El pasado jueves 20 de agosto, el Congreso de la República aprobó con 89 votos a favor la ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo peruano. La norma aún no ha sido publicada en el Diario El Peruano, no obstante ya se ha sido motivo de diversas opiniones debido a que faculta a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) derribar las aeronaves que recaigan en la “sospecha razonable” de estar involucradas en tráfico ilícito de drogas. Al respecto, el congresista Carlos Tubino y autor de la iniciativa, ha sostenido la necesidad de la norma ya que solo en el último año 180 toneladas de droga salieron de nuestro país por vía aérea y remarcó que la actual estrategia de destruir las pistas clandestinas no ha funcionado. Sin perjuicio de que los argumentos que respaldan esta iniciativa legislativa sean totalmente válidos, no resulta menos irrelevante preguntarnos: ¿Es proporcionada la medida del derribo de avionetas bajo la sospecha de tráfico ilícito de drogas? ¿Cuáles son los criterios o estándares para analizar la validez del uso de la fuerza? ¿Un mal uso de esta facultad por las FAP no podría generar consecuencias perjudiciales? En el presente editorial analizaremos y responderemos estas interrogantes.
Imagine que usted ha sido designado como funcionario público con facultades para disponer el cese de comercialización de un producto defectuoso o para establecer sanciones económicas en casos en los que, se cree, cierta información potencialmente valiosa para los consumidores no fue revelada por el proveedor del producto o servicio. Como funcionario designado, su labor se encuentra bajo el escrutinio público. Advierta, además, que la defensa del consumidor siempre ha sido un tema rentable en términos políticos por lo que usted debe esperar campañas periodísticas y presión de ciertos grupos que impulsan acciones orientadas a golpear a empresas supuestamente infractoras antes que a educar a los consumidores supuestamente afectados.
El día de hoy el Concejo de Miraflores aprobó una ordenanza que busca asegurar el respeto a la igualdad y la no discriminación. El distrito contaba ya desde hace unos años con una ordenanza en dicha materia, la que nos permitió sancionar dos sonados casos de discriminación en locales comerciales. Entonces, ¿por qué la necesidad de contar con una nueva ordenanza?
El ruido político viene creciendo y, al mismo tiempo, las municiones se vienen agotando para el gobierno del presidente Ollanta Humala. Esta situación me hace recordar a la famosa serie norteamericana The West Wing, en la cual, el entonces jefe de personal de la casa Blanca, Leo McGarry, reúne a todos los asesores principales del presidente y les hace la siguiente pregunta: “Bien, nos quedan 365 días, y en cada uno de estos días ustedes tendrán más poder que todo lo que tengan el resto de sus vidas; entonces, ¿los quieren pasar en cuestiones secundarias o quieren hacer algo significativo?”
El pasado 26 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó una ordenanza que renueva por tres años las rutas de los buses de la capital. La decisión generó suspicacias y varios medios han denunciado que las rutas que han sido renovadas, incluyen también las que deberían ser utilizadas para implementar los corredores complementarios, de integración y aproximación del Sistema Integrado de Transporte. Esta situación ha generado malestar y ha llevado a muchos a cuestionar las medidas que viene tomando la actual gestión de la MML. Por eso, en el presente editorial, se analizará los primeros meses de mandato del burgomaestre Castañeda Lossio, haciendo particular énfasis en los retrocesos realizados- y amparados- durante su gestión.
En el Perú se falsifican instrumentos de todo tipo, se suplantan personas, se simulan procesos, a veces hasta con el concurso de fedatarios oficiales, y finalmente se accede a los Registros Públicos casi sin resistencia. Por más que el Estado se afana en crear trampas para contener a los delincuentes (alerta registral, inmovilización de partidas, bloqueo provisorio, entre otras), el día a día muestra que los asientos registrales son vulnerables y permiten el despojo injusto.
Los Budas de Bamiyan, Afganistán, estatuas que se cree que fueron esculpidas en el Siglo V o VI, declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no sobrevivieron al fanatismo intransigente de los talibanes: luego de casi 1500 años los destruyeron a dinamitazos durante el Siglo XX. Querían imponer su visión al pueblo afgano borrando su historia. Ellos se proclaman como dueños de la verdad: su interpretación del Islam es la única y debe prevalecer. Sin embargo, no hacen nada contra el hambre y pobreza de su entorno.
Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.
La Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo encargado de defender los derechos fundamentales de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración Estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En ese sentido, viene compartiendo a través de su blog y redes sociales el microprograma “Comparte tus derechos” para así “fortalecer a la ciudadanía en el conocimiento de los trámites y procesos asociados al ejercicio de sus deberes y derechos”.
Hace algunos días el diario El Comercio denunció que el Ministerio de Cultura emitió una polémica resolución en la que dejaba a cargo de los municipios la facultad de otorgar los permisos para construir en inmuebles que son declarados Patrimonio Cultural de la Nación. La medida fue dictada, curiosamente, en medio de un paquete que busca reactivar la economía y agilizar las inversiones, y ha puesto en el debate, de paso, si esta es la mejor manera de hacerlo.
