El gobierno tiene dos opciones: o ve, atado de manos, cómo la caída de los precios se traduce en pérdidas para todos los trabajadores peruanos, o hace algo al respecto.
Está de más decir que la coyuntura actual no está de acuerdo con la definición que ha establecido el Tribunal Constitucional sobre el inicio de la vida humana. Tal vez ya es momento que se abra discusión sobre si la fecundación continúa siendo el mejor criterio para establecer “quien es persona”.
Pues bien, tal como indica el título de la presente columna, me dedicaré a analizar someramente la trayectoria de quienes durante el gobierno de Ollanta Humala Tasso han fungido como titulares de la PCM, los motivos de su caída y el contexto que favoreció a sus respectivos reemplazantes.
Las medidas propuestas por Indecopi son buenas y contribuyen a resolver ciertos temas inmediatos, pero la diversidad y complejidad de los intereses involucrados requiere de una reforma más profunda y comprensiva. Si el Congreso quiere realmente solucionar problemas, necesita acometer una reforma integral, con esfuerzo y creatividad. Esta vez, no se la van a poder llevar fácil.
Al margen de las opiniones que cada cual pueda tener sobre las intenciones de Fujimori y lo expresado en la entrevista, el presente artículo editorial se centrará en analizar los matices jurídicos y normativos que nos conducirán a concluir si los hechos realizados por Fujimori, su hijo Kenji y el vocero de su partido constituyen un comportamiento permitido o prohibido por ley.
Nuestro país está avanzando económicamente, pero sin peruanos educados el impacto de este desarrollo será restringido y tarde o temprano se detendrá. Sin libertad no hay espacio para la creatividad que genera progreso y, por supuesto, sin libertad tampoco habrá felicidad.
La privacidad es la esencia de la libertad. Sin ella, no pueden existir los derechos individuales. Privacidad y propiedad están entrelazadas. Si se protegieran ambas, poco habría que decir acerca de otras libertades civiles.
Nuestra Constitución es la norma suprema de la que nacen nuestro derechos y deberes como ciudadanos. Gracias a esta norma de carácter jurídico y político es que se sostiene nuestro Estado y nuestro sistema democrático. Su vigencia y respeto deben darse por parte de todos los órganos estatales, tengan estos (o no) discrecionalidad política como el parlamento.
El último mes, explotaron los medios y las redes sociales a partir de la presentación del proyecto de Carlos Bruce que permitiría reconocer efectos patrimoniales a parejas formadas por personas del mismo sexo, una pretensión necesaria aunque de alcance bastante tímido, que despertó encendidas críticas y adhesiones públicas.
El error material cometido por el Tribunal Constitucional (TC) en la sentencia recaída en el Expediente N° 1969-2011-PHC/TC, en cuya parte resolutiva se declara que los hechos de junio de 1986 en la isla de El Frontón no constituyen crímenes de lesa humanidad, tendrá que ser materia de subsanación de oficio
