Administrativo

¿Usted es parte de este «juego»? La extensión del convenio arbitral a partes no signatarias, ¿puede incluirse al Estado en un arbitraje comercial privado?

Por Karen Giuliana Loarte Florez, abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios de maestría en Derecho Civil por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con especialización en Arbitraje en Contrataciones con el Estado por el CARC PUCP y en Arbitraje Internacional e Inversiones por la Universidad del Pacífico. Asimismo, cuenta con una especialización en proceso civil, arbitraje y mediación por la Universidad de Salamanca y en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Ex becaria de la Fundación Carolina. Actualmente, forma parte del Equipo de Arbitraje de la Procuraduría Pública del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 1. Introducción: En el año 2019 se celebró en la ciudad de Lima, Perú, un evento deportivo

Editorial | Crisis sanitaria y estructural: el problema estructural de la fiscalización sanitaria

Por Enfoque Derecho I. Introducción A finales del mes de marzo, una serie de fallecimientos consecutivos no explicados empezaron a suscitarse en diversas clínicas del país. Luego de varios reportes de reacciones adversas producto de un lote de suero fisiológico, la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid) emite un comunicado que desata un caos mediático. El organismo emite una alerta sanitaria sobre el suero fisiológico de Medifarma con altas concentraciones de sodio, cuyos efectos son letales para las personas. Posteriormente, el principal proveedor de suero fisiológico del país, el laboratorio Medifarma, reconoció un error en la producción de ciertas unidades de suero, producto de la diligencia de un par de empleados. Días después, Digemid procede a anunciar el

La tecnología blockchain y las criptomonedas en Perú: retos y perspectivas legales

Por Carlos A. Gutierrez Ballesteros, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en derecho corporativo, nuevas tecnologías e incubación de startups. Miembro del Colegio de Abogados de Lima. I. Introducción En un contexto de creciente interés global por las tecnologías emergentes, Perú enfrenta el desafío de adaptar su marco legal a las realidades emergentes de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Estas tecnologías han revolucionado el sector financiero y otros ámbitos económicos al ofrecer mayor transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones digitales. Sin embargo, la ausencia de un marco regulatorio claro genera incertidumbre tanto para los inversionistas como para los usuarios que buscan participar en el ecosistema cripto. El presente artículo analiza los principales retos y

Las APPs y el mecanismo G2G: procedimientos administrativos y desafíos actuales

Por Fabricio Gabriel Rodríguez Rivas, estudiante de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y miembro del Consejo Editorial de Enfoque Derecho. 1. Introducción El Perú enfrenta una brecha de infraestructura aproximada de 110 mil millones de dólares afectando sectores clave como transporte, salud, energía, telecomunicaciones, así como agua y saneamiento, de acuerdo con el Instituto Peruano de Economía (IPE)[1]. Por tanto, para cerrar esta brecha, el Estado debe seguir impulsando mecanismos de contratación que promuevan la inversión y la eficiencia en la ejecución de obras y servicios públicos, así como buscar la mejor alternativa para la gestión de sus recursos. En este artículo nos centraremos en dos modalidades de contratación pública que considero complementarias

Cuando el precedente vinculante obvia la ratio decidendi: Análisis de la Casación 1532-2017 Huánuco.

Por Carolina Marilyn Morán Ocampo, abogada por la Universidad Nacional de Piura, con el Grado de Maestro en Derecho con Mención en Derecho Civil y Comercial por la misma casa de estudios y docente universitaria. 1. Introducción El artículo 19 del Código Civil precisa que toda persona tiene el derecho y el deber de  nombre, el que incluye los apellidos. El mencionado derecho forma parte del derecho a la identidad, reconocido por el artículo 2 inciso 1 de la Constitución Política del Perú. El derecho a la identidad constituye un derecho humano y como tal es de carácter universal, inalienable, intransferible e irrenunciable. Así también, constituye uno de los supuestos para el libre desarrollo de la personalidad del ser humano,

Suspensión de peajes Línea Amarilla: Análisis de la medida cautelar solicitada

Por Enfoque Derecho Introducción: La concesión de peajes en Lima, particularmente la concesionaria Línea Amarilla, ha sido objeto de controversia y litigios a lo largo de los últimos años, especialmente por los conflictos derivados de las gestiones de la exalcaldesa Susana Villarán. En el contexto de estas concesiones, se incluye la implementación de cobros de peajes en diversas rutas que afectan a miles de usuarios diariamente. En este caso, se suma el hecho de que una investigación penal en torno a presuntos actos de corrupción vinculados a la firma del contrato de concesión y sus adendas ha sido utilizada como fundamento para solicitar la suspensión de los peajes. El Ministerio Público ha pedido la suspensión de los cobros en el

El plazo de caducidad en arbitrajes de contratación pública: Días no laborables ¿días hábiles o inhábiles?

Por Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas, Profesor universitario del curso de MARCS en la Universidad Científica del Sur. Se desempeña como árbitro en distintas instituciones arbitrales, y cuenta con un Máster en Dirección en Gestión de Proyectos por la Universidad Rey Juan Carlos. Fundador de Peruvian Young Arbitrators y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. El principio de igualdad ante la ley, nos asegura en su ámbito formal, que las normas y reglamentos se apliquen de manera equitativa para todos, pero ¿cómo se aplicaría este principio, si nos encontramos en un contrato público, que tiene un convenio arbitral?, las partes a veces son catalogadas de manera distinta, y esa distinción se presume cuando inician un arbitraje. En

El Perfil de Cumplimiento Tributario: Claves, críticas y oportunidades de mejora

Por Nicolás Valverde, asociado del área tributaria del estudio Miranda & Amado Como recordarán, el 19 de marzo de 2022 se promulgó el Decreto Legislativo No. 1535 («DL1535»), que introdujo un nuevo sistema para evaluar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y no tributarias frente a la SUNAT. Este sistema, conocido como «Perfil de Cumplimiento», busca fomentar el cumplimiento voluntario de dichas obligaciones por parte de los contribuyentes y optimizar la fiscalización sobre estas, por parte de la SUNAT. Para ello, los contribuyentes son evaluados y categorizados en función a diversas variables en búsqueda de medir su nivel de cumplimiento, lo que puede traducirse en beneficios o restricciones. No obstante, a pesar de los ambiciosos objetivos de esta normativa,

Construir o destruir: La posible derogación de la Ley del Servicio Civil y eliminación de Servir

Por Enfoque Derecho Acceder al mundo laboral nunca ha sido sencillo, menos en estos tiempos donde existe tanta competencia y tan pocos puestos de trabajo formales. En el sector privado, existe un amplío margen de discrecionalidad para las empresas, que pueden adecuar la oferta a sus necesidades y descartar postulantes que no ajusten al perfil esperado —siempre que no existan motivos discriminatorios, claro está—. De igual forma, la empresa tiene discrecionalidad para decidir aspectos dentro de ella, como los ascensos, política remunerativa, etc. En el sector público, el aspecto laboral no funciona igual. La discrecionalidad de las empresas privadas se reemplaza por principios como la transparencia, mérito, rendición de cuentas, entre otros. Por ejemplo, esto se puede evidenciar con el

La condición menos favorable en el procedimiento sancionador de la Dicapi

Por Bruno Ramos Huaytalla, Abogado por la Universidad Científica del Sur y abogado del Programa de Gobernanza Marina de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. El 21 de diciembre de 2016, la Ley de Procedimiento Administrativo General (“LPAG”) fue modificada mediante el Decreto Legislativo N° 1272. A partir de esta modificación, se estableció en el numeral 2 del artículo II, título preliminar, que la LPAG contiene normas comunes aplicables a todos los procedimientos administrativos, incluyendo los especiales. Estos procedimientos especiales no pueden imponer condiciones menos favorables a los administrados que las establecidas en dicho texto normativo. Actualmente, las normas comunes del procedimiento administrativo contenidas en la LPAG deben prevalecer necesariamente respecto de las normas de procedimientos especiales[1]. El hecho que