Debido proceso

A propósito de la Ley 32209: ¿Un paso necesario o un retroceso en la lucha contra el delito de extorsión?

Por Jorge Oscar Kartolovich Sernaque, bachiller por la Universidad San Martín de Porres. El 20 de diciembre de 2024 se promulgó la Ley 32209, que incorpora el Artículo 3-B a la Ley 27693 (ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera). Cuyo texto del nuevo artículo es el siguiente: Artículo 3-B. Solicitud de congelamiento administrativo de cuentas bancarias Las unidades especializadas de la Policía Nacional del Perú, luego de recibir una o más denuncias por el delito de extorsión y determinar la urgencia de las circunstancias o el peligro en la demora, y siempre que sea necesario por la dimensión y naturaleza de la investigación, pueden requerir a la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) el congelamiento de fondos

Comentarios críticos a las observaciones presentadas por el Ejecutivo al proyecto de ley que restituye y modifica la detención preliminar en casos de no flagrancia

Por José Allemant Florindez, Socio del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú y Jhoel Julca Vásquez, Asociado del Área Penal y Compliance del Estudio DLA Piper Perú. La detención preliminar en el sistema penal peruano En nuestro sistema de justicia, la detención preliminar se constituye en una medida excepcional en la investigación de delitos y la protección de los intereses de la justicia. En buena cuenta, esta permite privar de su libertad a una persona durante un periodo muy breve y en cumplimiento de ciertas condiciones, fundamentalmente, cuando se aprecie la existencia de indicios razonables de su participación en un delito grave, así como cuando la acción sea necesaria e imprescindible para evitar la fuga o la

Editorial | Caso Zoraida Ávalos: Derechos al Debido Proceso y la Debida Motivación

Por Enfoque Derecho. 1. Introducción El pasado 24 de mayo, estando cerca de cumplir un año desde su inhabilitación por el Congreso de la República, Zoraida Ávalos se reincorporó como fiscal suprema titular en el Ministerio Público, después de que así lo ordenara el Poder Judicial[1]. Recordemos brevemente que esto sucedió luego de que la resolución Nº 8, signado en el Expediente No 02850-2023-0-1801-SP-DC-03, de fecha de 29 de abril de 2024, declarará inaplicable la Resolución Legislativa del Congreso Nº 024-2022-2023-CR, de fecha de 22 de junio de 2023, que inhabilitó a Ávalos por cinco años para el ejercicio de la función pública. Asimismo, se atendió a la resolución Nº 9, de fecha de 16 de mayo de 2024, que disponía

Tras la máscara de la Justicia: El posible retorno de los jueces sin rostro en el Perú

Por Enfoque Derecho El concepto de «Jueces sin rostro» ha sido objeto de intensos debates en el ámbito legal peruano, planteando una controversia sobre su reintroducción en la lucha contra la delincuencia organizada. Esta práctica, que anteriormente fue implementada durante la lucha contra el terrorismo bajo el gobierno de Alberto Fujimori, vuelve a surgir como propuesta legislativa en el Congreso. El proyecto de ley, presentado por Juan Burgos, congresista de la Unidad y Diálogo Parlamentario este último 30 de enero del 2024, propone restituir los tribunales sin rostro, permitiendo a los magistrados investigar, juzgar y acusar a organizaciones criminales de alta peligrosidad sin revelar su identidad (Infobae). Esta medida se llevaría a cabo mediante la incorporación del artículo 6-A a la

La importancia del cumplimiento del principio de legalidad y celeridad en las actuaciones de la administración pública para optimizar el desarrollo del derecho administrativo y sus necesidades en la sociedad

Por Alberto Francisco Defilippi Estrada, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Científica del Sur SUMILLA Este trabajo parte de realizar un desarrollo de la actuación de la Administración Pública bajo el cumplimiento que considero importantes como son el de Legalidad y Celeridad. Además, cuestiona la secuencia de actos que permite al individuo participar de un proceso administrativo y que este cuente con legitimidad procesal para la seguridad jurídica que sirve como garantía a un debido proceso, informando oportunamente al ciudadano sobre el contenido legal y a su vez limitando el ejercicio de las autoridades públicas. INTRODUCCIÓN A lo largo de estos años se busca impulsar una nueva visión de la simplificación administrativa, con la finalidad de orientar a eliminar las trabas y

Editorial | ¿Un gran poder sin una gran responsabilidad? Análisis jurídico del Decreto Legislativo N° 1605 que faculta a la PNP a investigar y realizar detenciones sin orden de la fiscalía

Por Enfoque Derecho 1. Introducción Como se ha dado a conocer el Decreto Legislativo 1605, promulgado recientemente por el Congreso de la República del Perú, es una medida que ha generado un intenso debate en la sociedad. Esta normativa concede a la Policía Nacional la facultad de iniciar investigaciones por cuenta propia, sin requerir la aprobación previa de un fiscal. El propósito declarado es optimizar el marco legal para la investigación, permitiendo a la policía realizar actos de investigación bajo la conducción jurídica del Fiscal[1]. Sin embargo, esta iniciativa ha suscitado gran preocupación y controversia debido a las posibles implicancias que tiene para los derechos individuales y el debido proceso. Bajo esta línea, el artículo 67° del decreto establece que la

Problemas probatorios en la utilización de aplicaciones de mensajería instantánea

Por Ángel Sebastián Bravo Morales, Asociado extraordinario de la Asociación Civil Themis y miembro del Equipo de Derecho Mercantil. Las aplicaciones de mensajería instantánea han revolucionado la manera en que nos comunicamos, permitiendo conectar con otros usuarios de manera rápida sin importar en donde se encuentren. Plataformas cómo WhatsApp, Messenger y Telegram se han vuelto parte fundamental de nuestras vidas, facilitando conversaciones personales e incluso compartiendo información sensible. Claramente, ello implica problemas en el ámbito legal y específicamente en temas probatorios ante sedes judiciales. Es por lo anterior, que es preciso analizarlas con detenimiento para resaltar porque debe considerarse la utilización de las pruebas obtenidas de estos ámbitos sólo hasta cierto punto y bajo ciertos parámetros. Previo a ello, es

No cómputo y prolongación del plazo de la prisión preventiva: ¿Cuándo y cómo?

Por Enrique A. Encina Ibarra, abogado por la Universidad de Lima. Socio en Leiva Calderón Abogados. Fundador de la Sociedad Especializada en Estudios de Litigios Penales. Sumilla: 1. Introducción; 2. La prolongación y el no cómputo de plazo de la prisión preventiva; 3. El plazo ordinario y de prolongación de la prisión preventiva; 4. ¿Cuál es la oportunidad para presentar el requerimiento de no cómputo de plazo de prisión preventiva?; 5. ¿Se pueden alegar las mismas circunstancias de la prolongación de la prisión preventiva para requerir el no cómputo del plazo?; 6. Conclusiones. Introducción Inspira el presente análisis un caso particular que el suscrito tuvo el agrado de revisar personalmente. En dicha oportunidad, la fiscalía después de haber requerido -y

Tensión entre dos fuerzas divergentes: El uso de la cláusula de excepción arbitral a ojos del ámbito de la autonomía de la voluntad arbitral

Por Genaro Ormachea Baca. MBA por CENTRUM PUCP, Beta Gamma Sigma Member, estudiante de pregrado y asistente de docencia en la Facultad de Derecho de la PUCP y asociado extraordinario de THEMIS. Durante las últimas tres décadas, la práctica jurídica ha tenido un antes y un después dada la puesta en vigencia del Decreto Legislativo 1070 (Castillo, 2022), pues la jurisdicción arbitral, al ser un medio de resolución de litis sofisticado, se diferencia de su símil jurisdiccional, en los parámetros de eficiencia y celeridad en el proceso. Ello a todas luces fue un avance para la judicatura, pues la carga procesal se redujo, dado que las partes inmiscuidas en el proceso recurrían a tribunales arbitrales, a su vez, estos se

Análisis de la sentencia emitida por la CIDH en el Caso Cuya Lavy y otros vs. Perú

Por Carolina Marilyn Morán Ocampo, abogada con el Grado de Maestro en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Piura. 1. Introducción El 6 de agosto de 2019 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió a la jurisdicción de la Corte el caso Cuya Lavy y otros contra la República de Perú, por una serie de alegadas violaciones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la Convención Americana), en el marco del procedimiento de evaluación y ratificación al que fueron sometidos por el Consejo Nacional de la Magistratura (en adelante CNM), los jueces y fiscales, Jorge Luis Cuya Lavy, Jean Aubert Díaz Alvarado, Marta Silvana Rodríguez Ricse y Walter Antonio Valenzuela Cerna, entre los años 2001