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Breves comentarios sobre los límites del principio Iura Novit Curia

Por Diego Alonso Pajares Mantilla, estudiante del décimo ciclo de la Universidad Privada del Norte. Asistente legal en el estudio Jurídico Hora Asociados S.A.C. Introducción El principio de dirección del proceso, históricamente, significó el comienzo de uno de los límites a los excesos del sistema privatístico, sobre el cual el juez tuvo un desarrollo totalmente pasivo2, siendo este principio que impulsó la incorporación el sistema publicístico en el proceso civil moderno. El Código Procesal Civil peruano incorporó este principio en el Título Preliminar3, permitiendo que el juez tenga un rol activo, es decir, un papel protagónico dentro del proceso. Ello, se vio complementado con el principio de impulso oficioso, que puede ser calificado como un subprincipio en tanto es una

Las OXI desde otra perspectiva

Por Fernando Ocampo, Director de Damma Legal Advisors. Abogado de la PUCP y magíster por The London School of Economics and Political Science (LLM) y por EALDE Business School (gestión de riesgos). Miembro de la World Compliance Association Hace algunas semanas, PROINVERSION y el MEF anunciaron, de manera entusiasta, que el Estado tiene en cartera 129 proyectos prioritarios a fin de ser ejecutados bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), representando aproximadamente USD 2,225 MM. De todos estos proyectos, en este año se adjudicarían 19[1]. El mecanismo de OxI permite, en simple, agilizar la ejecución de proyectos de inversión de interés público, a través de procedimientos menos complejos y burocráticos que los regulados por la normativa de contrataciones estatales

Una norma, dos caminos: ¿es pertinente el Decreto de Urgencia N.º 008-2020?

Por Darwin D. Delao Lizardo, abogado por la Universidad San Juan Bautista, socio fundador de D&D Consultores Jurídicos, maestrando en Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad Cesar Vallejo y en Ciencias Penales en la Universidad Nacional Hermilio Valdizán “La justicia es como la serpiente, solo muerde a los descalzos” Arzobispo Oscar Arnulfo Romero INTRODUCCIÓN Erick y Juan son dos padres de familia que afrontaron un proceso de alimentos y debido al incumplimiento fueron denunciados penalmente y sentenciados por el delito de omisión a la asistencia familiar[1]. Sin embargo, Juan está libre y Erick está internado en un establecimiento penitenciario. En este contexto, y viendo la situación de los penales del país, el gobierno de turno promulgó el Decreto

La fiscalización ambiental en el sector saneamiento: Análisis de la subsanación voluntaria en aras de lograr la seguridad jurídica

Por Rolando García Castillo, abogado por la Universidad Científica del Sur. Socio de Edam abogados, Boutique legal en litigio ambiental y corporativo; y Bruno Ramos Huaytalla, abogado por la Universidad Científica del Sur y parte de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. La fiscalización ambiental tiene por objeto verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales contenidas en los instrumentos de gestión ambiental, compromisos ambientales, medidas administrativas y la legislación ambiental general y sectorial. Para lograr una fiscalización ambiental eficiente, oportuna y preventiva, la Ley Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (SINEFA) estableció que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) es el ente rector del SINEFA en el Perú. Sin embargo, en la actualidad el Oefa no tiene

Propuesta de reforma del artículo 99 de la Constitución

Por Carlos Arias Suárez. Abogado por la PUCP. Con estudios de maestría en Derecho con mención en Política Jurisdiccional por la misma casa de estudios. Adjunto de docencia de cursos de Procesal y Constitucional de la facultad de Derecho de la Pucp. A propósito de la reciente inhabilitación y “destitución” del cargo de Fiscal Suprema a Zoraida Ávalos por parte del Congreso de la República, cabe formular válidamente la siguiente interrogante: ¿resulta constitucionalmente válido inhabilitar y/o “destituir” a un juez supremo por supuesta infracción a la constitución de conformidad con el texto vigente del artículo 99 de la Constitución? Esta disposición constitucional establece que la Comisión Permanente está facultada para acusar ante el Congreso de la República, entre otros, a

“De la luz a las tinieblas: el deber de garante en el delito de trata de personas y su tratamiento en el Perú”

Por Enrique Alberto Pimentel Palomino, bachiller en Derecho PUCP, trabaja en el CICAJ-PUCP, adjunto de cátedra en la Facultad de Derecho PUCP en cursos de derecho penal. Resumen: El presente texto analiza el delito de trata de personas y su estrecha vinculación con la omisión impropia, sobre todo con el deber de garante. En esa línea, la víctima es expuesta a una serie de peligros que el tratante ha generado. Entonces, es en estas situaciones de peligro de la víctima, cuando el Derecho penal se pregunta si la posición de garantía le es exigible al tratante en todo momento o en determinados casos. Así, el autor analiza, primero, la figura jurídico-penal del delito de omisión impropia para, después, extrapolar sus

Sociedades BIC: ¿Cómo fomentar su creación en el Perú?

Por Ricardo Vargas Llerena. Estudiante de Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro principal del Taller de Derecho Empresarial y Financiero – TADEF y conciliador extrajudicial acreditado por el Ministerio de Justicia y Derecho Humanos. 1.Introducción En el año 2015, diversos jefes de estado suscribieron la Agenda 2030, la misma que contenía los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible direccionados a la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y el aseguramiento de la prosperidad para todos. Empero, para la concretización de estos, se requeriría del apoyo en creatividad, conocimiento, tecnología y recursos financieros, tanto de los gobiernos como de la sociedad civil y del sector privado. Este último a partir de que la población y las

El derecho de propiedad y su afectación por la delimitación de una faja marginal

Por Armel Fort López, Alumno de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Asociado y ex-miembro del Consejo Directivo de la Revista Jurídica Advocatus. Socio CEA-40 del Club Español e Iberoamericano del Arbitraje. Actualmente es practicante de Energía y Recursos Naturales en DLA Piper Perú. El objeto del presente artículo es desarrollar las consecuencias jurídicas que supone de la delimitación de una faja marginal por parte de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) respecto al derecho de propiedad de las personas que habitan en los predios rústicos aledaños a los ríos (los sujetos pasivos). En este marco, se demostrará que el Estado no puede atribuirse la propiedad de todos los terrenos ubicados dentro de las fajas marginales, sin

Una de cal y otra de arena: el Informe Final de Instrucción y el debido procedimiento administrativo, reflexiones desde las sentencias emitidas por el Poder Judicial

Por André Castañeda Hidalgo, abogado y Magister en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad Privada de Tacna. Se ha desempeñado como jefe (e) del Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos del INDECOPI de Tacna y asesor legal de la Corte Superior de Justicia de Tacna. . 1.-      Antecedentes La declaración de la voluntad administrativa debe construirse con el estricto cumplimiento de la estructura del procedimiento administrativo, respetando los derechos y garantías impuesto por el ordenamiento jurídico como requisito para su nacimiento. En lo que respecta a los procedimientos administrativos sancionadores, el Decreto Supremo 0004-2019-JUS, que aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (“TUO de la LPAG”), establece -entre otras garantías- la obligación

Cutting of red tape: menos barreras, menos corrupción y más competencia

Por Diego Gutiérrez Asencios. Especialista en regulación y competencia por la Universidad Carlos III de Madrid y abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asesor legal en el Congreso de la República y ex abogado de la Secretaría Técnica Regional de Eliminación de Barreras Burocráticas del Indecopi. El pleno del Congreso de la República aprobó el jueves pasado la segunda votación del Proyecto de Ley N° 500 (iniciativa de la congresista Adriana Tudela), en adelante “Proyecto de Ley Antibarreras”, que propone fortalecer la prevención y eliminación de barreras burocráticas en aras de promover la competitividad y la reactivación económica del país. Desde hace más de 25 años el Indecopi tiene, entre otras funciones, el rol de detectar e inaplicar