Editorial ED

Director: Joseph Martell || Consejo Editorial: Joselyn Lira | Juan Carlos Alcántara | Phiorela Berrocal | Camila Trujillo | Lucía Zúniga | Cesar Valqui | María Fernanda Mogollón | Lucía Tijero

¿Explotación sexual en el Congreso de la República? La corrupción detrás del poder

Introducción El pasado 09 de diciembre del 2024, el auto que transportaba a Andrea Vidal fue interceptado por cuatro sicarios en el distrito limeño de La Victoria[1]. Sobre el perfil de la agraviada, se tiene que la misma es egresada de la carrera de Derecho y ocupó el cargo de asesora en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República. Sobre la escena del crimen, es importante precisar que los delincuentes dispararon alrededor de 60 balazos, cuyo principal impacto recayó en el chofer, quien falleció inmediatamente; mientras que Vidal fue conducida a la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 2 de Mayo, donde falleció el 17 de diciembre luego de estar varios días internada. Después de ello, un

Reinstauración de la pena de muerte en Perú: implicancias legales, éticas y sociales

Por Enfoque Derecho  1. Introducción: La inseguridad ciudadana en el Perú ha alcanzado niveles alarmantes, llevando a la sociedad y al Estado a buscar soluciones drásticas frente a la creciente ola de criminalidad. En este contexto, la presidenta Dina Boluarte ha planteado una propuesta que ha generado gran controversia: la implementación de la pena de muerte como medida para combatir los delitos más graves. Si bien esta iniciativa responde al clamor popular de justicia y seguridad, también plantea profundas interrogantes jurídicas, éticas y políticas sobre su aplicación en el marco del Estado de derecho y las obligaciones internacionales asumidas por el país. Es así que, el debate sobre la pena de muerte ha resurgido en el Perú con fuerza luego

¿Balanza desequilibrada? El impacto del APEC en el derecho a la educación

Introducción Los jóvenes tienen derecho a estudiar. Esta es una frase repetida innumerables veces. Después de todo, los estudiantes son el presente y futuro de un país, por ello, su formación académica constituye la columna vertebral de toda sociedad desarrollada. Bajo esa línea, no es de extrañar que en muchos ordenamientos jurídicos la educación representa el eje central de las políticas públicas, un servicio público esencial o un derecho fundamental, dependiendo a cuál se consulte. En Perú, la educación de calidad goza de cierto reconocimiento constitucional por la Carta Magna de 1993; asimismo, es imposible de ignorar en cualquier política pública del gobierno. Empero, a pesar de revestir tal importancia, la educación siempre ha sido uno de los servicios más

Suspensión de peajes Línea Amarilla: Análisis de la medida cautelar solicitada

Por Enfoque Derecho Introducción: La concesión de peajes en Lima, particularmente la concesionaria Línea Amarilla, ha sido objeto de controversia y litigios a lo largo de los últimos años, especialmente por los conflictos derivados de las gestiones de la exalcaldesa Susana Villarán. En el contexto de estas concesiones, se incluye la implementación de cobros de peajes en diversas rutas que afectan a miles de usuarios diariamente. En este caso, se suma el hecho de que una investigación penal en torno a presuntos actos de corrupción vinculados a la firma del contrato de concesión y sus adendas ha sido utilizada como fundamento para solicitar la suspensión de los peajes. El Ministerio Público ha pedido la suspensión de los cobros en el

Editorial | Seguridad sin Justicia: La Amenaza a la Independencia Judicial en la lucha contra la Criminalidad en Perú

Por Enfoque Derecho INTRODUCCIÓN: La inseguridad que vivimos hoy en Perú ha llegado a niveles críticos. Es así que, frente a esta alarmante realidad, el Congreso ha impulsado un polémico proyecto de ley que, de aprobarse, promete cambiar radicalmente el rumbo de nuestro sistema de justicia. Con esta medida, se busca enfrentar la creciente criminalidad y restaurar la seguridad en el país, aunque, lo que se discute son las implicaciones que podría generar la iniciativa legislativa en el equilibrio de poderes y la independencia judicial. Este dictamen ha sido impulsado por las bancadas de Renovación Popular y Avanza País, y ha sido defendido por congresistas como Alejandro Muñante, quien ha señalado que esta ley busca sancionar a los “jueces y

Las Penas de la Niñez: Comentarios al proyecto de ley que propone imputar a menores desde los 16 años

  Por Enfoque Derecho Introducción En el mundo contemporáneo, la protección hacia los menores de edad ha adquirido una importancia fundamental. Casi todos los ordenamientos jurídicos alrededor del mundo contienen tratamientos especiales cuando se presentan situaciones que involucran a este grupo. En el Perú, tenemos legislación en diferentes materias que prevén un tratamiento diferenciado para los menores. A partir de ello, y a manera de ejemplo, la legislación civil dispone que los casos de alimentos sean tratados en procesos breves, en vista que la decisión afectará directamente en la mayoría de los casos, a un menor de edad. Ahora bien, la legislación penal prevé que la imputación del delito solo pueda darse cuando una persona alcance la mayoría de edad,

Terrorismo de imagen: ¿Un nuevo mecanismo para censurar la libertad de prensa?

1. Introducción El 8 de octubre de 2024, durante su discurso por el aniversario del Combate de Angamos, Dina Boluarte sostuvo que la sociedad se encontraba inmersa en el fenómeno de las fake news, sugiriendo que su difusión debería considerarse como “terrorismo de imagen”. Es importante mencionar que, tras más de 100 días sin ofrecer declaraciones, la presidenta rompió su silencio ante los medios, el día martes 22 de octubre, emitió un pronunciamiento oficial en el que hizo un balance de su gestión, resaltando los avances en la recuperación económica y los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad. No obstante, aprovechó la oportunidad para referirse a las críticas negativas que recibe su gobierno, argumentando que estas solo contribuyen a

Editorial | «PUERTAS ABIERTAS AL CRIMEN»: El impacto de la Ley N.º 32108 en Perú

Por Enfoque Derecho        I.          INTRODUCCIÓN El 9 de agosto de 2024, se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley 32108[1], que introduce modificaciones significativas al Código Penal y a otras leyes penales relacionadas con el crimen organizado. Esta ley ha suscitado un amplio debate, debido a su impacto potencial en la lucha contra el crimen organizado en Perú. Uno de los cambios más críticos es la redefinición del delito de organización criminal, el cual se detalla en el artículo 317 del Código Penal y en el artículo 2 de la Ley 30077. Según la nueva legislación, una organización criminal se define como un grupo con «compleja estructura desarrollada y mayor capacidad operativa, compuesto por tres o más

¿Es la incorporación del delito de terrorismo urbano la solución para combatir la inseguridad en el Perú? Análisis del Proyecto de Ley N°9028/2024- CR

Por Enfoque Derecho   INTRODUCCIÓN La creciente ola de extorsión y la imposición de cupos en el país ha alcanzado proporciones alarmantes, desatando una creciente preocupación entre las autoridades y, lo más inquietante, sembrando un clima de incertidumbre y terror en la ciudadanía, quienes son las principales víctimas de esta ola delictiva. Los pequeños negocios, como las bodegas, y el sector de transporte público se encuentran entre los más afectados por este fenómeno criminal que, a primera vista, parece imparable. Lo más preocupante es el constante aumento de las extorsiones, que se ha venido intensificando año tras año. En el primer trimestre de 2023, el Sistema Informático de Registro de Denuncias de la Policía Nacional del Perú (PNP) reportó un

Editorial | ¿Congreso todopoderoso? Comentarios al dictamen que plantea la modificación del nuevo Código Procesal Constitucional

Por Enfoque Derecho 1. Introducción La justicia constitucional en los ordenamientos jurídicos modernos ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos tiempos; por ello, en la actualidad, vemos la proliferación de Cortes Constitucionales, encargadas de resolver conflictos entre derechos a través de sus funciones como máximos intérpretes de la Constitución. Es así que, cada día se hace innegable la necesidad de tener mecanismos constitucionales que aseguren una eficiente protección de los derechos fundamentales. En vista de ello, es imperativo que las normas que regulan estos procesos sean lo suficientemente idóneas para la protección de los derechos reconocidos por la Constitución. En nuestro país, las normas que regulan los procesos constitucionales se encuentran en el Nuevo Código Procesal Constitucional (en adelante,