Por Enfoque Derecho
1. Introducción
El domingo 4 de mayo, la provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, fue nuevamente escenario de una tragedia que expone la profunda crisis que atraviesa el país en materia de minería informal, violencia estructural y abandono estatal. El trágico destino de trece trabajadores de la empresa contratista Minera R&R, vinculada a la minera La Poderosa, fueron hallados sin vida tras haber sido secuestrados días antes mientras trabajaban en un socavón.[1] Este lamentable hecho no es un caso aislado, sino parte de un patrón creciente de extorsiones, asesinatos y disputas armadas en el norte del Perú, donde las mafias mineras se han enquistado al amparo de la informalidad e inacción estatal. Bajo este contexto, la respuesta del Gobierno se tradujo en las recurrentes medidas que se suele evidenciar en los últimos tiempos: la imposición de toque de queda, el despliegue militar en la zona minera y la suspensión de actividades extractivas por 30 días.[2] Sin embargo, estas acciones reactivas no ocultan el trasfondo de un conflicto que lleva más de una década gestándose, ni a su vez la fragilidad de un estado que ha permitido por acción u omisión el avance del crimen organizado desde una fachada de la minería informal.
En este escenario, se evidencia un rol fundamental del Registro Integral de Formalización Minera (en adelante, REINFO), registro que reúne a los operadores dedicados a la explotación o procesamiento en el ámbito de la pequeña minería y la minería artesanal, y que otorga una exoneración temporal de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal.[3] Esta entidad, que en la práctica debería operar como un mecanismo de formalización, se ha convertido en un instrumento de impunidad que ha facilitado el ingreso de actores ilegales a concesiones formales, generando un entorno de violencia sostenida y colapso institucional. Lo ocurrido de Pataz es, en consecuencia, el reflejo de una política pública con fallos en la ejecución, una institucionalidad debilitada y un modelo utilizado en la industria más importante del país que ha normalizado la violencia.
2. Marco teórico
La expansión de la minería informal en regiones como Pataz debe ser analizado a la luz del marco normativo que lo rodea. En ese sentido, es pertinente mencionar que el REINFO, creado en 2012, como parte de los esfuerzos del Estado para ordenar la actividad minera a pequeña escala. En el Perú, se evidencia un índice significado de minería informal. Según el gobierno, esta se caracteriza por estar conformada por operadores que no han iniciado su proceso de formalización y, por tanto, no cumplen con las distintas etapas establecidas por el Estado. Por otro lado, la minería ilegal comprende a actividades extractivas que se realizan en zonas prohibidas, como riberas de ríos, lagunas y zonas de áreas naturales protegidas [4]. Bajo la administración del Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM), este padrón agrupa a personas y empresas dedicadas a la pequeña minería y artesanal, eximiéndose de responsabilidad penal por el delito de minería ilegal mientras culmina su proceso de formalización.[5] En ese sentido, la lógica detrás del REINFO se basaba en permitir a los mineros informales un tránsito hacia la legalidad, generando oportunidades económicas y reduciendo su impacto ambiental[6]. Sin embargo, en la práctica, este mecanismo se ha desvirtuado. Lo que inició como una medida excepcional y temporal, con un plazo inicial de 24 meses, ha sido prorrogado al menos en cuatro ocasiones desde 2017, con escasa supervisión efectiva. A la fecha, el REINFO se ha convertido en un espacio en el que muchas operaciones ilegales se amparan en la formalidad aparente para eludir controles[7].
Del mismo modo, el problema no es solo exclusivamente normativo, sino de ejecución. De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 001-2020-EM, quienes integran el REINFO deben declarar semestralmente su producción. Sin embargo, entre 2021 y 2023, más de 5.800 inscritos no cumplieron con esta obligación, sin que ello derive en sanciones ni en su exclusión del padrón. Del mismo modo, a esto se le suma una preocupante brecha en los datos: mientras el Estado reportó 1,4 toneladas de oro producidas en Madre de Dios en 2023, fuentes independientes estiman al menos 8,5 toneladas[8]. Esta diferencia significativa revela un control institucional claramente ineficiente.
Fuente: Ojo Público
Por otro lado, la inmunidad penal que otorga el REINFO tiene sustento legal. De acuerdo con el artículo 307-A del Código Penal, que pena el delito de minería ilegal, establece penas privativas de libertad para quienes explotan recursos minerales sin autorización[9], pero esta sanción no aplica a quienes están inscritos en el REINFO. Por ello, una figura diseñada para impulsar la legalidad, irónicamente, termina blindando a quienes siguen operando en su informalidad, aprovechando la supervisión ineficiente y las prórrogas constantes.
Ante ello, expertos como Karina Garay, del Observatorio de Minería Ilegal, advierten que esta situación distorsiona completamente la frontera entre lo legal y lo ilegal. Tal como establece la especialista, “la minería formal, entre comillas, se convierte en ilícita”[10], porque utiliza la cobertura del REINFO para continuar extrayendo oro sin respetar normas ambientales o sociales. Incluso, en muchos casos, las empresas formales subcontratan a mineros informales, incurriendo en una práctica ilícita porque delega explotación a actores que no cumplen con las regulaciones ambientales o laborales. En ese sentido, el marco normativo vigente no solo falla en frenar la minería ilegal, sino que, ya sea por acción u omisión, ha contribuido a consolidarla. Así, no se trata únicamente de una legislación débil, sino de una permisividad institucional sostenida que ha favorecido la coexistencia de la criminalidad con estructuras formales del Estado.
Por ello, en el presente análisis, Enfoque Derecho abordará el trasfondo de lo sucedido, evidenciando cómo la ausencia de controles eficaces ha permitido que algunos actores vinculados a la minería ilegal se beneficien de mecanismos como el REINFO. A lo largo del texto, se revisarán las principales falencias políticas públicas en torno a la pequeña minería y minería artesanal y el uso político de ciertos registros que han contribuido al desgobierno en este sector. Del mismo modo, se analizarán los efectos sociales y ambientales de esta permisividad, donde el control de la mafia, las muertes y la contaminación son síntomas de un modelo que no opera bajo responsabilidad. Finalmente, se cuestionará el rol del Estado en esta crisis y la amenaza que significa una respuesta poco eficiente.
3. ANÁLISIS
a) El REINFO como herramienta de encubrimiento legal de la minería ilegal
El Perú es un país marcado por una intensa riqueza mineral que, paradójicamente, ha terminado por convertirse en fuente de violencia, corrupción y devastación ambiental. En concreto, la tragedia de Pataz, en la región La Libertad, es el más crudo reflejo de esta contradicción, un territorio dominado por estructuras criminales que se sirven de la minería ilegal para perpetuar el caos y el miedo. En el centro de esta problemática, se encuentra el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), un mecanismo que nació con la promesa de conducir a los mineros informales hacia la legalidad, pero que en la práctica se ha degradado hasta convertirse en una herramienta de encubrimiento institucional de la minería ilegal. A más de una década de su implementación, el REINFO ha fracasado como política pública, permitiendo la expansión de redes ilícitas que operan con total impunidad y socavando los cimientos del Estado de Derecho.
Ahora bien, el REINFO fue creado en 2012 como una estrategia de transición para integrar a la pequeña minería y minería artesanal al marco normativo. Sin embargo, este instrumento, en lugar de promover un proceso real de formalización, ha sido utilizado como un salvoconducto para operar al margen de la ley. Según datos del Expediente 00017-2023-PI/T del Tribunal Constitucional[11], de los más 88,164 inscripciones, solo el 2.31% culminó exitosamente el proceso de formalización. Esta cifra refleja con contundencia el carácter fallido del REINFO, el cual no ha cumplido con su propósito de generar una minería legal, responsable y sostenible. Por el contrario, ha generado un incentivo perverso en el que basta con estar inscrito para evitar sanciones, incluso cuando se desarrollan actividades sobre concesiones ajenas, sin estudios de impacto ambiental ni cumplimiento de obligaciones tributarias o laborales.
De hecho, el diseño normativo del REINFO es uno de los factores estructurales de su colapso, debido a que la exclusión de responsabilidad penal para quienes se encuentren inscritos, dispuesta por el Decreto Legislativo 1102, ha creado una zona de impunidad. Además, el sistema carece de filtros adecuados para depurar a los incumplidores, el 83% de los inscritos está suspendido, pero continúa operando sin restricciones y más del 90% no posee derechos sobre la concesión que explota, además el 64% actúa en terrenos de terceros[12]. En este contexto, el REINFO no sólo fracasa como política pública, sino que contribuye activamente a la expansión de la minería ilegal, al brindar una fachada de legalidad, permite que operadores ilegales accedan a mercados, insumos y logística sin ser objeto de interdicción inmediata.
b) El Estado no garantiza el control territorial ni el Estado de Derecho
La expansión de la minería ilegal en el Perú evidencia una crisis profunda de gobernabilidad y de ausencia del Estado en vastas regiones del país. Esta situación revela que el Estado no solo ha fallado en ejercer control territorial efectivo, sino que ha claudicado en su rol de garante del Estado de Derecho, pues lejos de enfrentarse a este desafío con decisión, el Congreso de la República ha optado por sostener y profundizar este problema mediante normas que, en lugar de regular, perpetúan la informalidad y la ilegalidad. El caso del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO) es el ejemplo más alarmante de esta deriva institucional.
I. Normas regresivas: prórrogas y vacíos
Desde 2012, el Congreso ha aprobado más de 50 normas que han debilitado progresivamente el control estatal sobre la actividad minera informal. Estas disposiciones han flexibilizado requisitos, extendido plazos y creado vacíos legales que permiten a los operadores ilegales mantenerse activos sin someterse a estándares mínimos. La más reciente de estas medidas ha sido la ampliación del REINFO por seis meses adicionales, hasta el 30 de junio de 2025[13], aprobada sin segunda votación y pese a las opiniones técnicas en contra de los ministerios de Energía y Minas, y del Ambiente.
Esta prórroga se adoptó como una respuesta política a la presión de gremios mineros informales, quienes han recurrido sistemáticamente a bloqueos y protestas como mecanismos de coacción. Sin embargo, la situación se agrava cuando observamos que esta decisión se dio en medio de una crisis institucional, precisamente cuando el exministro Rómulo Mucho[14] fue censurado por no presentar a tiempo un proyecto alternativo, y el nuevo titular del sector, Jorge Montero Cornejo, asume el cargo en un contexto de alta conflictividad y escasa credibilidad estatal. Como consecuencia directa de estas normas regresivas es el mantenimiento de un sector informal que opera sin estudios de impacto ambiental, sin contratos de explotación válidos, sin permisos territoriales ni certificaciones arqueológicas.
II. Falta de reformas institucionales para cerrar el REINFO
A pesar del evidente fracaso del REINFO como herramienta de formalización, el Estado ha sido incapaz de implementar reformas institucionales orientadas a cerrar este mecanismo y establecer un nuevo marco regulatorio más eficiente. La inacción no es casual, sino el resultado de una falta de voluntad política alimentada por intereses particulares[15] que se benefician de la continuidad de este sistema, debido a que los “blindajes” legales, promovidos por bancadas con intereses en el sector, obstaculizan cualquier esfuerzo de fiscalización en el sector.
Esta ausencia de reformas ha convertido al REINFO en un refugio legal para actividades claramente ilícitas. En vez de ser una vía para la integración de pequeños mineros en la economía formal, el REINFO ha funcionado como una fachada para encubrir operaciones ilegales. Mientras tanto, se debilita la capacidad del Estado para ejercer autoridad en el sector minero, se socava la legalidad y se impide la construcción de un modelo de desarrollo sostenible.
Ante ello, urge la aprobación de una nueva ley de formalización que contemple la exclusión expresa de actividades mineras en zonas concesionadas, áreas de amortiguamiento ambiental y territorios protegidos. Esta legislación debe estar orientada a facilitar la formalización de quienes realmente buscan operar dentro del marco legal, y no de aquellos que utilizan el sistema para perpetuar la ilegalidad bajo una fachada de legalidad.
III. Militarización sin justicia ni desarrollo
En regiones como Pataz, el Estado ha perdido el control territorial frente a organizaciones criminales que imponen su propia ley mediante la violencia armada. En estos territorios, la única respuesta del gobierno ha sido la militarización, una estrategia que, al no estar acompañada de herramientas activas para combatir el crimen, ha demostrado ser no sólo ineficaz, sino contraproducente, ya que ha permitido que las organizaciones criminales consoliden su influencia.
En este sentido, la aplicación de estados de emergencia y el despliegue de fuerzas armadas en zonas afectadas[16] por la minería ilegal han producido efectos limitados. Sin una estrategia integral que contemple el fortalecimiento institucional, la inversión social y la inclusión de las comunidades locales en la toma de decisiones, la militarización solo ha generado tensiones adicionales, dejando a las poblaciones expuestas a la violencia y sin acceso a servicios básicos. De hecho, en el distrito de Pataz ha habido un incremento del 170% en los últimos cinco años para el acceso a servicios básicos y una ejecución de solo el 30% del presupuesto de inversión pública[17], lo cual no es suficiente para satisfacer las necesidades esenciales de la población, convirtiéndose en uno de los distritos con menos eficacia en la gestión de recursos.
Para revertir esta tendencia, es necesario reemplazar la estrategia puramente militar por un enfoque que articule seguridad, justicia y desarrollo. Esto incluye programas de desarrollo económico alternativo, fortalecimiento del sistema judicial en zonas de alta conflictividad, y mecanismos efectivos de participación ciudadana en la formulación de políticas públicas. Solo así será posible recuperar la presencia estatal y garantizar el respeto por los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas.
c) Impacto ambiental de la minería ilegal
La minería ilegal continúa siendo una amenaza grave y creciente para los ecosistemas del Perú. Se estima que entre 300 mil y un millón de personas participan en actividades de minería ilegal e informal a lo largo del país, muchas de ellas operando en zonas ambientalmente sensibles como riberas de ríos, cabeceras de cuenca y áreas naturales protegidas. De acuerdo con el Decreto Legislativo N.° 1105[18], esta actividad se considera ilegal cuando no cumple con requisitos técnicos, administrativos, sociales o ambientales, o cuando se realiza en zonas prohibidas. A pesar de los intentos por diferenciar entre minería ilegal e informal, en la práctica ambas generan graves consecuencias ambientales, como contaminación del aire y del agua por el uso de mercurio y otros metales pesados, destrucción de suelos fértiles, pérdida de biodiversidad y tala indiscriminada de bosques. Así, el impacto no solo se traduce en la degradación de los ecosistemas, sino también en la afectación directa a las comunidades indígenas y campesinas que dependen de estos entornos para subsistir.
Lamentablemente, en Madre de Dios, por ejemplo, se vierten anualmente más de 180 toneladas de mercurio[19], afectando gravemente los ecosistemas amazónicos y la salud de comunidades indígenas, e incluso las zonas intervenidas por mineros informales ni siquiera pueden ser georreferenciadas debido a la falta de supervisión y fiscalización. Este escenario se agrava por la falta de respuestas efectivas por parte del Estado. A pesar de que se han aprobado leyes como la Ley de Formalización y Promoción de la Pequeña Minería y la Minería Artesanal, estas no han sido acompañadas de estrategias eficaces ni de una fiscalización rigurosa. Por el contrario, regímenes como el REINFO han terminado funcionando como escudos legales que amparan actividades abiertamente delictivas.
d) Derechos humanos vulnerados
Ahora bien, es necesario mencionar que el modelo actual de la minería informal no solo es ambientalmente devastador, sino también humanamente inaceptable. De hecho, los trabajadores de la minería informal operan en condiciones que se asemejan a la esclavitud moderna, sin derechos laborales ni protección social, no tienen contratos de trabajo, laboran sin seguros, sin equipos de protección, sin horarios ni descansos. En particular, un informe de la Organización Internacional del Trabajo destaca que en regiones como Madre de Dios[20], los mineros informales están expuestos a condiciones de trabajo forzoso, explotación y trata de personas.
En este mismo sentido, en zonas como Pataz, la minería ilegal configura un escenario de violencia estructural tanto para los trabajadores como para las comunidades aledañas. Por un lado, testimonios recogidos por organizaciones locales revelan que los mineros laboran hasta 16 horas diarias en galerías inestables, expuestos a gases tóxicos y sin acceso a atención médica, mientras que las poblaciones vecinas sufren el impacto colateral de esta economía criminal, debido a la contaminación de ríos con mercurio y cianuro, la destrucción de fuentes de agua, enfermedades respiratorias y desplazamientos forzados.
Esta situación se agrava aún más por la ausencia de servicios básicos y la falta de protección estatal, que profundizan la vulnerabilidad de estos territorios. Aún más alarmante es la situación de las mujeres de estas regiones, niñas y adolescentes son utilizadas para atender negocios locales, y en muchos casos, terminan siendo explotadas sexualmente, pues son obligadas a trabajar en condiciones infrahumanas o explotadas en bares y prostíbulos improvisados que rodean los campamentos mineros[21], enfrentando con mayor intensidad las consecuencias de este sistema extractivo.
Por tanto, la violación sistemática de los derechos humanos en las zonas afectadas por la minería ilegal exige una respuesta urgente y coordinada por parte del Estado, es necesario además implementar políticas públicas que protejan a los trabajadores y las comunidades, garanticen el acceso a la justicia y promuevan el desarrollo sostenible en estas regiones.
4. CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES
El oro extraído en estas condiciones no solo está manchado de barro y mercurio, sino de sangre. Cada tonelada transportada por rutas clandestinas, cada galón de combustible vendido sin control, cada camión cargado sin fiscalización, son evidencias de un Estado que ha cedido terreno al crimen organizado. Es así que, el REINFO, tal como existe hoy, es una ficción legal que prolonga el desgobierno y la violencia, su fin no es solo necesario, es inaplazable. Solo así se podrá comenzar a escribir una nueva historia en regiones como Pataz, donde el oro deje de ser sinónimo de muerte y destrucción, y pueda representar una oportunidad real de desarrollo sostenible y legalidad para todos.
Ante este panorama, es indispensable que el Estado reconozca la inviabilidad del REINFO como herramienta de política pública. Desde Enfoque Derecho consideramos que la cancelación definitiva de este régimen no es una medida extrema, sino una urgencia democrática y ambiental. En su lugar, debe promulgarse una nueva ley de formalización minera que establezca claramente la prohibición de actividades en concesiones ajenas, áreas naturales protegidas y zonas arqueológicas. Dicha norma deberá estar orientada a facilitar el ingreso de mineros verdaderamente interesados en cumplir con los estándares legales y ambientales, y excluir de manera efectiva a quienes utilizan la informalidad como fachada para delinquir.
Editorial escrito por Daniela Mondragón e Isabella Delgado
Referencias bibliográficas:
[1]Berríos, M. R. (2025, 6 mayo). Pataz: Se viraliza vídeo de los últimos momentos con vida de los 13 trabajadores asesinados por la minería ilegal. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2025/05/05/pataz-se-viraliza-uno-de-los-ultimos-videos-de-los-13-trabajadores-asesinados-por-la-mineria-ilegal/
[2]Gallardo, M. P. (2025, 6 mayo). ¿Qué hay detrás del secuestro y asesinato de 13 trabajadores de una mina en Perú? France 24. https://www.france24.com/es/am%C3%A9rica-latina/20250506-qu%C3%A9-hay-detr%C3%A1s-del-secuestro-y-asesinato-de-13-trabajadores-de-una-mina-en-per%C3%BA
[3]Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). (s. f.). Noticias – Dirección Regional de Energía y Minas de Piura – Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-drem/noticias/904276-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo
[4]Ministerio del Ambiente (MINAM). (s. f.-c). Diálogos Ambientales: Minería ilegal y minería informal. Plataforma del Estado Peruano. https://www.minam.gob.pe/prensa/dialogos-ambientales/dialogos-ambientales-mineria-ilegal-y-mineria-informal/
[5]Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). (s. f.-c). Noticias – Dirección Regional de Energía y Minas de Piura – Plataforma del Estado Peruano. https://www.gob.pe/institucion/regionpiura-drem/noticias/904276-registro-integral-de-formalizacion-minera-reinfo
[6]Montero, R., Año, R., La, D., De, U., & Salud, L. (n.d.). Miércoles 15 de enero de 2020 NORMAS LEGALES 1 Gerente de Publicaciones Oficiales. Retrieved June 6, 2025, from https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/475702/D.S._N__001-2020-EM_-_Establecen_reglamentarias_para_acceso_y_permanencia_REINFO.pdf?v=1617631239
[7]Gonzales, M. A. (2024b, noviembre 29). ¿Qué es el Reinfo y por qué beneficia la minería ilegal? Infobae. https://www.infobae.com/peru/2024/11/29/que-es-el-reinfo-y-por-que-beneficia-la-mineria-ilegal/
[8]OjoPublico. (2024, 28 julio). Un sistema que facilita el lavado de oro y un Congreso que lo defiende. Ojo Público. https://ojo-publico.com/5235/un-sistema-que-facilita-el-lavado-oro-y-un-congreso-que-lo-defiende
[9]De Jurisprudencia Penal, O. (2024, 15 febrero). Jurisprudencia del artículo 307-A del Código Penal.- Delito de minería ilegal | LP. LP. https://lpderecho.pe/articulo-307-a-codigo-penal-delito-mineria-ilegal/
[10]Catacora, M. Q. (2025, 11 mayo). 23 años de formalización minera fallida: del oro ilegal al crimen organizado y la impunidad del Reinfo. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2025/05/11/23-anos-de-formalizacion-minera-fallida-del-oro-ilegal-al-crimen-organizado-y-la-impunidad-del-reinfo/
[11]Comunicaciones AIDESEP. (2025, April 25). TC confirma el fracaso del REINFO: ni minería informal ni formal, la Amazonía no resiste más destrucción – AIDESEP. AIDESEP. https://aidesep.org.pe/noticias/tc-confirma-el-fracaso-del-reinfo-ni-mineria-informal-ni-formal-la-amazonia-no-resiste-mas-destruccion/
[12] El fracaso del Reinfo y el avance de la minería ilegal | EL MONTONERO. (2024). EL MONTONERO | Primer Portal de Opinión Del País. https://elmontonero.pe/economia/el-fracaso-del-reinfo-y-el-avance-de-la-mineria-ilegal
[13] Geraldinesantos. (2024, 3 diciembre). Perú: en medio de críticas, el Congreso amplía por seis meses el plazo para la formalización minera. Noticias Ambientales. https://es.mongabay.com/2024/12/peru-en-medio-de-criticas-congreso-amplia-plazo-para-formalizacion-minera/?utm_source=chatgpt.com
[14] Calderón, M. (2024, 28 noviembre). Congreso censura a ministro Rómulo Mucho: los detalles de la votación y lo que pasó dentro y fuera del hemiciclo. El Comercio Perú. https://elcomercio.pe/politica/gobierno/congreso-censura-a-ministro-romulo-mucho-los-detalles-de-la-votacion-y-lo-que-paso-dentro-y-fuera-del-hemiciclo-noticia/
[15] Thais, A., & Thais, A. (2024, 30 noviembre). Entre el fracaso del Reinfo y las promesas de la Ley MAPE. Inforegión |. https://inforegion.pe/formalizacion-minera-entre-el-fracaso-del-reinfo-y-las-nuevas-promesas-de-la-ley-mape/
[16] Tong, A. D. (2025, 21 mayo). No habrá Reinfo en 2026: Minem anuncia extinción del registro y de “todas las normas vinculadas”. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2025/05/21/no-habra-reinfo-en-2026-minem-anuncia-extincion-del-registro-y-de-todas-las-normas-vinculadas/
[17] Videnza, S. (2024, 18 abril). Oro ilegal y ausencia del Estado en Pataz – Propuestas Bicentenario. Propuestas Bicentenario. https://propuestasdelbicentenario.pe/blog/2024/04/18/oro-ilegal-y-ausencia-del-estado-en-pataz/#:~:text=Desaf%C3%ADos%20en%20la%20gesti%C3%B3n%20de,de%20acceso%20a%20servicios%20b%C3%A1sicos.
[18] [Informe] Minería ilegal: continua amenaza para nuestro ecosistema. (2021, December 3). Clima de Cambios. https://www.pucp.edu.pe/climadecambios/noticias/informe-mineria-ilegal-continua-amenaza-para-nuestro-ecosistema/
[19] Los alarmantes niveles de mercurio en Madre de Dios | Perú. (2018, August 22). Noticias Ambientales. https://es.mongabay.com/2018/08/peru-mercurio-en-madre-de-dios/
[20] Caracterización de las condiciones de trabajo forzoso en la minería de oro en Madre de Dios y una aproximación a los factores de riesgo. (s. f.). En Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/sites/default/files/wcmsp5/groups/public/%40americas/%40ro-lima/%40sro-lima/documents/publication/wcms_427621.pdf?utm_source=chatgpt.com
[21] Miranda, B. (2016, 12 abril). La «escalofriante» alianza entre la minería ilegal y la explotación sexual en Sudamérica. BBC News Mundo. https://www.bbc.com/mundo/noticias/2016/04/160406_america_latina_alianza_siniestra_mineria_ilegal_trata_mujeres_prostitucion_sexual_bm
