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La preocupación por el financiamiento climático en la COP29: una visión desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos

Por Luis Alejandro Pebe, miembro del Instituto de Democracia y Derechos Humanos y del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, ambos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) Los sistemas internacionales de protección de derechos humanos cumplen una función esencial frente a los desafíos críticos que la crisis climática plantea para la protección de los derechos humanos a nivel global, como ha sido enfatizado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos[1]. En este contexto, resulta imperativo que tanto el sector público como el privado implementen enfoques que reconozcan las implicaciones integrales y profundas de esta crisis. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de la Relatoría

¿Apelación del auto de enjuiciamiento? otra grave contrarreforma de la Ley N.° 32130

Por Cristhoffer Simon Borjas, abogado contratado del área penal del Estudio Muñiz Una de las reformas que trajo consigo la promulgación de la Ley N.° 32130 del 10 de octubre de 2024 fue la modificación del artículo 353, numeral 1, del Código Procesal Penal, quedando redactada del siguiente modo: Artículo 353° CPP. Contenido del auto de enjuiciamiento Resueltas las cuestiones planteadas, el Juez dictará el auto de enjuiciamiento. Dicha resolución es recurrible si no se encuentra debidamente formulada la imputación necesaria, identificando los hechos y los elementos probatorios que tienden a acreditarla o las observaciones asumidas en la etapa intermedia. Con la modificación del artículo 353° del CPP se habilita la impugnación del auto de enjuiciamiento cuando se afecte el

El plazo de caducidad en arbitrajes de contratación pública: Días no laborables ¿días hábiles o inhábiles?

Por Rodrigo Andrés Freitas Cabanillas, Profesor universitario del curso de MARCS en la Universidad Científica del Sur. Se desempeña como árbitro en distintas instituciones arbitrales, y cuenta con un Máster en Dirección en Gestión de Proyectos por la Universidad Rey Juan Carlos. Fundador de Peruvian Young Arbitrators y miembro de la Sociedad Peruana de Derecho de la Construcción. El principio de igualdad ante la ley, nos asegura en su ámbito formal, que las normas y reglamentos se apliquen de manera equitativa para todos, pero ¿cómo se aplicaría este principio, si nos encontramos en un contrato público, que tiene un convenio arbitral?, las partes a veces son catalogadas de manera distinta, y esa distinción se presume cuando inician un arbitraje. En

Eliminación de barreras burocráticas como mecanismo de protección de las inversiones inmobiliarias: a propósito de la resolución N° 0565-2024/SEL-INDECOPI

Por David Rubio Alcántara, Bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y asistente legal del Área Inmobiliaria del Estudio De la Flor, García Montúfar, Arata & Asociados. No es una novedad que, con mayor frecuencia, desarrolladores inmobiliarios recurran al Indecopi ante la imposición de requerimientos, por parte de los gobiernos locales, que demoran la ejecución de los proyectos inmobiliarios que tienen en cartera. Dichos requerimientos, en la medida que no tienen base legal o carecen de razonabilidad, constituyen barreras burocráticas. El presente artículo tiene como finalidad desarrollar cómo la eliminación de barreras burocráticas (ilegales o carentes de razonabilidad) permiten que los proyectos inmobiliarios se ejecuten sin incrementar los costos financieros estimados en el perfil de viabilidad

Modernización al registro de personas naturales

Por Cristian Ociel Caballero Arroyo, Abogado y maestro con mención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Asistente registral en la Oficina Registral de Chiclayo. Introducción Una nueva reforma del Código Civil constituye otra oportunidad para reflexionar sobre lo importante que es revisar su texto para adecuarlo a los cambios que atraviesa la realidad que pretende regular, aún más en este contexto actual de sus cuarenta años de vigencia, dentro de los cuales resultan evidentes las ventajas que las tecnologías de la información y la comunicación han aportado al ámbito público y privado (por ejemplo, fluidez inmediata de datos, ahorro de tiempo y reducción de costos de transacción), pues la modificatoria materia de comentario tiene

La delimitación del derecho a la consulta previa. Un análisis a partir la sentencia 310/2023

Por Sofia Abigail Gálvez Vásquez, estudiante del octavo ciclo de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, coordinadora general del Círculo de Investigación de Derecho Civil y Arbitraje (CIDCA), con estudios especializados en Derecho de la Minería por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Portal Minero del Perú. I. Los hechos que dieron lugar a la sentencia Mediante sentencia (en adelante, la Sentencia) del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) del 6 de junio de 2023, publicada el 26 de junio de 2023, se resolvió el recurso de agravio constitucional planteado por la Comunidad Campesina de Asacasi representada por don Hipólito Tarapaqui Cuñas (en adelante, el Demandante) contra la resolución de folio 381, de fecha 21 de junio de 2017,

La importancia de la confianza en el sistema de justicia: desmitificando la facultad de los jueces legos en la administración de justicia

Por José Miguel Molina Cayo, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, integrante del Taller «Florencio Mixan Mass» de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y asistente del Área Penal del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. La corrupción es un problema -desgraciadamente- innato en nuestra sociedad y engloba diversos contextos. Pero, evidentemente esto no es reciente. No viene de hace dos, tres ni mucho menos cinco años. Es un problema “endémico” que se refleja directamente en diversas encuestas y estudios de opinión. Para mencionar uno del año 2022, (XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022 – PROÉTICA) esta indica que la percepción de corrupción en el

¿Suspensión del presidente de la república por 24 meses? Breves comentarios sobre la Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso N° 8662/2024-CR respecto a la suspensión presidencial

Por Eduardo Chocano Ravina, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima, cursando el XII ciclo de estudios, y de Filosofía en la Universidad TECH. Actualmente, secigrista en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Ha publicado textos académicos sobre Derecho Constitucional, Derecho relacionado con las nuevas tecnologías y Filosofía aplicada. y Franco Vásquez Robles, estudiante del XI ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad de Lima. Practicante pre-profesional en el Tribunal Constitucional, ex asistente de investigación legal en la Asociación Contribuyentes del Perú, y coordinador general del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional.   INTRODUCCIÓN El 19 de agosto del presente año se recibió por parte de la congresista Martha Moyano Delgado el

¿“Señor magistrado…”?

Por  Juan Monroy Galvez, Socio fundador del Estudio Monroy Abogados; profesor Ordinario de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Autor de numerosos libros y artículos en la especialidad; expresidente del Instituto Peruano de Derecho Procesal (INDEPRO) y vicepresidente de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil. La Real Academia Española (RAE) dice que “magistrado” es aquel que en la carrera judicial tiene una categoría superior a la de juez. Lo que no dice es que tal definición ha sido incorporada atendiendo a su uso reiterado en España. Si previamente hubiera realizado una investigación elemental sobre su origen, habría descubierto que tal definición es una deformación. Ahora, no siempre los cambios errados se deben a que los estudios

Dilucidando el principio de complementariedad: La respuesta de la CPI a la apelación venezolana en “Situación de Venezuela I”

Por Luis Alejandro Pebe Muñoz, miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú & Gabriel Fernando Espinoza Hito, Vicepresidente de la Asociación Civil Ius Inter Gentes de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. La represión contra la sociedad civil y los políticos de oposición en la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “Venezuela”) es un hecho incontrovertible y se ha configurado como un posible crimen internacional. Como Estado parte del Estatuto de Roma (en adelante, el “Estatuto”), Venezuela debe cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que requiere que las autoridades adopten medidas para prevenir tales violaciones y colaboren plenamente con las investigaciones pertinentes. La Corte Penal Internacional (en adelante,