El día de hoy el Concejo de Miraflores aprobó una ordenanza que busca asegurar el respeto a la igualdad y la no discriminación. El distrito contaba ya desde hace unos años con una ordenanza en dicha materia, la que nos permitió sancionar dos sonados casos de discriminación en locales comerciales. Entonces, ¿por qué la necesidad de contar con una nueva ordenanza?
El ruido político viene creciendo y, al mismo tiempo, las municiones se vienen agotando para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Esta situación me hace recordar a la famosa serie norteamericana The West Wing, en la cual, el entonces jefe de personal de la casa Blanca, Leo McGarry, reúne a todos los asesores principales del presidente y les hace la siguiente pregunta: “Bien, nos quedan 365 días, y en cada uno de estos días ustedes tendrán más poder que todo lo que tengan el resto de sus vidas; entonces, ¿los quieren pasar en cuestiones secundarias o quieren hacer algo significativo?”
El pasado 26 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó una ordenanza que renueva por tres años las rutas de los buses de la capital. La decisión generó suspicacias y varios medios han denunciado que las rutas que han sido renovadas, incluyen también las que deberían ser utilizadas para implementar los corredores complementarios, de integración y aproximación del Sistema Integrado de Transporte. Esta situación ha generado malestar y ha llevado a muchos a cuestionar las medidas que viene tomando la actual gestión de la MML. Por eso, en el presente editorial, se analizará los primeros meses de mandato del burgomaestre Castañeda Lossio, haciendo particular énfasis en los retrocesos realizados- y amparados- durante su gestión.
En el Perú se falsifican instrumentos de todo tipo, se suplantan personas, se simulan procesos, a veces hasta con el concurso de fedatarios oficiales, y finalmente se accede a los Registros Públicos casi sin resistencia. Por más que el Estado se afana en crear trampas para contener a los delincuentes (alerta registral, inmovilización de partidas, bloqueo provisorio, entre otras), el día a día muestra que los asientos registrales son vulnerables y permiten el despojo injusto.
Los Budas de Bamiyan, Afganistán, estatuas que se cree que fueron esculpidas en el Siglo V o VI, declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no sobrevivieron al fanatismo intransigente de los talibanes: luego de casi 1500 años los destruyeron a dinamitazos durante el Siglo XX. Querían imponer su visión al pueblo afgano borrando su historia. Ellos se proclaman como dueños de la verdad: su interpretación del Islam es la única y debe prevalecer. Sin embargo, no hacen nada contra el hambre y pobreza de su entorno.
Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.
La Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo encargado de defender los derechos fundamentales de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración Estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En ese sentido, viene compartiendo a través de su blog y redes sociales el microprograma “Comparte tus derechos” para así “fortalecer a la ciudadanía en el conocimiento de los trámites y procesos asociados al ejercicio de sus deberes y derechos”.
Hace algunos días el diario El Comercio denunció que el Ministerio de Cultura emitió una polémica resolución en la que dejaba a cargo de los municipios la facultad de otorgar los permisos para construir en inmuebles que son declarados Patrimonio Cultural de la Nación. La medida fue dictada, curiosamente, en medio de un paquete que busca reactivar la economía y agilizar las inversiones, y ha puesto en el debate, de paso, si esta es la mejor manera de hacerlo.
¿Quién regula al regulador? Es la gran pregunta que los liberales le solemos hacer a los defensores del controlismo estatal cuando estos nos argumentan de sus bondades. Sin embargo, esta es una pregunta que no se ha podido dejar de lado ni siquiera en los sistemas políticos liberales más desarrollados. Siempre se llega al punto de la necesidad de autorregulación. Y en este caso creo que el Derecho Parlamentario es un buen ejemplo para ilustrarlo.
La sentencia en cuestión presenta un conflicto –de natural incidencia y activación en nuestras Administraciones Públicas descentralizadas- ocurrido entre una Ordenanza Regional 004-2010-GRA/CR emitida por el Consejo del Gobierno Regional de Ayacucho y un reglamento de alcance nacional contenido en el Decreto Supremo 002-2010-ED, el cual reglaba la normas de selección y contratación del personal docente en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva de todo el país para el año 2010. La colisión entre estas dos normas se da por un tema puntual, el artículo 1 de la citada norma legal regional establecía de manera directa la inaplicación del artículo 1 del Decreto Supremo 002-2010-ED, basado en razones de constitucionalidad (juridicidad) de la norma infra-legal, al estimarse que los formas y procedimientos de concursos públicos establecidos en el Reglamento del Ministerio de Educación vulneraban “el derecho al acceso al empleo público en condiciones de igualdad”.
