Por Enfoque Derecho
- Introducción
Durante los últimos meses, se ha evidenciado un notable empeoramiento en la situación del país. Desde las distintas aristas en las que se puede analizar ello, se puede reflexionar sobre el incremento de la inseguridad ciudadana, las deficiencias en el sistema de salud, incremento en los índices de pobreza, entre otros. A pesar que, actualmente, estos problemas estructurales continúan, es vital señalar que los mismos se han encontrado enraizados en el país durante muchos años debido a un problema que aqueja al Perú desde hace casi 10 años: la inestabilidad política.
La crisis política se ha consolidado gracias al cambio de 6 presidentes en menos de 5 años, lo que ha impedido el establecimiento de políticas gubernamentales a largo plazo para enfrentar los problemas estructurales del Perú. Además, debido a este problema, la ciudadanía generó un sentir de falta de representatividad en el Estado, lo que se exacerbó tras distintas acusaciones de corrupción hacia los mandatarios del país.
Bajo este contexto, el pasado 25 de marzo, por medio de un mensaje a la nación, la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte, convocó a elecciones generales para el día 12 de abril de 2026[1], donde se elegirá democráticamente a un nuevo presidente y congresistas. En este mensaje, la mandataria señaló su compromiso de velar por el desarrollo de elecciones transparentes y justas. Como también, justamente señaló que estas nuevas elecciones implicarían la culminación de la inestabilidad política en el país, por lo que se permitiría la consolidación de un Perú más unido y establecer soluciones efectivas para las problemáticas que afectan a la sociedad peruana.
Sin embargo, es importante cuestionar la afirmación de que las elecciones previstas para el próximo año realmente significarían la finalización del periodo de crisis política que vive el Perú. Durante los últimos 4 años, el Congreso ha implementado distintas reformas legales y constitucionales para así modificar la manera en la que se eligen a las nuevas autoridades y la estructuración de estos. Por lo mismo, es vital evaluar las consecuencias que la aplicación de las mismas podrían causar en la presente sociedad peruana inestable y que cuenta con la urgencia de establecer políticas públicas que solucionen aquellos problemas que la aquejan. A su vez, la importancia de realizar tal análisis sobre las reformas se encuentra en que las mismas fueron promulgadas con una notable desaprobación popular, como también, tras ser calificadas como ineficaces para absolver las necesidades de la población.
Ante el panorama descrito, en el presente editorial, Enfoque Derecho se propone analizar si las próximas elecciones constituirán una verdadera solución a la actual inestabilidad política que atraviesa el país. Para ello, se analizarán las reformas legales y constitucionales que serán aplicadas en dicho proceso electoral. A partir de la evaluación de su idoneidad, se sostendrá la necesidad de promover reformas que no socaven la institucionalidad ni la transparencia de las organizaciones políticas, con el objetivo de consolidar una mayor estabilidad democrática en el Perú.
2. Reformas electorales y constitucionales aprobadas
Durante los últimos cuatro años, el Congreso de la República del Perú ha impulsado una serie de reformas electorales y constitucionales que modificarán profundamente la estructura del sistema político y condicionarán el desarrollo de las próximas elecciones generales. Entre estas reformas, se destacan cinco que, por su alcance e implicancias, merecen especial atención.
La primera medida relevante fue la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO, en adelante)[2]. Este mecanismo permitía a la ciudadanía, sin necesidad de pertenecer a un partido político, participar en la selección de los candidatos que competirían en las elecciones generales. Su supresión, aprobada en febrero de 2023, se justificó argumentando su alto costo y limitada eficacia. Como compensación, se establecieron nuevas modalidades de elección interna, aunque con menor apertura a la participación ciudadana, concentrando el poder de decisión en las dirigencias partidarias.
En segundo lugar, el Congreso aprobó en 2025 la restitución del financiamiento privado por parte de empresas a los partidos políticos[3]. Aunque esta modalidad existía previamente, su retorno ha sido objeto de debate. La norma busca institucionalizar estos aportes bajo la fiscalización de la ONPE, a fin de evitar pactos irregulares. Sin embargo, persisten cuestionamientos respecto a los riesgos de opacidad y a la posible influencia de intereses privados en la política.
Una tercera medida de gran impacto fue la restitución de la reelección inmediata de congresistas, aprobada en noviembre de 2023[4]. Esta posibilidad había sido rechazada por la ciudadanía en el referéndum del 2018, pero el Congreso la reincorporó con el argumento de que forma parte de los derechos políticos de los legisladores y permite la continuidad de quienes realicen una buena labor parlamentaria.
El retorno a la bicameralidad representa la cuarta gran reforma[5]. Pese a haber sido también rechazada por el electorado en el mismo referéndum de 2018, fue promulgada en marzo de 2024. Los impulsores de esta medida sostienen que dos cámaras permitirán mejorar la calidad del debate legislativo, reforzar el control normativo y acercar el diseño institucional a los principios de especialización y separación de poderes.
Finalmente, como complemento a la bicameralidad, se aprobó en diciembre de 2024 el incremento del número de congresistas, pasando de 130 a 237[6]. Esta ampliación responde a la necesidad de conformar adecuadamente ambas cámaras —158 diputados y 79 senadores—, y se justifica por la búsqueda de una mayor representatividad territorial y funcional.
Estas cinco reformas reflejan un reordenamiento sustantivo del sistema político peruano. Si bien algunas apuntan a corregir deficiencias estructurales, otras han sido cuestionadas por revertir decisiones populares expresadas en referéndum. Lo cierto es que todas ellas marcarán un punto de inflexión en la dinámica electoral y parlamentaria del país, cuya eficacia y legitimidad dependerán, en última instancia, de su implementación transparente y de la calidad del debate público que las acompañe.
3. ¿Buenas reformas?
Las reformas aprobadas por el Congreso de la República constituyen un cambio sin precedentes en el sistema electoral nacional. Estas reformas no solo suponen un cambio en las reglas electorales, sino que se inmiscuyen en lo profundo del sistema constitucional peruano alterando significativamente la estructura del propio parlamento. Por importancia que revisten estas disposiciones y las consecuencias que conllevarían, no han quedado exentas de profundas críticas por parte de expertos en materia electoral y constitucional.
Como se ha mencionado anteriormente, parte del compendio de reformas aprobado lo conforma la eliminación de las elecciones PASO, lo que, de aplicarse, hubiera permitido que la ciudadanía funcionara como un primer filtro de candidatos a la presidencia o al Congreso. En efecto, disponer de elecciones previas en las que participarán todos los electores, independientemente de si están afiliados a un partido político o no, les otorga un mayor protagonismo y más oportunidades para la expresión de su voluntad política, ejerciendo su soberanía política[7]. Es decir, que con las elecciones primarias, se hubiera dotado de un mecanismo adicional de participación política al electorado peruano, lo que incrementaría el peso de su voluntad en los comicios.
Con la implementación de este innovador régimen electoral, no solo se hubiera permitido una mayor democratización y representatividad en las planillas electorales de la primera vuelta, desarrollando el derecho fundamental a la participación política de los peruanos, sino también, desde una perspectiva de eficiencia, racionalizar el sistema de partidos y ordenar la oferta política [7]. Al respecto, la imposición de una instancia eliminatoria previa a la primera vuelta electoral ayuda a reducir el número de fuerzas políticas que compiten, ya que las agrupaciones que no puedan pasar cierta valla serán eliminadas de la contienda, y se evitará la fragmentación y la confrontación política extrema al interior de los poderes del Estado.
Cabe recordar que, desde las elecciones de 2020, el Perú convive con un Congreso cada vez más fragmentado, aumentado de nueve a trece partidos políticos en tan solo un año. Bajo ese panorama, de haber sido implementado el mecanismo en pasadas o futuras elecciones, la crisis parlamentaria derivada de los numerosos partidos políticos que coexisten en el Pleno se hubiera menguado considerablemente.
Sin embargo, la reforma política impulsada en el Congreso no se limitó únicamente a suprimir mecanismos que permitían una mayor participación política de la ciudadanía, pues, debido a la Ley N.º 32254, se dieron cambios significativos en materia de financiación a partidos políticos. En sí mismo, este cambio no constituye algo innovador, ya que, durante la mayor parte la historia republicana, las agrupaciones políticas peruanas de toda índole han podido recurrir al financiamiento privado de empresas, por lo cual este cambio normativo solo dispone la restitución de esta modalidad, aunque, cabe resaltar, con algunos ajustes significativos o controversiales.
La regulación propuesta por el legislativo, si bien reabre la posibilidad a las empresas privadas a aportar a las agrupaciones políticas de su preferencia, también impone ciertos candados para esta modalidad de financiación. Una muestra de ello sería el artículo 31 del citado cuerpo normativo, donde se establecen las causales de financiamiento ilegal. Este artículo dispone un marco normativo que limita los sujetos privados que pueden aportar a los partidos. Por ejemplo, el inciso c) de la mencionada disposición establece que será considerado un aporte ilegal el que provenga de una persona jurídica extranjera.
La prohibición a este tipo específico de persona jurídica, tiene su fundamento en la propia experiencia nacional en casos de corrupción. Como se recordará, en el 2016, se expuso el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht, descubriendo el oscuro financiamiento a funcionarios públicos durante sus campañas electorales a cambio de ventajas en concursos de selección para obras de infraestructura del Estado peruano. En ese contexto, limitar la prohibición a solo personas jurídicas extranjeras atiende a una realidad y, a su vez, procura que no se vuelva a incidir en aquellos actos antijurídicos.
No obstante, el dispositivo normativo no ha estado desprovisto de críticas. El artículo 30-C del citado cuerpo normativo plantea la figura de “aportes confidenciales”, la cual supone que las contribuciones voluntarias se efectúen a través de una cuenta administrada por el Banco de la Nación, para garantizar la reserva de identidad del aportante.
En respuesta a esta medida, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a través de un informe técnico, cuestionó esta disposición mencionando que la falta de transparencia en el sistema podría abrir la puerta a prácticas como el clientelismo político y el financiamiento ilícito, debido a la ausencia de un mecanismo sólido de supervisión ciudadana. Además, señaló que eliminar la exigencia de declarar los aportes recibidos podría derivar en un contexto de absoluta ausencia de control y vigilancia. Por ello, se puede concluir que dicha disposición constituye una debilidad al sistema de financiamiento político, lo que afectaría principios fundamentales de transparencia y rendición de cuentas.
Ahora bien, en el año 2024, el Congreso aprobó una serie de reformas constitucionales respecto a la estructura y elección del parlamento. Entre los cambios en la materia más polémicos, se encuentra la restitución de la reelección inmediata de congresistas. Con el retorno de este mecanismo, se han suscitado innumerables críticas dentro de la sociedad, ya que se alega la falta de legitimidad popular de la que adolece dicha reforma. Cómo se recordará, a través de referéndum llevado a cabo en el 2018, se decidió prohibir las reelección inmediata de parlamentarios
En principio, esta medida tenía como finalidad dotar al legislativo de una nueva oferta política, disintiendo de la experiencia de los antiguos parlamentarios. No obstante, como advierte el abogado especialista en derecho procesal, Javier De Belaunde, “con la prohibición de reelección, se cortó uno de los pocos lazos que unían al parlamentario con su representante. Sin el incentivo de ganar la reelección, no debe sorprender que la desconexión entre los políticos y la ciudadanía haya aumentado. Además, se sacrificó innecesariamente la experiencia acumulada, dejando al Congreso en manos novatas y cortoplacistas, atizando la inestabilidad”[8]. Como se aprecia, la prohibición ha traído más problemas que beneficios al hemiciclo parlamentario, dotándolo de poca experiencia y de legisladores sin intención de crear una carrera política. Por ello, se considera que el retorno de la reelección parlamentaria, resultaría un acierto del Congreso.
El retorno a la bicameralidad constituye, probablemente, la reforma política más significativa de los últimos años. Este cambio en la estructura del Congreso tuvo un destino diferente al de la reelección, dado que en el referéndum se planteó a la población si se encontraban a favor o no. El resultado fue negativo. Sin embargo, a pesar de la notable oposición de la población, la bicameralidad resulta beneficiosa para el buen funcionamiento del sistema parlamentario. Continuando con De Belaunde, no se trata de buscar contrapesos, complementariedad y especialización. Con la reforma aprobada se tendrá dos cámaras cuyas funciones estarán divididas, pudiendo una controlar la actividad de la otra.
Esto permitirá que las decisiones del parlamento pasen por un segundo filtro, que asegurará, en teoría, una mayor calidad legislativa. Se considera que esta reforma es acertada, aunque es necesario puntualizar que debe ir acompañada de una reforma partidaria sustantiva, que dote a las agrupaciones políticas de mejores cuadros técnicos para presentarlos en las elecciones generales.
4. Conclusiones y reflexiones finales
Las reformas aprobadas por el Congreso, pese a su profundidad e impacto en la arquitectura institucional del país, han sido tramitadas, en muchos casos, sin el consenso ciudadano ni el suficiente debate técnico que una transformación de tal magnitud requiere. Esto evidencia una preocupante desconexión entre las decisiones legislativas y las expectativas de la población, así como una debilidad en los mecanismos de deliberación democrática.
Contrario a lo expresado por la presidenta Dina Boluarte, el inicio de este proceso electoral no significaría el comienzo de un periodo de estabilidad política en el Perú, sino la aplicación de reformas incompletas y de poca reflexión técnica que profundizarían la existente polarización en el país. Por lo mismo, hacemos un llamado firme a las autoridades del Estado, y en especial al Congreso de la República, a reflexionar seriamente sobre el modo en que se están llevando a cabo estas reformas. No basta con tener la facultad legal para legislar: se necesita también ejercer esa facultad con responsabilidad democrática, apertura al diálogo y conciencia del impacto que cada decisión tiene sobre la legitimidad de las instituciones.
Es urgente que las autoridades asuman una actitud autocrítica y revisen si las reformas que impulsan responden verdaderamente a las necesidades del país o si son producto de cálculos coyunturales y visiones de corto plazo. Solo mediante un proceso transparente, participativo y técnicamente sólido, será posible avanzar hacia una verdadera reforma política que fortalezca la democracia, fomenta la representación efectiva y recupere la confianza ciudadana en el sistema político.
Editorial escrito por Sergio Cruzalegui y Joseph Martell
Referencias bibliográficas:
[1] https://www.infobae.com/peru/2025/03/25/dina-boluarte-convoca-a-elecciones-generales-2026-congreso-podra-aprobar-leyes-electorales-hasta-el-12-de-abril/
[2] https://rpp.pe/politica/elecciones/ejecutivo-promulgo-ley-que-elimina-elecciones-primarias-abiertas-simultaneas-y-obligatorias-paso-noticia-1528032?ref=rpp
[3] https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2367631-1
[4] https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/cara-y-sello-dos-opiniones-sobre-la-reeleccion-inmediata-de-congresistas-referendum-martin-vizcarra-elecciones-2021-noticia/
[5] https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/bicameralidad-y-reeleccion-parlamentaria-tan-impopulares-como-necesarias/
[6] https://larepublica.pe/politica/congreso/2024/12/04/congreso-aprueba-ley-que-ampliaria-el-numero-de-congresistas-a-mas-de-237-con-la-bicameralidad-en-las-elecciones-del-2031-71964
[7] https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/75723/CONICET_Digital_Nro.40742fc4-a66c-40f8-b13b-1c4d24470953_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y
[8] https://idehpucp.pucp.edu.pe/boletin-eventos/bicameralidad-y-reeleccion-parlamentaria-tan-impopulares-como-necesarias/
