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El arraigo domiciliario sobrevenido: Una propuesta frente a circunstancias excepcionales en la prisión preventiva

Por Hubert Ken Alejo Zea, abogado litigante en materia penal y civil patrimonial. I. Concepto de arraigo Los arraigos son criterios[1] racionales[2] o circunstancias[3] objetivas acreditativas[4] corroborables[5] preexistentes o concurrentes que permiten evaluar el establecimiento de una persona en un lugar determinado, así como su vinculación con dicho entorno. Estos criterios se utilizan para ponderar la probabilidad de que, frente a la acción penal, la persona tenga mayores o menores incentivos para evadir la acción de la justicia. Los arraigos no se encuentran sujetos a una lista delimitada y cerrada (numerus clausus), sino a una de numerus apertus. Además, están vinculados a ramas del derecho distintas al penal como el derecho laboral, civil, tributario, comercial, entre otras, por lo que

La tecnología blockchain y las criptomonedas en Perú: retos y perspectivas legales

Por Carlos A. Gutierrez Ballesteros, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con experiencia en derecho corporativo, nuevas tecnologías e incubación de startups. Miembro del Colegio de Abogados de Lima. I. Introducción En un contexto de creciente interés global por las tecnologías emergentes, Perú enfrenta el desafío de adaptar su marco legal a las realidades emergentes de la tecnología blockchain y las criptomonedas. Estas tecnologías han revolucionado el sector financiero y otros ámbitos económicos al ofrecer mayor transparencia, seguridad y eficiencia en las transacciones digitales. Sin embargo, la ausencia de un marco regulatorio claro genera incertidumbre tanto para los inversionistas como para los usuarios que buscan participar en el ecosistema cripto. El presente artículo analiza los principales retos y

Adhesión Limitada en el Arbitraje de Consumo: ¿Una Solución Equitativa o una Limitación para el Consumidor?

Por Jenifer Paola Samaniego Huayanay, bachiller en Derecho por la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Becaria del INDECOPI en el Programa de Extensión Universitaria (PEU). Experiencia en áreas del derecho administrativo, Registral, del Consumidor y Propiedad Intelectual. I. Introducción El arbitraje de consumo es un mecanismo alternativo de resolución de conflictos que se ha consolidado como un mecanismo sustancial para la protección de los derechos de los consumidores. Su atractivo radica en su carácter gratuito, célere, confidencial y sin la necesidad de acudir con un abogado [1]. Sin embargo, la posibilidad de que los proveedores establezcan limitaciones al momento de adherirse al sistema plantea un dilema importante. La cuestión central es si estas restricciones benefician o perjudican a los consumidores.

A propósito de la Ley 32209: ¿Un paso necesario o un retroceso en la lucha contra el delito de extorsión?

Por Jorge Oscar Kartolovich Sernaque, bachiller por la Universidad San Martín de Porres. El 20 de diciembre de 2024 se promulgó la Ley 32209, que incorpora el Artículo 3-B a la Ley 27693 (ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera). Cuyo texto del nuevo artículo es el siguiente: Artículo 3-B. Solicitud de congelamiento administrativo de cuentas bancarias Las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, luego de recibir una o más denuncias por el delito de extorsión y determinar la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, pueden requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) el congelamiento de fondos

Comentarios críticos a las observaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que restituye y modifica la detención preliminar en casos de no flagrancia

Por José Allemant Florindez, Socio del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú y Jhoel Julca Vásquez, Asociado del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú. La detención preliminar en el sistema penal peruano En nuestro sistema de justicia, la detención preliminar se constituye en una medida excepcional en la investigación de delitos y la protección de los intereses de la justicia. En buena cuenta, esta permite privar de su libertad a una persona durante un periodo muy breve y en cumplimiento de ciertas condiciones, fundamentalmente, cuando se aprecie la existencia de indicios razonables de su participación en un delito grave, así como cuando la acción sea necesaria e imprescindible para evitar la fuga o la

Criterios para la identificación del cónyuge más perjudicado en la indemnización por divorcio trás la separación de hecho

Por Alberto Francisco Defilippi Estrada, estudiante del décimo ciclo de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur. El objeto del presente artículo desarrolla los criterios para la identificación del cónyuge más perjudicado en el divorcio por causal de separación de hecho como disolución del vínculo matrimonial producido por la separación real de los sujetos. Además, en la forma como consagra la indemnización el artículo 345-A del Código Civil otorgando en beneficio del cónyuge que se encuentra en una situación económica desfavorable como consecuencia de los hechos que precipitan la disolución del vínculo matrimonial mediante el divorcio. El ánimo de escribir sobre la materia versa de la distorsionada aplicación que se hace al momento de otorgar la indemnización, debido a que

La Responsabilidad solidaria de los administradores que ejercen el cargo de dirección, administración o representación de la empresa bajo el nuevo criterio del Indecopi

Por Manuel Valvas, Legal Assitant en KPMG en Perú, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialidad en Derecho de Protección al Consumidor por la misma casa de estudio. Introducción: En el ámbito del Derecho Mercantil, la responsabilidad solidaria de los administradores, como gerentes, directivos y/o representantes legales, consiste en la posibilidad de que estos puedan ser considerados responsables de manera conjunta no solo por infracciones administrativas, sino también por aquellas de carácter civil y/o penal cometidas por la entidad que representan. En otras palabras, esta figura jurídica busca asegurar que aquellos que tienen la capacidad de tomar decisiones dentro de una organización, respondan por las infracciones generadas bajo su gestión o supervisión. En Perú, el Instituto Nacional

La preocupación por el financiamiento climático en la COP29: una visión desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Por Luis Alejandro Pebe, miembro del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos cumplen una función esencial frente a los desafíos críticos que la crisis climática plantea para la protección de los derechos humanos a nivel global, como ha sido enfatizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[1]. En este contexto, resulta imperativo que tanto el sector público como el privado implementen enfoques que reconozcan las implicaciones integrales y profundas de esta crisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría

¿Apelación del auto de enjuiciamiento? otra grave contrarreforma de la Ley N.° 32130

Por Cristhoffer Simon Borjas, abogado contratado del área penal del Estudio Muñiz Una de las reformas que trajo consigo la promulgación de la Ley N.° 32130 del 10 de octubre de 2024 fue la modificación del artículo 353, numeral 1, del Código Procesal Penal, quedando redactada del siguiente modo: Artículo 353° CPP. Contenido del auto de enjuiciamiento Resueltas las cuestiones planteadas, el Juez dictará el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Con la modificación del artículo 353° del CPP se habilita la impugnación del auto de enjuiciamiento cuando se afecte el