Editoriales

Esta semana los problemas de nuestro sistema de transporte público han estado en el foco de la tormenta. Además del caos, tráfico y desorden que agobia a la ciudad, el peligro que representa el transporte público es cada vez más evidente, alcanzando un punto cúspide cuando son vidas las que están de por medio. Así sucedió que el jueves 24 de abril fallecieron 2 personas en el distrito de Miraflores debido a un accidente provocado por un conductor de la empresa Orión, lo que sin duda fue la gota que rebalsó el vaso. A partir de ello, pudimos presenciar una rápida reacción por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), que con ayuda de la Municipalidad del Callao y la Policía Nacional del Perú (PNP), ha decidido paralizar la ruta en la cual se manifestó el siniestro. En refuerzo a esta medida, el Ejecutivo ha promulgado un Decreto Supremo que impone medidas muy fuertes a fin de frenar los serios problemas de seguridad de nuestro transporte público. Sin embargo, aún es menester preguntarnos: ¿son eficaces y suficientes? En el presente editorial abordaremos tales preguntas a fin de analizar la situación de nuestro sistema de transporte público.

El pasado miércoles 9 de abril, tras una larga espera y con varias sesiones sin resultados de por medio, por fin se eligió como nuevo Fiscal de la Nación al cuestionado Carlos Ramos Heredia. La autoridad fue electa mediante un mecanismo bastante polémico, donde distintos sectores de la prensa y varias organizaciones de la sociedad civil criticaron la ausencia de un proceso transparente, con reglas claras y destinadas a priorizar el mérito y la capacidad de la persona que asumirá la institución, ya que, por el contrario, nos hemos encontrado frente a un sistema que permite a determinados grupos de interés manejar el proceso de elección, generando que se antepongan sus prioridades antes que el bienestar general. Así, entre las grandes críticas que se realizan a nuestro nuevo Fiscal, resulta de gran preocupación su vinculación con la cúpula acusada de la ola de corrupción que se vive en Ancash. Por esta razón, en el presente editorial invitamos a reflexionar sobre la importancia que tiene el Ministerio Público en nuestro sistema de gobierno, más aun frente a la situación lamentable que se vive en Ancash.

Desde hace algunos años, con el desarrollo y fortalecimiento del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, hemos presenciado un debate cada vez más profundo sobre la situación de las personas con discapacidad (de ahora en adelante, “pcd”). Pese a ello, todavía existen dentro del ámbito interno de algunos Estados ciertas decisiones que generan un preocupante retroceso en esta materia. Un caso reciente es la sentencia de la Corte Constitucional de Colombia que, luego de evaluar una demanda contra el artículo 7 de la Ley 1412 del 2010 que prohibía practicar procedimientos quirúrgicos con fines anticonceptivos en menores de edad, habilitó esta práctica dirigida a menores de edad con discapacidad cognitiva y psicosocial sin su consentimiento. Como era de esperarse, la situación despertó fuertes rechazos por parte de distintas organizaciones internacionales y nacionales defensoras de los Derechos Humanos, como Human Rights Watchs. Frente a este panorama, en el presente editorial abordaremos brevemente el concepto y la normativa internacional sobre las pcd para finalmente, analizar si la decisión de la Corte constituye una medida jurídicamente proporcional.

Hace aproximadamente una semana, las polémicas declaraciones del ex presidente Alan García Pérez, sobre la implementación de la pena de muerte para criminales protagonizaron las primeras planas de algunos medios. A raíz del deleznable asesinato del hijo del burgomaestre de San Juan de Lurigancho, Carlos Burgos, García se mostró fervientemente a favor de esta medida, lo que propició inmediatamente el rechazo por parte de autoridades como el Ministro de Justicia, Daniel Figallo, y el Fiscal de la Nación, José Peláez Bardales. Ciertamente, no pretendemos ahondar mucho en un tema que consideramos ya zanjado. Lo que sí, creemos es importante señalar algunos aspectos que todo ciudadano debe tomar en cuenta a fin de evitar peligrosos apasionamientos que ofusquen nuestra capacidad de razonar. Desde esta tribuna nos encontramos en contra de una condena como tal por los motivos a señalar.