El Tribunal Constitucional (TC) ha vuelto a sorprender a todos con una cuestionable sentencia. Básicamente, en esta oportunidad, se atribuyó funciones ajenas y ordenó (i) destituir a dos Fiscales Supremos, (ii) nombrar como Fiscal Supremo al polémico Mateo Castañeda y (iii) “ordenar” al Ministerio de Economía y Finanzas presupuestar los dos cargos de las fiscales salientes para que así se puedan volver a incorporar en sus puestos. En pocas palabras, la sentencia armó todo un alboroto. Así, en razón a esto y debido a la serie de interrogantes que han aparecido en los medios, en el presente artículo, intentaremos explicar de forma práctica los errores de esta controvertida sentencia.
El mes de abril ha sido una faena para el sistema de justicia. Primero fue el Ministerio Público con la polémica elección del Fiscal Supremo, y ahora es el turno del Poder Judicial con el recurso excepcional de revisión que ha presentado la defensa del ex-presidente Alberto Fujimori para buscar la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años de pena privativa de la libertad por autoría mediata de los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros. Todo esto en razón de que habría una “contradicción” en las decisiones del Poder Judicial, ya que en la sentencia del 20 de marzo de 2013, se impuso esta misma condena de autoría mediata al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a otras personas, por lo cual se habría concluído que los verdaderos autores de las matanzas habrían sido estos últimos y no Fujimori. Si bien el planteamiento resulta polémico, acá no acaba el meollo del asunto, pues la Sala designada para definir esta controversia es la del conocido y polémico magistrado Javier Villa Stein. Como era de esperarse, durante la semana distintas organizaciones han alzado la voz y han solicitado que el cuestionado juez se inhiba del caso por no garantizar la imparcialidad que requiere todo proceso judicial. Dada esta coyuntura y debido a la importancia del tema, en el presente editorial analizaremos la controversia para reflexionar sobre la importancia del principio de imparcialidad y las consecuencias que puede ocasionar su afectación en el presente proceso.
Estoy en desacuerdo con casi todas sus opiniones, pero ese es otro tema. Nadine Heredia es una figura importante en el universo político actual. Además de ser la primera dama, es presidenta del Partido Nacionalista y una potencial candidata presidencial en alguna elección del futuro previsible. Es, pues, una figura política sumamente importante dentro del nacionalismo. No podemos esperar que Heredia tenga el mismo perfil que las primeras damas que la precedieron.
Hace unas semanas, fuimos testigos del fin de la precandidatura a la alcaldía de Lima de Pablo Secada tras la publicación de una serie de denuncias en su contra que lo obligaron a renunciar. Más allá de la gravedad de éstas, pudimos identificar un fenómeno que esta vez se tradujo en una intensa campaña individualista pese a que aún los procesos de consulta interna para elegir al candidato oficial del partido no habían culminado. El problema no es exclusivo del PPC. Todo lo contrario, está inmerso en el resto de partidos de nuestro país y manifiesto de distintas formas. Nos referimos a la débil o inexistente democracia interna que rige dentro de éstos; un fenómeno que buscaremos analizar en el presente editorial a partir de lo señalado por la ley que regula la materia, para así poder contrastarlo con lo que predomina en nuestra realidad.
Es complicado ser optimista hoy en día con respecto a nuestra coyuntura política. Durante las últimas semanas hemos sido espectadores de titulares y escándalos de nuestras autoridades, producto de sus acciones y malas decisiones. El espacio público se ha vuelto, una vez más, el canal donde se debaten los descaros y la ineficiencia de nuestros gobernantes, antes que un lugar de deliberación sobre los proyectos e iniciativas que requiere el Estado, ya sea en el ámbito de servicios, derechos o reformas políticas. Lo peor, es que mientras siguen los titulares sobre las “repartijas” o las declaraciones de la primera dama, nuestro país sigue cayendo en una ya consumada crisis de institucionalidad.
Enfoque Derecho entrevista al congresista de Acción Popular, Victor Andrés Belaunde, sobre la coyuntura política y jurídica a propósito de los recientes sucesos en el Gabinete Cornejo, el rol de la Primera Dama, Nadine Heredia, y las denuncias que se le siguen a diversos congresistas por el tema de conflictos de intereses, como es el caso Gago, Uribe y Omonte.
El día viernes, por primera vez desde que nos rige la Constitución del 93, el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al Gabinete de Ministros encabezado por el Premier Cornejo de acuerdo al procedimiento establecido por los artículos 130, 132 y 133 de nuestra Constitución y el reglamento del Congreso. Fueron dos votaciones seguidas en las que no se obtuvo el voto de confianza: en la primera con 47 votos a favor y 71 abstenciones; y en la segunda con 42 votos a favor, 6 en contra y 73 abstenciones. A raíz de ello, el Presidente ha solicitado que el lunes se convoque a sesión extraordinaria para definir si se le da o no el voto de confianza. Y frente a un panorama como tal, surge una pregunta que aún muchos no logramos resolver: ¿se otorgó o no el voto de confianza al Gabinete de Cornejo? A fin de contestarla, en el presente editorial explicaremos lo sucedido desde el plano jurídico para analizar las consecuencias que trae consigo esta polémica situación.
Luis Miguel Castilla es perfectamente consciente de la vulnerabilidad de su encargo: es el más visible de los ministros, el más buscado, el más consultado, el más importante. De hecho, es el primer ministro de facto con un gabinete propio pues algunos ministros despachan con él más que con el mismo titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Administrar el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) es estar al frente de prácticamente todo el dinero que se mueve en el país y, en ese sentido, la independencia y autonomía de los Poderes del Estado (Judicial, Electoral y en alguna extensión hasta el Legislativo con algunas excepciones), están supeditados a las “recomendaciones” técnicas del titular de dicha cartera. Todos los ministerios, todos los gobiernos subnacionales, el presidente del mencionado Poder Judicial incluido, deben ir a tocarle la puerta o pedir cita para sustentar un incremento de presupuesto que sirva para desde subir sueldos hasta comprar tinta para las impresoras.
Pero seamos justos, no lo ha hecho mal y los números lo han acompañado hasta ahora, cuando el ritmo del crecimiento, que arrastra todo lo demás y que ES la tarjeta mágica de Castilla, empieza a declinar, quién sabe hasta qué nivel y con los efectos que ello supone. El “éxito” macro económico obtenido hasta ahora, en medio de un gobierno que empezó con el peor de los pronósticos por ser presuntamente estatista, populista y “chavista”, le granjeó primero aliados y luego hinchas entre el sector privado en donde, por lo menos la mayoría, lo considera indispensable ahí donde está hoy y quisieran que se quede para siempre. Confiep siempre apuesta a seguro, siempre por lo (malo) conocido; lo que constituye una ironía si consideramos que representan a empresas y empresarios que son (nos dicen siempre) invalorables para la sociedad, precisamente en la medida que y porque toman riesgos con su propio dinero allí donde el resto de los mortales no se atreve. Esta carta, este voto de confianza del empresariado -como decíamos en la primera parte de esta historia- y el que casi todo lo que le dice al Presidente que va a pasar, de hecho pasa, es lo que le ha ganado la buena voluntad de Ollanta Humala y de su esposa. Esto, y nada más que esto, es lo que lo hace indispensable.
Las protestas en Venezuela, sus lastimosas muertes, las huestes chavistas y las múltiples voces de alarma en las redes sociales han sido las protagonistas en los medios regionales esta semana y probablemente continúen siéndolo la siguiente. El proceso por el que atraviesa el país llanero es complejo y no se engloba en una mera condena al “chavismo fanático” o a los “manifestantes fascistas y golpistas.
La inseguridad es una problemática que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años en el país como crece una ola imparable que viene desde el mar. Primero comienza sin mucho ruido en las profundidades del océano y poco a poco se hace más evidente el estruendo de su presencia. En una reciente encuesta de Ipsos se reveló la escalofriante cifra de que el 89% de los peruanos se siente inseguro en las calles e incluso un 51% tiene temor hasta en su propia casa.
