Nadie cuestiona lo importante que resulta el que las personas puedan acceder a los medicamentos necesarios para beneficio de su salud, pero es importante postularnos el siguiente cuestionamiento: ¿de qué manera una regulación de los precios de medicamentos permitiría un mayor acceso de los consumidores frente a estos bienes?
La innovación es espontánea y suele ir rápido. Es como un Corre-caminos astuto y rápido. Sin planeamiento adecuado, el ministerio propuesto será un intento por dar vida a un Coyote torpe, lento y, sobre todo… costoso.
El gobierno debe reducir su nivel de tolerancia y responder en contra de los mineros ilegales como lo que realmente son: delincuentes que evitan la formalidad, evaden impuestos, afectan la salud de los ciudadanos y deterioran el medioambiente.
Los niños podrían tener una mucha mejor vida en instalaciones más idóneas para su crecimiento, más modernas y adaptadas a sus crecientes necesidades, que continuar, por la falta de visión de nuestra alcaldesa, en el olvido de los fríos muros de estas instalaciones del año 1930.
En este episodio de ‘Histeria en el tiempo’, Carlos Rivera, abogado y vicepresidente del Instituto de Defensa Legal (IDL) nos comenta los elementos jurídicos relevantes del juicio a Augusto Pinochet.
Una verdadera política de reconocimiento parte, en primer lugar, por lograr una legítima universalización de derechos a fin de ser ciudadanos iguales frente a nuestro sistema jurídico.
Esta semana, en una entrevista realizada al presidente Ollanta Humala por un medio local (RPP), el mandatario hizo referencia a la situación legal de los ex presidentes Alan García, Alejandro Toledo y Alberto Fujimori con la frase lapidaria «aquí nadie tiene corona». La frase, enmarcada en un discurso crítico de Ollanta Humala contra sus predecesores, generó que, de inmediato, el APRA, Perú Posible y Fuerza Popular decidieran renunciar a su participación en la segunda etapa del diálogo nacional convocado por el gobierno.
Entre las medidas tomadas por el gobierno para promover la inversión el pasado mayo, destacan los decretos supremos 054 y 060 que modifican el procedimiento administrativo de obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA), seguido ante el Ministerio de Cultura (MINCU), reduciendo sus plazos de emisión de 30 a 20 días y transitando del silencio administrativo negativo al silencio administrativo positivo en caso de ausencia de pronunciamiento expreso del MINCU.
Muchas veces se cita, sin más, el derecho al agua como argumento para que su abastecimiento no sea privatizado. Pero si el agua es un derecho, con más razón el Estado tiene que adoptar los mejores medios para asegurar que todo peruano tenga acceso a ella, y creo que es claro que esa vía no es la empresa estatal.
Las preferencias de la mayoría de la sociedad no tienen, bajo ningún motivo, por qué convertirse en ley. Si existe consenso sobre la posibilidad de corrupción del poder, no existen razones para negar analógicamente la posibilidad de corrupción del “gobierno del pueblo».
