2024

Todo queda en Familia: La vinculación económica entre empresas de propiedad estatal

Por Pablo Sotomayor, Socio del área tributaria del estudio Miranda & Amado. Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú con maestría en Tributación Internacional por New York University Law School. El artículo 32-A de la Ley del Impuesto a la Renta (IR) señala que para fines de dicho impuesto, se considera que dos o más personas, empresas o entidades son partes vinculadas cuando una de ellas participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra; o cuando la misma persona o grupo de personas participan directa o indirectamente en la dirección, control o capital de varias personas, empresas o entidades. Por su parte, el artículo 24 del Reglamento de la Ley del IR

El papel fundamental de los observadores electorales en regímenes autoritarios: un análisis de la Resolución Nº1/24 de la CIDH y su implementación en Venezuela

Por Luis Alejandro Pebe Muñoz, miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú & Gabriel Fernando Espinoza Hito, Vicepresidente de la Asociación Civil – Ius Inter Gentes. En contextos autoritarios, los observadores electorales cumplen una función esencial al detectar fraudes y exigir el respeto a los derechos ciudadanos en entornos a menudo caracterizados por la violencia. Su rol de vigilancia y denuncia convierte a estos observadores en objetivos para los regímenes autoritarios, que perciben su presencia como una amenaza a su control absoluto. Dado que estos regímenes no pueden tolerar voces que desafíen la concentración del poder, buscan eliminar a cualquier observador que pueda cuestionar o exponer sus

Enfoque Semanal del 5 al 11 de agosto

Por Enfoque Derecho. 1. Maduro elimina WhatsApp y promueve el uso de Telegram y WeChat en Venezuela El presidente Nicolás Maduro ha sorprendido a muchos al anunciar públicamente que eliminará WhatsApp de su teléfono, instando a los venezolanos a seguir su ejemplo. Durante un mitin televisado, Maduro declaró que WhatsApp, una aplicación propiedad de la estadounidense Meta, ha sido utilizada por grupos opositores para amenazar a militares, policías y líderes chavistas. Según el mandatario, estos grupos operan desde países como Colombia, Miami, Perú y Chile, y usan la aplicación para intimidar a la población y a la familia militar venezolana. En lugar de WhatsApp, Maduro ha recomendado el uso de Telegram y WeChat, aplicaciones que considera más seguras frente a lo

Comentarios a la Ley N°32108, «Ley que modifica el código penal, la ley contra el crimen organizado, entre otros»

Por José Marcelo Allemant Florindez y Jhoel Matías Julca Vásquez, Socio del Área Penal de DLA Piper Perú y Asociado del Área Penal de DLA Piper Perú, respectivamente. En la actualidad, es necesaria la regulación normativa de las organizaciones criminales, en tanto es de uno de los fenómenos que más inquieta a la sociedad respecto a su seguridad. Esto se debe a que la existencia de este tipo de organizaciones generan “ordenamientos paralelos”, los cuales ponen en cuestionamiento la vigencia de las normas. En este contexto, en el que se realizan diferentes cambios normativos, se han puesto a debate modificatorias a la regulación mantenida en nuestro país respecto a este fenómeno criminal. El 09 de agosto de 2024, se publicó

¿Qué cambiar en el arbitraje previsto en la ley de expropiaciones para obras de infraestructura?

Por Lucía Olavarría Salinas, abogada graduada de la PUCP (2006) y máster en Derecho de la Universidad de Harvard. El Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo 1192 aprobado por Decreto Supremo Nº 015-2020-VIVIENDA (en adelante, “TUO del DL 1192”) hizo bien en prever al arbitraje como un medio alternativo de solución de conflictos, adecuado para resolver controversias en torno a la tasación de los inmuebles expropiados para la ejecución de obras de infraestructura. El arbitraje es un mecanismo mediante el cual se obtiene una decisión final y vinculante, con calidad de cosa juzgada, en plazos mucho menores a los de un proceso judicial (que tiene doble instancia y una casación que alarga su duración). Esto, en un contexto de sobrecarga judicial,

¿Cuál es la finalidad de la Ley de Represión de la Competencia Desleal?

Por Saúl José Coca Guzmán, abogado civilista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con estudios de derecho alemán en el Heidelberg Latin American Center y asociado del área civil en Extraley Perú. Especialista del departamento de derecho civil y procesal civil del Centro de Investigación de los Estudiantes de Derecho (CIED) de la Universidad San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Asociado y miembro del área de investigación del Círculo de Arbitraje con el Estado (CAE). Sumario.- 1. Introducción, 2. ¿Qué se entiende por actos o conductas de competencia desleal?, 2.1. La constitucionalidad de la libre y leal competencia, 3. La tipicidad y atipicidad de los actos o conductas de competencia desleal, 4. El efecto (real o potencial) de los

¿Es mejor un mal juicio a cualquier arreglo?: la ineficiencia de la regulación de la condena de costas y costos en el sistema de protección al consumidor

Por Gustavo Rodríguez García, Abogado PUCP. Magister por la Universidad Austral. Ha sido Summer Scholar por The Coase-Sandor Institute for Law & Economics en la Escuela de Leyes de la Universidad de Chicago, cuenta con estudios en Economía Conductual por la Escuela Booth de Negocios de la Universidad de Chicago y en Behavioral Insights & Public Policy por la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard. Si ha estudiado o estudia leyes, es altamente probable que haya escuchado o leído la frase “más vale un mal arreglo que un buen juicio”. La frase, siendo simple, transmite el mensaje claro de que, en general, es deseable arribar a una solución célere y voluntaria respecto de cualquier disputa antes que

Apuntes sobre el teletrabajo internacional

Por Daniel Francisco, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Harvard. Especialista en Movilidad Global (GMS-T®) certificado por Employee Relocation Council Worldwide. Asociado Senior del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados y profesor de Derecho Laboral en ESAN Graduate School of Business. Asociado Extraordinario de la Asociación Civil Themis. INTRODUCCION A raíz de la pandemia de COVID-19, el teletrabajo ha llegado para consolidarse como una forma de trabajo funcional y permanente en el ámbito laboral. Este fenómeno demostró ser una herramienta efectiva debido a la necesidad de mantener la continuidad de las operaciones durante las restricciones sanitarias, y es común y legalmente reconocido en diversas jurisdicciones. A pesar del levantamiento

Defender el principio deliberativo: Control jurisdiccional del procedimiento legislativo

Por Juan Carlos Jara Castro, bachiller en Derecho por la PUCP, asistente de docencia del curso de Derecho Constitucional en la misma casa de estudios, miembro del Grupo de Investigación en Derechos Fundamentales, Derecho Comparado, Tecnología y Neurociencia (GIDEFTEN) y el Grupo de Investigación sobre Teorías de la Justicia y Derecho (GRIJUS). …la ley es una regla general (norma general) que surge con el asentimiento de la representación del pueblo en un procedimiento caracterizado por la discusión y la publicidad. Todos los principios esenciales para el Estado de Derecho están incluidos institucionalmente en este concepto de ley, y en él reciben su forma Ernst Wolfgang Böckenförde, Estudios sobre el Estado de Derecho y la democracia En los últimos meses, el

El inicio del debate sobre la implementación del juicio por jurados en el Perú

Por José Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller “Florencio Mixan Mass” de la Universidad Mayor de San Marcos y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Desde hace varios meses (años) vivimos en una convulsión y completa inestabilidad política que afecta principal y directamente nuestro sistema de justicia. Prueba de ello es que todos los días nos encontramos con nuevas investigaciones que contienen un tinte de corrupción bastante marcado. Se incrementa y consolida la desconfianza que los ciudadanos tienen sobre el sistema de justicia. Es evidente que parte de este “descontrol” político/social se visibiliza en las investigaciones y procesos contra las principales autoridades