Código Procesal Penal

Comentarios críticos a las observaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que restituye y modifica la detención preliminar en casos de no flagrancia

Por José Allemant Florindez, Socio del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú y Jhoel Julca Vásquez, Asociado del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú. La detención preliminar en el sistema penal peruano En nuestro sistema de justicia, la detención preliminar se constituye en una medida excepcional en la investigación de delitos y la protección de los intereses de la justicia. En buena cuenta, esta permite privar de su libertad a una persona durante un periodo muy breve y en cumplimiento de ciertas condiciones, fundamentalmente, cuando se aprecie la existencia de indicios razonables de su participación en un delito grave, así como cuando la acción sea necesaria e imprescindible para evitar la fuga o la

Consulta Legal | ¿Cuáles son los efectos de la Ley N° 32130?

#DiscusionesSobreJusticiaPenal ⚖️ ¿Cuáles son los efectos de la Ley N° 32130, ley que modifica el Código Procesal Penal y delega la función de la investigación del delito a la Policía Nacional del Perú (#PNP)? ¿Permitirá la agilización de los procesos penales? Aaron Aleman, abogado por la PUCP, y especialista en Prevención, Control y Sanción de la Corrupción por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) absuelve estas interrogantes. Déjanos tu Consulta Legal en los comentarios y cuéntanos qué duda te gustaría resolver en el siguiente video.

La importancia de la confianza en el sistema de justicia: desmitificando la facultad de los jueces legos en la administración de justicia

Por José Miguel Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller «Florencio Mixan Mass» de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. La corrupción es un problema -desgraciadamente- innato en nuestra sociedad y engloba diversos contextos. Pero, evidentemente esto no es reciente. No viene de hace dos, tres ni mucho menos cinco años. Es un problema “endémico” que se refleja directamente en diversas encuestas y estudios de opinión. Para mencionar uno del año 2022, (XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022 – PROÉTICA) esta indica que la percepción de corrupción en el

El inicio del debate sobre la implementación del juicio por jurados en el Perú

Por José Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller “Florencio Mixan Mass” de la Universidad Mayor de San Marcos y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Desde hace varios meses (años) vivimos en una convulsión y completa inestabilidad política que afecta principal y directamente nuestro sistema de justicia. Prueba de ello es que todos los días nos encontramos con nuevas investigaciones que contienen un tinte de corrupción bastante marcado. Se incrementa y consolida la desconfianza que los ciudadanos tienen sobre el sistema de justicia. Es evidente que parte de este “descontrol” político/social se visibiliza en las investigaciones y procesos contra las principales autoridades

¿Existe diferencia entre la obligación de no ausentarse de la localidad de residencia y el impedimento de salida?

Por Robert Milton Velasque Rodas, bachiller en Derecho por la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, master con mención en derecho penal y procesal penal y asistente legal en el estudio jurídico Córdova & Asociados. Introducción: El Código Procesal penal del 2004 (CPP) regula, como medidas coercitivas de naturaleza personal, la detención preliminar, la prisión preventiva, la comparecencia (simple y restringida), la detención domiciliaria, la internación preventiva, el impedimento de salida y la suspensión preventiva de derechos. Estos se materializan en resoluciones judiciales, debidamente motivadas, en el marco de un proceso penal, con el objetivo principal de asegurar la celebración de la etapa estelar del proceso penal y consecuentemente la sentencia. Así,  el artículo 253 del CPP señala

Más rápido, mejor. ¿Ayudará la Ley N° 31960 a que los padres cumplan con su obligación alimentaria?

Por Darwin D. Delao Lizardo, abogado por la Universidad “San Juan Bautista”, socio fundador de D&D Consultores Jurídicos, Maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad “Cesar Vallejo” y en Ciencias Penales en la Universidad Nacional “Hermilio Valdizán”   1. INTRODUCCIÓN Debemos tener presente que el derecho penal es la última salida o alternativa a un conflicto que se presente en la sociedad. Es decir, el principio de intervención mínima del derecho penal es compatible con el dicho popular “en casos extremos, medios extremos”[1]. Según el Boletín Estadístico del Ministerio Público correspondiente al mes de octubre del 2023[2], a nivel nacional existen 66,677 personas procesadas por el delito de omisión a la asistencia familiar, regulado en el artículo

Hacia otra modificación del Nuevo Código Procesal Penal: El límite entre un trato diferenciado y discriminatorio

Por Fabiana Infantas, Estudiante de la facultad de Derecho PUCP. Asistente de docencia de «Instituciones del Derecho Sancionador» y «Sociología y Derecho». Integrante de la comisión de Desarrollo Social de Themis. Lima vive una situación insostenible de inseguridad ciudadana. La noticia más reciente es que el Cercado de Lima y Lince han sido añadidos a la lista de distritos que fueron declarados en estado de emergencia junto con San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana (Piura). Además de estas medidas, el Poder Ejecutivo no ha tenido mejor solución como respuesta al crimen organizado y la delincuencia que modificar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal. Frente a ello, cabe preguntarnos, ¿será esta la solución que

Editorial | ¿Colaboración “eficaz”? Análisis del Proyecto de Ley 565

Por Enfoque Derecho Introducción y hechos En octubre de 2022, la iniciativa legislativa conocida como Proyecto de Ley 565, que modifica los artículos referidos al proceso especial por colaboración eficaz, enfrentó dificultades para obtener la cantidad requerida de votos necesarios para su aprobación debido a las posibles limitaciones que supondría a las facultades del Ministerio Público. En dicho momento, la fiscal Zoraida Ávalos expresó su rechazo alegando que atentaba contra la lucha anticorrupción y el crimen organizado[1]. En términos generales, esta propuesta buscaba fortalecer el proceso especial por colaboración eficaz mediante modificaciones en los artículos 473, 476-A y 481-A del Nuevo Código Procesal Penal, así como en el artículo 409-B del Código Penal. Esta establecía un plazo máximo de 8

¿Y si modificamos el artículo 336° del Código Procesal Penal?

Por José Molina Cayo, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres. Integrante del Taller “Florencio Mixan Mass” de la Universidad Mayor de San Marcos. Practicante del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados I. Introducción El presente artículo tomó más tiempo de lo esperado, pero lo suficientemente necesario para reflexionar. Inició a partir de un trabajo respecto al control de plazo, pero no logró concretarse rápidamente. En dicho artículo se identificó la conclusión de la investigación preparatoria en el derecho comparado. Fue ahí donde se advirtió de la institución colombiana de la “formulación de la imputación” (artículo 286° y siguientes del Código de Procedimientos Penales), que consiste en la sustentación por

¿Se anula el proceso penal? Procedencia de la cuestión previa interpuesta por Pedro Castillo

Por Enfoque Derecho Cronología y contexto del caso El pasado 7 de diciembre, horas después del mensaje a la Nación donde Pedro Castillo Terrones pretendió efectuar el golpe de Estado, el expresidente fue detenido en flagrancia delictiva, acorde al artículo 2 inciso 24 literal “f” de la Constitución, por la presunta comisión del delito de rebelión. Castillo Terrones habría estado dirigiéndose a la Embajada de México para recibir asilo político, conforme a declaraciones e investigaciones posteriores. Asimismo, mediante la Resolución 001-2022-2023-CR, aquel mismo día el Congreso declaró la vacancia del exmandatario por incapacidad moral permanente; causal tipificada  en el artículo 113 inciso 2 de la Constitución. El día 8 de diciembre se emitió el auto que resolvió el requerimiento de