Tribunal Constitucional

Suspensión de peajes Línea Amarilla: Análisis de la medida cautelar solicitada

Por Enfoque Derecho Introducción: La concesión de peajes en Lima, particularmente la concesionaria Línea Amarilla, ha sido objeto de controversia y litigios a lo largo de los últimos años, especialmente por los conflictos derivados de las gestiones de la exalcaldesa Susana Villarán. En el contexto de estas concesiones, se incluye la implementación de cobros de peajes en diversas rutas que afectan a miles de usuarios diariamente. En este caso, se suma el hecho de que una investigación penal en torno a presuntos actos de corrupción vinculados a la firma del contrato de concesión y sus adendas ha sido utilizada como fundamento para solicitar la suspensión de los peajes. El Ministerio Público ha pedido la suspensión de los cobros en el

Editorial | ¿Congreso todopoderoso? Comentarios al dictamen que plantea la modificación del nuevo Código Procesal Constitucional

Por Enfoque Derecho 1. Introducción La justicia constitucional en los ordenamientos jurídicos modernos ha cobrado cada vez más relevancia en los últimos tiempos; por ello, en la actualidad, vemos la proliferación de Cortes Constitucionales, encargadas de resolver conflictos entre derechos a través de sus funciones como máximos intérpretes de la Constitución. Es así que, cada día se hace innegable la necesidad de tener mecanismos constitucionales que aseguren una eficiente protección de los derechos fundamentales. En vista de ello, es imperativo que las normas que regulan estos procesos sean lo suficientemente idóneas para la protección de los derechos reconocidos por la Constitución. En nuestro país, las normas que regulan los procesos constitucionales se encuentran en el Nuevo Código Procesal Constitucional (en adelante,

La delimitación del derecho a la consulta previa. Un análisis a partir la sentencia 310/2023

Por Sofia Abigail Gálvez Vásquez, estudiante del octavo ciclo de Derecho en la Universidad Nacional de Trujillo, coordinadora general del Círculo de Investigación de Derecho Civil y Arbitraje (CIDCA), con estudios especializados en Derecho de la Minería por la Pontificia Universidad Católica del Perú y Portal Minero del Perú. I. Los hechos que dieron lugar a la sentencia Mediante sentencia (en adelante, la Sentencia) del Tribunal Constitucional (en adelante, TC) del 6 de junio de 2023, publicada el 26 de junio de 2023, se resolvió el recurso de agravio constitucional planteado por la Comunidad Campesina de Asacasi representada por don Hipólito Tarapaqui Cuñas (en adelante, el Demandante) contra la resolución de folio 381, de fecha 21 de junio de 2017,

Límites de la Potestad Sancionadora: El caso de la Contraloría General de la República II

Por Solange Marianella Carbajal Fierro, Abogada por la Universidad San Martín de Porres, con especialidad en Derecho Administrativo; Gestión Pública y Análisis de Impacto Regulatorio INTRODUCCIÓN El Tribunal Constitucional a través de la Sentencia 193/2024 (en adelante, la sentencia) referida al Expediente N.º 00026-2021-PI/TC, ha establecido consideraciones de suma importancia no solo en el ámbito regulatorio, sino en el ámbito del Derecho Administrativo y concretamente para el Derecho Administrativo Sancionador. En el presente artículo, se analizará los fundamentos de la referida sentencia en relación a los límites que deben observarse de forma obligatoria en el ámbito de la potestad sancionadora de una entidad. LA POTESTAD SANCIONADORA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA En el fundamento 21 de la sentencia,

Un análisis crítico de la ley 32107: ¿Un avance hacia la reconciliación o un retroceso en los derechos humanos?

Por Enfoque Derecho Contexto: En una situación política controversial como la que estamos viviendo actualmente en el Perú, en donde pareciera que los congresistas están al mando. Este 9 de agosto de 2024, el Congreso de la República sacudió el país con la promulgación de la Ley 32107, la cual redefine los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra en el Perú, conllevando consigo efectos inquietantes para la justicia y la memoria histórica de las víctimas. Ahora bien, la polémica en torno a esta ley no sólo resalta las tensiones internas en la política peruana, sino también subraya la compleja relación entre el Estado y la sociedad con respecto a los derechos humanos en el contexto

Enfoque Semanal del 12 al 18 de agosto

Por Enfoque Derecho. 1. Caso Cócteles: Keiko Fujimori negó los cargos penales, se reservó el derecho a declarar y solicitó la anulación de actas fiscales El pasado lunes 12 de agosto de 2024, se llevó a cabo el juicio por el caso Cócteles, a partir del cual, la ex candidata presidencial, Keiko Fujimori Higuchi, se reservó el derecho a declarar y desestimó el pago de la reparación civil que se requería para la Procuraduría del Estado. Al respecto, se tiene que, en el presente juicio, los acusados debían aceptar o rechazar los cargos penales atribuidos por el fiscal José Domingo Pérez, de manera que si alguno de ellos aceptaba los mismos, se procedía a dictar sentencia por debajo del mínimo

La reciente reforma constitucional en Perú que no reforma nada (para bien)

Por Fabio Gutiérrez Quispe, estudiante del sexto ciclo de la carrera de Derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú. “Conspicua Constituyente, siga, siga el carnaval que aquí no hay sanción moral. Aunque no den en el clavo, habrá bombo a tutiplén y los unos dirán bravo, los otros dirán amén”.(Verso popular. Creado por Federico Blume y Federico Elguera ante la Asamblea Constituyente de 1884).[1] Introducción El presente artículo busca sustentar por qué la Ley N° 31988, expedida por el Congreso de la República, es inconstitucional dado que esta encubre una reforma total de la Constitución aprobada por medio del procedimiento de una reforma parcial. De esta forma, el Congreso habría actuado fuera del marco constitucional al atribuirse facultades constituyentes

Enfoque Semanal 29 de abril al 5 de mayo

Por Enfoque Derecho Congreso aprueba retiro del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios El martes 2 de mayo, con 98 votos a favor, 9 en contra y 1 abstención, el Pleno del Congreso aprobó el dictamen que propone la Ley que autoriza a los trabajadores la libre disposición del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), de manera excepcional, hasta el 31 de diciembre de este año. Pasión Dávila, presidente de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, precisó que la medida alcanzará a alrededor de 4 millones de trabajadores, afectados por el encarecimiento de los productos de la canasta básica familiar. Por su parte, la congresista Diana Gonzales Delgado (Avanza País) manifestó que esta medida

Enfoque Semanal del 22 al 28 de abril

Por Enfoque Derecho Tribunal Constitucional otorgó la medida cautelar solicitada por el Congreso y suspendió la restitución de Inés Tello y Aldo Vásquez a la JNJ.  Con 5 votos a favor y 2 en contra, el Tribunal Constitucional (TC) ratificó la sanción impuesta por el Congreso de la República contra los exvocales de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez. La medida del TC tiene lugar luego de que el 18 de abril el Congreso presentara una demanda competencial, y medida cautelar, para anular los efectos de la Resolución No. 1 del Expediente cautelar 01034-2024 emitida por el Poder Judicial. Como se recuerda, la Resolución No. 1 otorgó la medida cautelar solicitada por los exmiembros de la

Autonomía en jaque: Inhabilitación de dos miembros de la JNJ

Por Enfoque Derecho Introducción El caso de la Junta Nacional de Justicia (en adelante, JNJ) inició el 10 de mayo de 2023, con la denuncia constitucional No. 373 formulada por el congresista Jorge Montoya Manrique en contra de los miembros de la JNJ: Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello. Posteriormente, el 26 de febrero de este año la Comisión Permanente del Congreso aprobó la propuesta de destitución e inhabilitación por diez años para los seis miembros de la JNJ.  Sin embargo, no fue hasta el 7 de marzo que el Pleno del Congreso debatió y decidió inhabilitar de toda función pública por diez años a Inés Tello y Aldo Vásquez. Finalmente,