Internacional

“Los Estados Unidos no son perfectos”. Es con estas palabras, las cuales formaron parte del discurso de Barak Obama en la Nueva Escuela de Economía en Moscú en el 2009, que inicia el texto del cuarto informe periódico presentado por Estados Unidos respeto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP). Este fue examinado por el Comité de Derechos Humanos (órgano encargado de la vigilancia del PIDCP) el pasado 14 de marzo. Si bien todos los Estados parte de los tratados de derechos humanos de Naciones Unidas pasan por este mecanismo periódicamente, la noticia resulta interesante por varias cuestiones. En primer lugar porque el monitoreo a través de informes periódicos es uno de los pocos mecanismos de control que ejerce dicho comité sobre Estados Unidos, dado que este no ha ratificado el protocolo adicional que permite la tramitación de denuncias individuales. El otro mecanismo de control aplicable a este país es la queja interestatal por violación de derechos humanos; lo cual, en el ámbito de las relaciones internacionales, resulta poco probable.

El miércoles 12 de febrero del 2014, fue convocada una manifestación pacífica por parte de varios dirigentes estudiantiles. En representación de universidades venezolanas como la Universidad Central de Venezuela y la Universidad de los Andes, los estudiantes se reunieron para llevar un documento al Ministerio Público con el propósito de exigir la liberación de los estudiantes detenidos en las protestas que se produjeron en el Estado de Mérida. Lo ocurrido en tal lugar tuvo como antecedente una serie de asambleas estudiantiles llevadas a cabo a lo largo del país con el propósito de discutir el problema de la inseguridad que tanto aqueja a los ciudadanos. Los estudiantes se reunieron frente a la casa del Gobernador de Estado, José Gregorio Vielma Mora, para exigir una respuesta del gobierno a dicho problema; y a partir de este incidente comenzaron las represiones por parte de los cuerpos oficiales hacia los estudiantes.

Cuando comenzó la lectura de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia (en adelante CIJ) sobre el diferendo marítimo entre Perú y Chile, los abogados internacionalistas nos sentimos como en una montaña rusa. Cuando el Juez Tomka[1] repasó el estudio de la Corte sobre las proclamaciones de 1947[2] y el Acuerdo de 1952[3], todos mis dispositivos electrónicos comenzaron a sonar indicando la llegada de mails, tweets y whatsapps de victoria y regocijo, dado que dichos instrumentos no establecían ningún límite marítimo.

El conflicto árabe israelí, cuyo inicio se atribuye popularmente a la partición del territorio palestina con el fin de poder conformar al emblemático estado de Israel, ha dado pie a una guerra extremadamente compleja, quizás uno de los temas más controversiales de la historia del último siglo, en donde la apertura de los canales comunicativos ha hecho posible para individuos o incluso entidades, tomar posiciones parcializadas en este conflicto, basándose únicamente en las acciones de ambas partes.