Actualidad

Privatización de Petroperú: ¿Una solución viable a crisis actual?

Por Enfoque Derecho I. Contexto La cuestión sobre la empresa pública en Perú siempre ha sido un tema sumamente controvertido. Los últimos 40 años dejaron bastantes ejemplos de la ineficiencia de este tipo de empresa en nuestro país. Empero, después de las privatizaciones de los años 90’s, la presencia de las empresas públicas en el mercado peruano se redujo considerablemente. A pesar de ello, existieron algunas empresas del Estado que resistieron la política de privatización de por aquel entonces; entre ellas, se encuentra Petroperú, la cual en el último año ha adolecido de una profunda crisis sin precedentes. Debido a esta crisis, el pasado 13 de mayo, el renunciante directorio de Petroperú emitió un comunicado donde alertaba al público de

¿Suspensión del presidente de la república por 24 meses? Breves comentarios sobre la Proyecto de Resolución Legislativa del Congreso N° 8662/2024-CR respecto a la suspensión presidencial

Por Eduardo Chocano Ravina, estudiante de Derecho en la Universidad de Lima, cursando el XII ciclo de estudios, y de Filosofía en la Universidad TECH. Actualmente, secigrista en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Ha publicado textos académicos sobre Derecho Constitucional, Derecho relacionado con las nuevas tecnologías y Filosofía aplicada. y Franco Vásquez Robles, estudiante del XI ciclo de la carrera de Derecho en la Universidad de Lima. Practicante pre-profesional en el Tribunal Constitucional, ex asistente de investigación legal en la Asociación Contribuyentes del Perú, y coordinador general del Círculo de Estudios de Derecho Constitucional.   INTRODUCCIÓN El 19 de agosto del presente año se recibió por parte de la congresista Martha Moyano Delgado el

¿“Señor magistrado…”?

Por  Juan Monroy Galvez, Socio fundador del Estudio Monroy Abogados; profesor Ordinario de Derecho Procesal en la Pontificia Universidad Católica del Perú; Autor de numerosos libros y artículos en la especialidad; expresidente del Instituto Peruano de Derecho Procesal (INDEPRO) y vicepresidente de la Comisión Revisora del Código Procesal Civil. La Real Academia Española (RAE) dice que “magistrado” es aquel que en la carrera judicial tiene una categoría superior a la de juez. Lo que no dice es que tal definición ha sido incorporada atendiendo a su uso reiterado en España. Si previamente hubiera realizado una investigación elemental sobre su origen, habría descubierto que tal definición es una deformación. Ahora, no siempre los cambios errados se deben a que los estudios

Enfoque Semanal del 2 al 8 de septiembre

Por Enfoque Derecho. El partido de ultraderecha Alternativa para Alemania (AfD) gana las elecciones regionales en Alemania, en el estado oriental de Turingia La AfD consiguió más de 32% de los votos del Estado de Turingia, superando en nueve puntos a la CDU (Unión Demócrata Cristiana) y logrando una ventaja considerable sobre los tres partidos con más escaños en el parlamento alemán: Partido Social Demócrata (SPD), CDU y Los Verdes. Este resultado marca el primer triunfo de la extrema derecha en unas elecciones para el parlamento estatal desde la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es poco probable que pueda formar gobierno en Turingia, dado que la colaboración con otros partidos parece poco factible. Sin el respaldo de otros partidos, la AfD

Implicancias fiscales en el financiamiento empresarial: préstamos bonos y papeles comerciales

Por Luis Miguel Sánchez, asociado del área Tributaria del estudio Miranda & Amado El financiamiento de una empresa empieza como una simple necesidad de recursos dinerarios, pero con una compleja gama de soluciones financieras, que no hacen fácil la elección de una fuente de dichos recursos. Desde un punto de vista tributario, la conveniencia de cada una de estas soluciones se analiza con relación a la presión fiscal que impactará sobre la empresa y la fuente de financiamiento, buscando en la medida de lo posible ser un factor neutral en la decisión empresarial. Ello implica que, la decisión de tomar un préstamo bancario o no bancario, asistirse mediante una emisión de obligaciones, realizar una cesión de créditos y/o titulizar activos,

Editorial | ¿Cuán eficaz es crear un Ministerio de Infraestructura? Análisis del PL N° 8508/2024-PE

Por Enfoque Derecho CONTEXTO  El pasado 28 de julio del presente año, la presidenta Dina Boluarte manifestó, durante su mensaje a la nación, las intenciones de plantear una propuesta legislativa en torno a la creación del Ministerio de Infraestructura. En ese sentido, expuso que dicha iniciativa tendría como objetivo promover una acción estatal más efectiva, y garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la buena administración pública en favor de los ciudadanos.  Posteriormente, el 30 de julio, el Poder Ejecutivo presentó, con carácter de urgencia, el Proyecto de Ley N° 8508/2024-PE (Ley de Creación del Ministerio de Infraestructura) al Congreso de la República para que sea evaluado por la comisión correspondiente. El citado proyecto precisaba que, dentro de las funciones

Límites de la Potestad Sancionadora: El caso de la Contraloría General de la República II

Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio INTRODUCCIÓN El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 193/2024 (en adelante, la sentencia) referida al Expediente N.º 00026-2021-PI/TC, ha establecido consideraciones de suma importancia no solo en el ámbito regulatorio, sino en el ámbito del Derecho Administrativo y concretamente para el Derecho Administrativo Sancionador. En el presente artículo, se analizará los fundamentos de la referida sentencia en relación a los límites que deben observarse de forma obligatoria en el ámbito de la potestad sancionadora de una entidad. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En el fundamento 21 de la sentencia,

Enfoque Semanal del 26 de agosto al 1 setiembre

Por Enfoque Derecho Cusco: La presidenta Dina Boluarte declara de interés nacional la creación de un museo sobre el legado del Tahuantinsuyo El pasado lunes 26 de agosto de 2024, la presidenta de la República, Dina Boluarte, firmó un decreto supremo que declara de interés nacional la creación del Museo Tawantinsuyo en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac). Este proyecto que estuvo paralizado por 23 años, busca convertirse en un espacio de estudio e investigación dedicado a la civilización inca, un sueño largamente esperado por los cusqueños. Durante la ceremonia en Palacio de Gobierno, la mandataria subrayó la importancia de este decreto, debido a que permitirá agilizar los procesos y gestiones necesarias para que tanto Cusco

Un análisis crítico de la ley 32107: ¿Un avance hacia la reconciliación o un retroceso en los derechos humanos?

Por Enfoque Derecho Contexto: En una situación política controversial como la que estamos viviendo actualmente en el Perú, en donde pareciera que los congresistas están al mando. Este 9 de agosto de 2024, el Congreso de la República sacudió el país con la promulgación de la Ley 32107, la cual redefine los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú, conllevando consigo efectos inquietantes para la justicia y la memoria histórica de las víctimas. Ahora bien, la polémica en torno a esta ley no sólo resalta las tensiones internas en la política peruana, sino también subraya la compleja relación entre el Estado y la sociedad con respecto a los derechos humanos en el contexto

Dilucidando el principio de complementariedad: La respuesta de la CPI a la apelación venezolana en “Situación de Venezuela I”

Por Luis Alejandro Pebe Muñoz, miembro del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú & Gabriel Fernando Espinoza Hito, Vicepresidente de la Asociación Civil Ius Inter Gentes de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. La represión contra la sociedad civil y los políticos de oposición en la República Bolivariana de Venezuela (en adelante, “Venezuela”) es un hecho incontrovertible y se ha configurado como un posible crimen internacional. Como Estado parte del Estatuto de Roma (en adelante, el “Estatuto”), Venezuela debe cumplir con sus obligaciones internacionales, lo que requiere que las autoridades adopten medidas para prevenir tales violaciones y colaboren plenamente con las investigaciones pertinentes. La Corte Penal Internacional (en adelante,