Editoriales

El pasado 21 de Julio, la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) presentó una carta al presidente Ollanta Humala, pidiendo que cumpla con la creación de una Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este petitorio tiene como fundamento el reclamo de los familiares de desaparecidos durante el conflicto armado interno, quienes consideran que no se ha llevado a cabo ninguna decisión concreta respecto a este tema. Por ello, lo que exigen es que se apruebe una ley que facilite (i) la búsqueda de los desaparecidos, (ii) la identificación de los restos de éstos y (iii) la restitución de los mismos sin recurrir a largos procesos judiciales. Pero, ¿cuál es la importancia de las medidas de reparación a las víctimas del conflicto armado interno? ¿Por qué el Estado Peruano debería priorizar su aprobación? El presente editorial buscará resolver estas preguntas, con el fin de explicar por qué este tipo de iniciativas son necesarias para la reconciliación de un país.

El pasado 07 y 08 de junio, la Procuradora Pública de Lavado de Activos, Julia Príncipe, declaró ante los medios sobre la investigación en curso a la primera dama Nadine Heredia, por el financiamiento de la campaña del nacionalismo en el año 2006. No obstante, pocas semanas después Príncipe recibió una comunicación del Consejo de Defensa Jurídica del Estado (CDJE) señalando que había incurrido en una inconducta funcional sancionable por realizar las declaraciones anteriormente mencionadas sin autorización. Ante esto, se ha despertado una polémica, catalogando al hecho como “amordazamiento”. Por su parte, Gustavo Adrianzen, Ministro de Justicia y presidente del CDJE, señala que la comunicación se ampara en el reglamento del Decreto Legislativo 1068 (DL 1968). En ese sentido, cabe preguntarnos, ¿es legítima la presión ejercida contra Julia Príncipe?

El pasado lunes 2 de junio, el Tribunal Constitucional emitió la sentencia 0057-2013-PA/TC, donde declaró infundado el proceso de amparo interpuesto por la Sra. Rosalía Huatuco Huatuco, quien alegaba haber sufrido un despido arbitrario y solicitaba su reposición al puesto de secretaria judicial. Asimismo, y de conformidad con el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Constitucional, estableció como precedente vinculante que solo procederá la reposición laboral a plazo indeterminado por desnaturalización de un “contrato temporal” o “contrato civil” cuando el demandante haya ingresado por concurso público de méritos a una plaza presupuestada y exista una vacante de duración indeterminada. ¿Cuál es el problema de fondo que intenta resolver la sentencia? ¿Este nuevo precedente realmente lo soluciona? Esto es lo que buscaremos analizar en el presente editorial.