“ En ese contexto, diputados y senadores tienen dos caminos: continuar privilegiando intereses particulares y profundizando la erosión democrática, u optar por un nuevo rumbo orientado a reducir la brecha de representatividad, acercando el Congreso a la ciudadanía y respondiendo de manera efectiva para la satisfacción de sus necesidades básicas”.
#DerechoCivil ⚖️ ¿La regulación de obligaciones y contratos se adapta a las nuevas dinámicas económicas o permanece anclada en estructuras del siglo pasado? ¿La responsabilidad civil logra equilibrar la reparación del daño con la prevención, o se queda corta ante los riesgos modernos? ¿El proceso civil garantiza realmente una tutela judicial efectiva o se ha convertido en un laberinto de formalidades que dilata la #justicia? La Asociación Civil #THĒMIS se complace en anunciar su próximo evento presencial: el «I Congreso de Derecho Civil», un espacio de análisis profundo en el que se abordarán los ejes de #Obligaciones y #Contratos, Responsabilidad Civil y Derecho Procesal Civil. Este congreso se desarrollará bajo la coordinación académica de tres destacados referentes del medio: el
«Muy distinto es el caso de un proceso civil, con pretensiones meramente patrimoniales derivadas de una controversia entre particulares. En estos casos, donde lo que se tutelan son intereses de carácter netamente privado, la diligencia de un demandante que, por ejemplo, reclama una indemnización, debe seguir siendo premiada o castigada por el ordenamiento. Estamos pues ante un proceso entre partes que litigan en posición de igualdad formal, y sin ninguna asimetría probatoria estructural. No existe por tanto ningún principio social que deba prevalecerse sobre la diligencia de probar aquello que se reclama».
«No se trata de una aplicación general del principio de la norma más favorable, sino de una remisión normativa específica, condicionada a la existencia de un vacío regulatorio y a la favorabilidad objetiva de la disposición que se pretenda aplicar».
«El problema de los incentivos perversos rara vez depende de la intención de los participantes. Surge, más bien, cuando el propio diseño regulatorio premia determinadas conductas más que otras».
«El TPF ha modificado la manera en que las partes evalúan el riesgo de litigar y ha introducido a un actor externo -el financista- en un proceso pensado sobre la base del consentimiento de las partes, generando fricciones con principios asentados en la práctica arbitral: la confidencialidad, la imparcialidad del tribunal, la autonomía de la parte financiada y la previsibilidad de la asignación de costas».
«En consecuencia, la ausencia de una regulación expresa de la regularización tributaria para los delitos aduaneros no constituye, por sí sola, un argumento suficiente para descartar cualquier posibilidad de extensión. Por el contrario, la existente evolución de los criterios jurisdiccionales, la identidad estructural existente entre determinados delitos tributarios y aduaneros, la aplicación supletoria del Código Tributario, el reconocimiento de la analogía in bonam partemy la propia orientación político-criminal reflejada en la figura de la sustitución permiten sostener que existe una base jurídica razonable para promover dicha ampliación».
«En el plano territorial, la implementación de juzgados itinerantes en zonas rurales de difícil acceso reduciría significativamente las barreras geográficas identificadas, permitiendo que el sistema llegue a las comunidades en lugar de exigir que las comunidades lleguen al sistema. Esta medida debe ir acompañada de la creación de un registro oficial de intérpretes judiciales con formación en terminología jurídica para las principales lenguas nativas (quechua, aymara y lenguas amazónicas), cuya incorporación sistemática a los procesos judiciales en zonas bilingües es una exigencia directa del artículo 8.1 de la CADH».
Por Ricardo Carrasco Huamaní, asociado del Área Tributaria de Pérez-Llorca, Miranda & Amado. 1. Introducción La modernización tecnológica de la Administración Tributaria ha reconfigurado sustancialmente la manera en que esta se comunica con los contribuyentes. Particularmente, en el caso de la SUNAT, el sistema de notificaciones electrónicas a través del Buzón SOL (SUNAT Operaciones en Línea) se ha consolidado como el canal más utilizado para efectuar notificaciones dentro de los procedimientos de fiscalización tributaria. Esta regla se encuentra prevista en el inciso b) del artículo 104 del Código Tributario, y cuyas disposiciones para su aplicación se han regulado a través de la Resolución de Superintendencia No. 014-2008/SUNAT. Así, según el artículo 6 de dicha resolución, la SUNAT estableció la obligación
«En ese línea, y ante el vacía normativo, a la fecha hay dos propuestas legislativas que tienen como objetivo principal regular el reconocimiento del trabajador marítimo; no obstante, ambas presentan aspectos positivos y riesgos operativos importantes. Por un lado, un aspecto positivo es que se reconozca el trabajo marítimo como actividad de alto riesgo, no solo porque evita ambigüedades respecto a la interpretación de las actividades que actualmente figuran en el Anexo 5 del Decreto Supremo N°009-07-SA, sino además un el nivel de protección más alto en materia de seguridad social».
