En la siguiente entrega de las Clases de Garantías, Martín Mejorada, abogado y socio del estudio Rodrigo, Elías & Medrano Abogados, nos explica la noción de obligación garantizada objeto con la garantía inmobiliaria.
Por Juan Carlos Ruiz Molleda y Álvaro Másquez Salvador, miembros del Instituto de Defensa Legal. Hace un mes, el Juzgado Penal Unipersonal de Espinar (Cusco) emitió sentencia en el proceso penal[1] seguido contra seis dirigentes de la Comunidad Campesina de Oquebamba, por la presunta comisión del delito de usurpación, en su modalidad agravada. Estos fueron condenados a pena privativa de la libertad efectiva de 4 años y 6 meses en el penal San Judas Tadeo de Sicuani[2]. Increíblemente, estos dirigentes han sido sancionados por la defensa de su territorio ante el intento de terceros, ajenos a la comunidad, de irrumpir en él. Los invasores no eran comuneros calificados, es decir, aquellos únicamente facultados para reclamar el derecho de posesión sobre tierras dentro
Por Gino Rivas, abogado por la PUCP y adjunto de docencia en la misma casa de estudios. Hace algunos años, el congresista Héctor Becerril planteó un proyecto de ley[1] para la modificación de diferentes artículos del Decreto Legislativo N° 1071, Ley de Arbitraje (LA). Una propuesta “interesante” de dicho proyecto radicaba en el establecimiento de un recurso —a favor de las partes y sin que estas pudieran renunciar al mismo— de apelación contra el laudo, el cual sería conocido y resuelto por otros árbitros. Esta propuesta —como todas las otras contenidas en el mencionado proyecto de ley— fue muy criticada.[2] Imponer (énfasis en esta palabra) un derecho de apelación contra el laudo fue considerado como un atentado contra la celeridad
Por Mariana Delgado, asociada del área de Recursos naturales del Estudio Rodrigo, Elías & Medrano y asociada extraordinaria de Themis. Recientemente se publicó el proyecto de Reglamento del Procedimiento Sancionador del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental – OEFA que , de ser aprobado, reemplazaría a aquel cuyo Texto Único Ordenado fue aprobado por Resolución de Consejo Directivo N° 045-2015-OEFA-PCD (el “TUO”) y que está actualmente vigente. El Proyecto en cuestión, si bien no es extenso, está cargado de novedades – algunas positivas y otras no tanto. Por ejemplo, destacan aquellas referidas a: (i) el plazo aplicable para la presentación de los descargos, así como a la posibilidad de solicitar prórroga para su presentación; (ii) la determinación de la multa; y,
Por Brian Avalos, abogado por la PUCP y asociado del Estudio Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. I. Introducción. – Recientemente se ha cumplido 1 año de gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y vamos a analizar los principales cambios normativos y los temas que han quedado pendiente debatir. Recordemos que Pedro Pablo Kuczynski tuvo como principal lema de campaña reducir la informalidad laboral. Ya en el gobierno, planteó la meta de reducir la informalidad laboral de 71% a 60% al finalizar su mandato. Es decir, se ha planteado disminuir la informalidad casi 11 puntos porcentuales en el plazo de 5 años. Debemos recordar que el tema de la informalidad no solo es un tema laboral sino medular de nuestra sociedad pues este
Por: Juan Miguel Labarthe, asociado del área de Recursos Naturales del estudio Rodrigo, Elías y Medrano y ex miembro de la Asociación Civil THEMIS Fuente de la imagen: Perú21 A raíz de la reciente pre-publicación por parte del Ministerio de la Producción de un proyecto de Decreto Supremo por el cual se autorizaría a una empresa peruana de capitales chilenos la adquisición de un terreno en Tacna ubicado dentro de los 50 kilómetros de la frontera entre Perú y Chile para construir un centro comercial, se ha avivado la discusión sobre un asunto que, en nuestra opinión, debió haberse zanjado hace ya buen tiempo: ¿Vale la pena continuar limitando la inversión extranjera en áreas limítrofes? ¿Acaso en pleno siglo XXI
César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente de Derecho en la PUCP El diario ‘El Comercio’ ha publicado una respuesta de E. Álvarez Miranda (20/7/2017) [1] a la columna que publiqué en el mismo diario titulado «El género en la educación y la Constitución» (10/7/2017) [2]. Como todas las opiniones en un debate son válidas siempre que tengan sustento y/o coherencia, me permito levantar alguna acusación y responder otra afirmación, que están al margen del tema del tratamiento constitucional de la educación integral -incluida la sexual-. Se alude a la dictadura de Velasco como un antecedente de la llamada «ofensiva estatista en materia de educación como la que hoy apreciamos y de la que César Landa da cuenta
Por Cesar Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente de la Facultad de Derecho de la PUCP. La democracia constitucional puede ser analizada desde una perspectiva coyuntural, a partir de los avances o retrocesos del gobierno y la oposición en función de las acciones u omisiones de la agenda pública ofrecida electoralmente. Sin embargo, más allá de la coyuntura política, económica y social -necesaria de evaluar al término del primer año del gobierno -también es importante analizar el régimen democrático constitucional en el cual se asienta el gobierno y la oposición. Ello debido a que, el origen de la crisis de la gobernabilidad -tres ministros separados por la oposición, medidas gubernamentales paralizadas, sin perjuicio de la óptima reacción frente
Por Mariano Peró, abogado por la PUCP, Magíster en Derecho (LL.M.) por la Universidad de Columbia y asociado internacional de Simpson Thacher & Bartlett LLP, oficina de Nueva York. El 23 de julio de 2010 el Tribunal Registral promulgó la Resolución N° 289-2010-SUNARP-TR-A, la cual desarrolló el concepto de la lista de asistentes y sus formalidades. Así, señala que esta “puede o no formar parte del acta. Cuando forme parte del acta la misma por su mérito servirá para acreditarla; sin embargo, cuando no forme parte del acta (….) la sociedad (…) deberá llevar un libro especial cuya apertura haya sido debidamente certificado por Notario Público, por ello el artículo 47 del Reglamento del Registro de Sociedades señala que
Por: Maritza Quispe Mamani (Abogada Instituto de Defensa Legal y EarthRights International – ERI) y Nathalie Alegre, pasante en ERI, Programa de la Amazonía. Estudiante de segundo año de la Escuela de Derecho de la Universidad de California, Berkeley, y Fellow del Centro de Derechos Humanos de la Escuela de Derecho de la Universidad de California. El derecho al medio ambiente equilibrado y adecuado, y el deber del Estado de proteger la biodiversidad, están consagrados en la Constitución Política peruana y en diversos instrumentos internacionales ratificados por el Estado. Sin embargo, la manera en que algunas entidades estatales tratan al medio ambiente contrasta fuertemente con estos preceptos normativos y con la interpretación que de éstos ha realizado el Tribunal Constitucional.
