«El problema de los incentivos perversos rara vez depende de la intención de los participantes. Surge, más bien, cuando el propio diseño regulatorio premia determinadas conductas más que otras».
«El TPF ha modificado la manera en que las partes evalúan el riesgo de litigar y ha introducido a un actor externo -el financista- en un proceso pensado sobre la base del consentimiento de las partes, generando fricciones con principios asentados en la práctica arbitral: la confidencialidad, la imparcialidad del tribunal, la autonomía de la parte financiada y la previsibilidad de la asignación de costas».
«En consecuencia, la ausencia de una regulación expresa de la regularización tributaria para los delitos aduaneros no constituye, por sí sola, un argumento suficiente para descartar cualquier posibilidad de extensión. Por el contrario, la existente evolución de los criterios jurisdiccionales, la identidad estructural existente entre determinados delitos tributarios y aduaneros, la aplicación supletoria del Código Tributario, el reconocimiento de la analogía in bonam partemy la propia orientación político-criminal reflejada en la figura de la sustitución permiten sostener que existe una base jurídica razonable para promover dicha ampliación».
«En el plano territorial, la implementación de juzgados itinerantes en zonas rurales de difícil acceso reduciría significativamente las barreras geográficas identificadas, permitiendo que el sistema llegue a las comunidades en lugar de exigir que las comunidades lleguen al sistema. Esta medida debe ir acompañada de la creación de un registro oficial de intérpretes judiciales con formación en terminología jurídica para las principales lenguas nativas (quechua, aymara y lenguas amazónicas), cuya incorporación sistemática a los procesos judiciales en zonas bilingües es una exigencia directa del artículo 8.1 de la CADH».
Por Ricardo Carrasco Huamaní, asociado del Área Tributaria de Pérez-Llorca, Miranda & Amado. 1. Introducción La modernización tecnológica de la Administración Tributaria ha reconfigurado sustancialmente la manera en que esta se comunica con los contribuyentes. Particularmente, en el caso de la SUNAT, el sistema de notificaciones electrónicas a través del Buzón SOL (SUNAT Operaciones en Línea) se ha consolidado como el canal más utilizado para efectuar notificaciones dentro de los procedimientos de fiscalización tributaria. Esta regla se encuentra prevista en el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario, y cuyas disposiciones para su aplicación se han regulado a través de la Resolución de Superintendencia No. 014-2008/SUNAT. Así, según el artículo 6 de dicha resolución, la SUNAT estableció la obligación
«En ese línea, y ante el vacía normativo, a la fecha hay dos propuestas legislativas que tienen como objetivo principal regular el reconocimiento del trabajador marítimo; no obstante, ambas presentan aspectos positivos y riesgos operativos importantes. Por un lado, un aspecto positivo es que se reconozca el trabajo marítimo como actividad de alto riesgo, no solo porque evita ambigüedades respecto a la interpretación de las actividades que actualmente figuran en el Anexo 5 del Decreto Supremo N°009-07-SA, sino además un el nivel de protección más alto en materia de seguridad social».
«Desde esta perspectiva, la cautela no representa una excepción al debido proceso, sino una manifestación necesaria del mismo. Un sistema judicial que permite obtener una sentencia formalmente correcta pero materialmente inútil no satisface plenamente las exigencias constitucionales de administración de justicia.»
#LitisProcesal 📖 ¿Por qué se afirma que la #preclusión influye en la garantía de seguridad dentro del proceso?, ¿Qué criterios son importantes para la admisión de una prueba y cómo se relaciona con la teoría de la #PruebaIlícita? En la presente entrevista, Rafael Viera, socio fundador de Viera Abogados, introduce el nuevo blog “Litis Procesal”, un espacio académico orientado a difundir la cultura jurídica en materia de #DerechoProcesal y #Litigios complejos. ¿Qué opinas sobre esta nueva iniciativa? ¡Coméntanos! ⬇️ https://youtu.be/Pk6pxBF9rCs
«La existencia de un proceso judicial tampoco justifica automáticamente la paralización o suspensión del procedimiento. La inhibición administrativa únicamente resultará procedente cuando la controversia sea indispensable para adoptar la decisión municipal y exista una estricta identidad de sujetos, hechos y fundamentos. Distinto es el supuesto de un mandato judicial expreso que ordene suspender actuaciones o mantener una determinada situación, el cual deberá ser cumplido en sus propios términos».
«En atención a ello, consideramos preocupante que en la actualidad se haya excluido a los partidos políticos del sistema penal, siendo esta también una asociación que por los fines que cumple debería tener mayores controles. Caso contrario, se podrían presentar situaciones en las cuales el partido pueda ser utilizado para cometer delitos al ser una zona exenta de control por dichos actos, tales como: lavado de activos, financiamiento del terrorismo, entre otros; y, los cuales no serían pasibles de ser investigados en el marco de un proceso penal. Lo que a su vez podría contravenir los tratados de lucha contra la corrupción, el lavado de activos y la criminalidad organizada».
