Editoriales

La inhabilitación de Delia Espinoza: Entre la responsabilidad política y el retorno del blindaje parlamentario

» […] la inhabilitación de Delia Espinoza se inscribe en un contexto de creciente tensión entre el control político del Congreso y la autonomía de los órganos del sistema de justicia, particularmente del Ministerio Público. Este caso evidencia los riesgos de una utilización expansiva de la acusación constitucional que desdibuja sus límites funcionales y diluye la distinción entre responsabilidad política y responsabilidad jurídica».

La derogación de la Educación Sexual Integral (ESI) en el ordenamiento educativo peruano: Retroceso normativo y afectación hacia la protección infantil

“La derogación de la Educación Sexual Integral no debe entenderse como un simple ajuste técnico del currículo escolar ni como una modificación terminológica sin mayores consecuencias. Por el contrario, implica una reconfiguración sustantiva del estándar de protección que el Estado ofrece a niñas, niños y adolescentes”.

Obras públicas paralizadas y contratación estatal: Análisis administrativo de los retrasos en la Línea 2 del Metro de Lima

«Por lo tanto, el rol de las obras públicas dentro del Estado de Derecho es el equivalente de lo que para el ciudadano sería una garantía del cumplimiento de sus derechos fundamentales o de los bienes jurídicamente protegidos por la Constitución, puesto que a partir de ellos es que se logra promover condiciones mínimas para el desarrollo de la población».

El precio de denunciar: El Proyecto de Ley 11561/2024-CR y la inminente criminalización de las víctimas de violencia de género.

Editorial escrita por Enfoque Derecho 1. Introducción Durante el último periodo legislativo, el Congreso de la República del Perú ha impulsado una alarmante sucesión de medidas legislativas que amenazan con desmantelar el marco jurídico de protección de los derechos de las mujeres. Esta ofensiva se evidencia en proyectos orientados a invisibilizar la violencia basada en el género, como la iniciativa para eliminar el delito de feminicidio del Código Penal bajo la premisa infundada de una supuesta sobrerrepresentación. Asimismo, el Parlamento aprobó modificaciones a la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (Ley N.º 28983), reemplazando el enfoque de género por un paradigma de «complementariedad entre varón y mujer», lo cual vacía de contenido las políticas públicas destinadas a

Un rompecabezas difícil de armar: La problemática de la representatividad de los partidos políticos y la fragmentación electoral en tiempos de elecciones

“El escenario de un sistema de partidos fragmentado y poco institucionalizado, sumado a las diversas posturas ideológicas y falta de confianza ciudadana en las instituciones, solidifican una barrera entre la población y los actores políticos. Esta situación es crítica, puesto que la fortaleza de una democracia recae en la integración y representación de los intereses de todos los ciudadanos […]”

¿Cultura o delito?: El etnocentrismo de los derechos fundamentales frente a la justicia comunal

«Asimismo, se requiere fortalecer las capacidades institucionales del sistema de justicia en materia intercultural. Esto implica no solo la capacitación de jueces, fiscales y defensores públicos en pluralismo jurídico, sino también la incorporación de peritajes antropológicos y mecanismos de traducción cultural en los procesos penales. En la práctica, muchas decisiones judiciales que restringen la jurisdicción comunal responden, más que a una incompatibilidad real con los derechos fundamentales, a la falta de comprensión del contexto cultural en el que se producen los hechos».

La energía como derecho fundamental: Los límites de la fuerza mayor en la responsabilidad del TGP

La crisis del 1 de marzo de 2026 evidencia que el suministro energético, por su conexión directa con la dignidad humana y con derechos como la salud, la educación y el trabajo, no puede ser concebido como una prestación contingente, sino como un derecho fundamental de configuración legal cuya efectividad exige un Estado garante y no meramente espectador. En este contexto, la invocación de la fuerza mayor por parte del concesionario sólo resulta admisible bajo un estándar particularmente estricto de imprevisibilidad e irresistibilidad.

Editorial | Los delitos contra la libertad sexual en los pueblos originarios en el Perú: Tensión entre la interculturalidad y la protección de derechos fundamentales

En definitiva, el sistema de justicia se encuentra obligado a incorporar una comprensión contextual de los hechos, así recurriendo a herramientas como la pericia antropológica y a enfoques interculturales, pero sin que ello implique, en ningún caso, una renuncia a la protección efectiva de los derechos fundamentales. En consecuencia, la respuesta estatal debe ser integral, articulando de este modo una intervención penal eficaz con políticas preventivas y medidas culturalmente pertinentes orientadas a remover las barreras estructurales que enfrentan las víctimas indígenas y a garantizar un acceso real, oportuno y efectivo a la justicia.

Carga de la prueba y tutela jurisdiccional efectiva en los casos de mala praxis médica : ¿Quién prueba la negligencia?

Introducción El Estado Constitucional de Derecho, desde su concepción, se entiende como el imperio de la Constitución, es decir, tanto el Estado como las personas se encuentran bajo la dirección y sustento de la carta magna, como norma de mayor rango. En ese sentido, la Constitución contempla diferentes principios y mecanismos, con los cuales se organiza tanto el Estado como la sociedad. Una de ellas es la función jurisdiccional, contemplada en el artículo 138 de la norma constitucional. Asimismo, el artículo siguiente desarrolla los principios de la administración de justicia, de los cuales destacamos el inciso 3: “La observancia del debido proceso y la tutela  jurisdiccional”. El proceso judicial, entonces, no solo se percibe como un medio para la resolución