por el gobierno de Fujimori solo tenía como intención disminuir la tasa de natalidad en el país con el objetivo de erradicar la pobreza [7].
Tras este fallo, es fundamental recordar que la salud mental es considerada, según la Organización Mundial de la Salud, un derecho humano universal que engloba la protección y una atención digna, accesible y de calidad independientemente del estrato socioeconómico que tenga el individuo [9]. Además, de acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud, este derecho presenta los siguientes enfoques: a) comunitario, integración de las personas con problemas mentales en las comunidades; b) recuperación, reinserción de los individuos a la sociedad donde se puedan desarrollar de forma autónoma reforzando la autoestima y resiliencia; c) centrado en la persona, ofrecer una respuesta a las necesidades y promover la atención integral sobre el problema; y d) desinstitucionalización, buscar el tratamiento en comunidad y bajo una atención digna dejando atrás los hospitales psiquiátricos [10]. Asimismo, de acuerdo al artículo 7 de la Constitución Peruana se plantea que todas las personas tienen derecho a gozar de una buena salud mental. Por lo tanto, parte de la responsabilidad del Estado es ofrecer servicios de calidad que respondan a las necesidades y problemas de los individuos con el fin de ofrecer tratamientos, diagnósticos e intervenciones eficaces que promuevan el bienestar [11].
Sin embargo, a pesar de existir estas normas orientadas a preservar la buena calidad de vida de las personas; la justicia peruana no tomó una decisión correcta al no reconocer los procedimientos médicos como ilegales, aún cuando hay testimonios y pruebas los cuales afirman que se realizaron sin un consentimiento previo. De este modo se demuestra una vez más la falta de justicia e igualdad que hay en el interior del país; además del poco interés que hay por parte de las instituciones públicas de responder a las necesidades orientadas a la salud mental; pues no hay un respeto ni reconocimiento digno acerca del impacto socioemocional que estos eventos traumáticos ocasionaron en las víctimas debido a las estigmatizaciones que existen sobre la importancia del cuidado psicológico en las personas.
A MODO DE CONCLUSIÓN
Las esterilizaciones forzadas representan claramente violaciones a los derechos humanos y que necesitan ser reconocidos de esta manera con el fin de no desvalidar ni aminorar la repercusión negativa que han tenido sobre la salud mental de estas mujeres hasta el día de hoy. Las víctimas de este crimen de lesa humanidad continúan siendo perturbadas con pensamientos de culpa y vergüenza mostrando un rechazo hacia su propia imagen debido a una serie de distorsiones cognitivas que repercuten sobre la autoestima, estado de ánimo y la forma en cómo se establecen las relaciones interpersonales.
De igual manera, esta situación es un caso ejemplar de la falta de atención que hay en los servicios públicos orientados al cuidado de la salud mental, pues muchos individuos son estigmatizados y no reciben las ayudas adecuadas para salir adelante tras sufrir un problema que le impide construir un bienestar mental. Por ello, es fundamental no olvidar lo sucedido y seguir luchando para que la justicia sancione a los responsables y se promuevan canales de atención a las damnificadas con el objetivo de ofrecerles una mejor calidad de vida y un desarrollo personal óptimo.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
- BBC. (2018, 27 de julio). Perú: el dramático testimonio de una mujer esterilizada forzosamente durante el gobierno de Fujimori. BBC news mundo. https://www.bbc.com/mundo/media-44929402
- Novoa, Y. (s.f). El archivamiento del caso “esterilizaciones forzadas”: una mirada desde el Derecho Penal. IDEHPUCP. https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/04/Análisis-del-Dictamen-Fiscal-sobre-Esterilizaciones-Forzadas.pdf
- García, R. (s.f). Ikumi. Esterilizaciones forzadas en el Perú. LUM: lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. https://lum.cultura.pe/exposiciones/ikumi-esterilizaciones-forzadas-en-el-perú
- Cuentas, S. (2014, 29 de Mayo). Vientres rotos. El país. https://lum.cultura.pe/exposiciones/ikumi-esterilizaciones-forzadas-en-el-perú
- Urruchi, P. (s.f). Políticas que duelen. Impacto de las esterilizaciones forzadas en la salud mental de mujeres en la provincia de Chumbivilcas. Argumentos Revista de Ciencias Sociales. (99 – 106). doi: 10.46476/ra.v2i2.108
- Méndez, J. (2019). Dolor psíquico: una mirada a su condición actual. Revista chilena de neuro – psiquiatría. http://dx.doi.org/10.4067/S0717-92272019000200176
- Montoya, Y. Lerner, S. (2015). Esterilizaciones durante el gobierno de Alberto Fujimori: ¿política de planificación familiar o delitos dolosos y crímenes de lesa humanidad? IUS ET VERITAS. (306 – 321).
- Uchoa, P. (2021, 1 de Marzo). Esterilización forzosa en Perú: “Me abrieron la barriga cuando aún no estaba dormida. BBC news mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56243650
- OMS. (2023, 10 de octubre). Día Mundial de la salud mental – La salud mental es un derecho humano universal. Organización Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/events/detail/2023/10/10/default-calendar/world-mental-health-day-2023—mental-health-is-a-universal-human-right
- OPS. (s.f). Protección y promoción de derechos humanos en salud mental. Organización Panamericana de la Salud. https://www.paho.org/es/temas/proteccion-promocion-derechos-humanos-salud-mental
- Congreso de la República. (s.f). Ley que modifica la Ley N\ 30947, Ley de la Salud Mental. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2016_2021/Proyectos_de_Ley_y_de_Resoluciones_Legislativas/Proyectos_Firmas_digitales/PL05538.pdf
