Durante las últimas semanas, el panorama en la provincia de Islay (Arequipa) no ha hecho más que agravarse. El 23 de marzo, se iniciaron una serie de protestas en contra del proyecto minero Tía María de la empresa Southern Peru Cooper Corporation, ya que este dañaría la integridad del Valle del Tambo. La situación empeoró cuando la empresa anunció su retiro y calificó a las manifestaciones como “terrorismo antiminero". A la fecha, el conflicto ha dejado un saldo aproximado de 20 heridos y 12 detenidos, sin que el Estado pueda encontrar una solución efectiva al problema. Ante esta coyuntura, el presente editorial explicará qué originó el conflicto y quiénes son los verdaderos culpables del mismo.
El pasado 30 de marzo, la Presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, fue censurada debido a los actos de reglaje y espionaje efectuados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI). Transcurridos dos días desde su renuncia, el Presidente Ollanta Humala reestructuró el gabinete, nombrando como Primer Ministro a Pedro Cateriano, quien debe presentarse ante el pleno del Congeso en búsqueda del voto de confianza en los próximos 30 días. Sin embargo, su nombramiento no ha sido bien recibido por la oposición que lo ha considerado más bien una provocación.
El domingo 22 de marzo, se publicó en el Diario Oficial El Peruano la Resolución Legislativa No. 30312, mediante la cual se aprueba el Convenio 183 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT). La norma establece algunos cambios respecto a la protección de las madres trabajadoras en nuestro país; entre ellos, la ampliación de 12 a 14 semanas de licencia por maternidad. En ese sentido, el presente editorial analizará las implicancias de esta norma y cuál será su impacto en la vida laboral de las mujeres peruanas.
Tras darse a conocer la decisión de cancelar el Proyecto Río Verde por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima, la gestión de Luis Castañeda Lossio ha recibido una vez más una ola de críticas por las pérdidas que implica dejar sin efecto dicha iniciativa. En efecto, el proyecto no solo iba a crear el Gran Parque de Cantagallo (de 25 hectáreas de áreas verdes) y circuitos recreacionales, sino que también reubicaría a 265 familias de la comunidad shipiba en un complejo multifamiliar con condiciones sumamente favorables en cuanto a modernidad y seguridad. De esta manera, el proyecto convertiría 6 km de la ribera del Río Rímac en área verde y beneficiaría a la perjudicada comunidad shipiba. No obstante, la gestión municipal optó por utilizar el fidecomiso destinado a tal proyecto para la construcción de tres bypass. Por ello, en el presente editorial se analizarán las razones por las cuáles no se debió cancelar este proyecto.
El martes pasado, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos archivó el predictamen del proyeto de Unión Civil no matrimonial entre personas del mismo sexo. Si bien la decisión será sometida a reconsideración la próxima semana, es muy probable que la mayoría de parlamentarios impulse en su lugar la Unión Solidaria. Esto ha generado debate en la opinión pública, la cual discute los beneficios y perjuicios de ambas figuras. No obstante, pareciera ser que hemos olvidado discutir una tercera alternativa: el matrimonio civil y la unión de hecho para todos. Por ello, en el presente editorial se analizará por qué la Unión Civil y la Unión Solidaria no satisfacen la búsqueda de la igualdad y dignidad de las personas, en referencia a su orientación sexual y vida en pareja.
Hoy, 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer. Es el momento preciso para reflexionar sobre los cambios que aún se necesitan en nuestro país y en nuestras leyes; más aún con el reciente nombramiento de una nueva Ministra de la Mujer, experta en temas de género y derechos humanos, que debe asumir el reto de impulsar dichos cambios. Por ello, en el presente editorial, mostraremos la importancia del análisis de género en el Derecho y aprovecharemos la oportunidad para abordar las tareas que tienen pendiente las autoridades peruanas en materia de derechos de la mujer.
El pasado 26 de febrero, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) aprobó una ordenanza que renueva por tres años las rutas de los buses de la capital. La decisión generó suspicacias y varios medios han denunciado que las rutas que han sido renovadas, incluyen también las que deberían ser utilizadas para implementar los corredores complementarios, de integración y aproximación del Sistema Integrado de Transporte. Esta situación ha generado malestar y ha llevado a muchos a cuestionar las medidas que viene tomando la actual gestión de la MML. Por eso, en el presente editorial, se analizará los primeros meses de mandato del burgomaestre Castañeda Lossio, haciendo particular énfasis en los retrocesos realizados- y amparados- durante su gestión.
“Pasamos de ser ciudadanos de segunda categoría a tener familias de segunda categoría”. Esa fue la respuesta de la ONG Colombia Diversa al comunicado de prensa de la Corte Constitucional de Colombia que anunciaba la decisión de su reciente Sentencia C-071 sobre el derecho de adopción de las parejas del mismo sexo. En esta ocasión, la Corte sostuvo la constitucionalidad de los artículos 64, 66 y 68 del Código de la Infancia y la Adolescencia promulgada en el año 2006, y precisó que las parejas del mismo sexo solo pueden adoptar cuando la solicitud recaiga sobre el hijo(a) biológico del compañero(a) permanente.
El pasado 9 de febrero, los pobladores de Pichanaki, ante la inexistencia de una mesa de diálogo, retomaron las protestas iniciadas en septiembre del año pasado por las actividades de exploración de Pluspetrol en la zona. El paro se tornó violento y los enfrentamientos entre la Policía y los pobladores dejaron un lamentable saldo de 1 muerto y aproximadamente 80 heridos. El gobierno ha anunciado el retiro de la empresa argentina de la localidad y la instauración de una mesa de diálogo en los próximos días. Frente a esta coyuntura, el presente editorial analizará cuál es la actuación que debe asumir el Estado en conflictos sociales como este.
Tras varios meses de debate, el último miércoles la Comisión Permanente del Congreso aprobó el proyecto de Ley 2959/2013-CGR, presentado por la Contraloría General de la República en el año 2013. Esta propuesta legislativa modifica el artículo 57 del Código Penal y prohíbe la suspensión de la ejecución de la pena para determinados delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos. De esta forma, se genera la obligación en los jueces de dictaminar prisión efectiva en este tipo de delitos y así evitar cualquier escenario de impunidad. Frente a esta situación, el presente editorial analizará esta modificación normativa y cuestionará si realmente resulta un medio eficiente para combatir la corrupción.
