Derecho Administrativo

La fiscalización ambiental en el sector saneamiento: Análisis de la subsanación voluntaria en aras de lograr la seguridad jurídica

Por Rolando García Castillo, abogado por la Universidad Científica del Sur. Socio de Edam abogados, Boutique legal en litigio ambiental y corporativo; y Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur y parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La fiscalización ambiental tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, compromisos ambientales, medidas administrativas y la legislación ambiental general y sectorial. Para lograr una fiscalización ambiental eficiente, oportuna y preventiva, la Ley Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) estableció que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) es el ente rector del SINEFA en el Perú. Sin embargo, en la actualidad el Oefa no tiene

La subsanación voluntaria en el procedimiento administrativo sancionador de la Sunass

Por Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur (UCS) y analista legal del Estudio AGP&F Abogados Asociados. 1. Introducción La Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (en adelante, Sunass) garantiza la prestación de los servicios de saneamiento, en el ámbito urbano y rural, en condiciones de calidad, a efectos de contribuir a la salud de la población y al cuidado del ambiente (art. 1 del Decreto Ley n.o 25965). Asimismo, dentro de las múltiples funciones que tiene, fiscaliza el cumplimiento de las obligaciones legales, contractuales o técnicas de las Empresas Prestadores de Servicios de Saneamiento (en adelante, EPS), así como, ante el incumplimiento de dichas obligaciones, impone sanciones pecuniarias (multas) o amonestaciones escritas a las EPS. Las EPS

Limitación de horario de recepción de documentos a través de las mesas de partes virtuales como barrera burocrática: análisis a raíz del caso de la DIGEMID

Por Enzo Rojas, asociado del estudio Rubio Leguía Normand Introducción. En el 2020, a propósito de las restricciones por la pandemia de la Covid-19, se inició la implementación de las mesas de partes virtuales de las entidades de la Administración Pública (en adelante, “MDPV”), herramienta que agilizó la presentación y recepción de documentos. Con esta medida, se eliminaron las interminables colas que se formaban en los locales de las entidades, que podían durar horas y que generaban costos innecesarios en tiempo, dinero y personal tanto para las entidades como para los administrados. Las MDPV, a diferencia de las presenciales, son un servicio automatizado, pues en virtud de su programación pueden funcionar de manera fluida e ininterrumpida sin la necesidad de

Una limitación desregulada – Un análisis al incremento de los nuevos límites de velocidad

Por Enfoque Derecho Introducción. El 18 de julio de 2022 entraron en vigencia las modificaciones realizadas al Reglamento Nacional de Tránsito, lo cual abarca los nuevos límites de velocidad p​​ara calles, jirones y avenidas de las zonas urbanas y para las carre​​teras en su paso por centros poblados a nivel nacional. Esto se debe a la supuesta correlación existente entre el exceso de velocidad y los accidentes de tránsito, lo cual fue sustentado por la División de Prevención de Accidentes de Tránsito de la PNP, luego de informar que se habían reportado el fallecimiento de 239 personas por accidentes de tránsito, tan solo en Lima Metropolitana. Evidentemente, su implementación sembró debate entre aquellos que consideraban que no existía la señalización

El –todavía- cuestionado Aporte por Regulación del OEFA

Patricia Casachagua, bachillera en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Introducción Desde su creación en el año 2013, el Aporte por Regulación (en adelante, APR) del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante, OEFA) ha sido muy cuestionado por las empresas mineras y de electricidad –obligadas al pago del APR- a través de diferentes vías: demandas de Amparo, demandas de Acción Popular, e incluso, denuncias ante el Indecopi por la presunta imposición de una barrera burocrática. En setiembre de 2019, mediante la Sentencia recaída en el Expediente N° 05410-2015-PA/TC, el Tribunal Constitucional resolvió la demanda de amparo interpuesta por la empresa Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A., declarándola infundada por voto mayoritario, y validando así la constitucionalidad del

¿Condición de procedibilidad o elemento de valoración? Alcances sobre la prejudicialidad administrativa en la persecución de delitos económicos en el Perú

Por Julio César Huayta Quispe Estudiante de IX ciclo de Derecho en la Universidad de San Martín de Porres. Practicante preprofesional del Área Penal y de Compliance del Estudio Muñiz, Olaya, Meléndez, Castro, Ono & Herrera Abogados. Miembro del Centro de Estudios en Derecho Penal de la USMP. I. Introducción En la tipificación de delitos económicos el legislador penal suele recurrir a la técnica de la ley penal en blanco para complementar el tipo penal que contiene el núcleo del injusto de una infracción punible. El empleo de tal técnica ha generado que la persecución penal por la comisión de un delito económico dependa en muchos casos de una decisión o valoración previa adoptada por la autoridad administrativa competente. Es

Sobre el debido procedimiento en el nuevo Reglamento de Fiscalización y Sanción del Osinergmin

Por Oscar Alejos Guzmán, asociado de CMS Grau e integrante del equipo de Derecho Administrativo y Regulación Las garantías del debido procedimiento deben estar presentes en todo esquema procedimental, pero quizá con mayor razón en el procedimiento sancionador. En ese sentido, cualquier reforma legal que ponga énfasis en dichas garantías debe ser valorada. Por ello, hoy haré referencia a una de las reformas del régimen sancionador del Osinergmin. El 18 de diciembre de 2020 se publicó el nuevo Reglamento de Fiscalización y Sanción de las actividades energéticas y mineras a cargo del Osinergmin. Como no podía ser de otra manera, este nuevo reglamento mantiene varias disposiciones, pero también trae consigo una serie de novedades; algunas buenas, otras malas. En esta

Derecho penal y estado de emergencia: ¿cómo frenar a quienes incumplen la cuarentena?

Por Renzo Antonio Vinelli Vereau, magíster en Derecho penal por la Universidad de Sevilla y abogado senior del área penal de Payet, Rey, Cauvi & Pérez Abogados. En los últimos días, hemos sido testigos de las numerosas intervenciones a ciudadanos que se vienen suscitando a lo largo del país. Incluso, recientemente, se intervino a un conocido exfutbolista, debido a que se encontraba en una reunión en pleno toque de queda y aislamiento social obligatorio. Es decir, incumplió las normas sanitarias del estado de emergencia implementadas a raíz de la pandemia del coronavirus, específicamente el Decreto Supremo N° 044-2020-PCM, que -como todos conocemos- limitan la libertad de tránsito y reunión. Frente a la reiterada conducta de desacato de diversos ciudadanos, el

Reseña de Silencio administrativo. La pobreza en el laberinto burocrático, de Sara Mesa (Anagrama, 2019)

Oscar Alejos, asociado de CMS Grau e integrante del equipo de Derecho Administrativo y Regulación Sara Mesa no es abogada, ni escribe sobre Derecho; es periodista, cuentista y novelista. Sin embargo, ello no le impide describir descarnadamente y con precisión las vicisitudes que sufren los ciudadanos cuando encaran al aparato estatal. «Silencio administrativo» no es un manual de derecho administrativo. Es – como lo explica su autora – una crónica personal que describe las peripecias por las que tiene que pasar una persona en situación de extrema pobreza que se enfrenta a la burocracia del Estado. El título del libro puede llevar a equívocos. Como ya indiqué, no se trata de un manual de derecho administrativo. Siendo honestos, es un