A propósito de la promulgación del Decreto Legislativo 1186, Enfoque Derecho entrevista a César Bazán, Coordinador del área de seguridad ciudadana del Instituto de Defensa Legal.
El lote petrolero identificado hoy con el número 192, y que en el pasado fue la unión de los lotes petroleros 1A y 1B (Lote 1AB), ubicado en la Región de Loreto, es motivo de un nuevo conflicto social que amenaza con paralizar la región y otras partes del Perú. ¿Cuál es la historia o causa del conflicto? ¿Qué es lo que corresponde hacer constitucional y gubernamentalmente? Ambas preguntas se procuran absolver en el presente artículo.
El pasado jueves 20 de agosto, el Congreso de la República aprobó con 89 votos a favor la ley de control, vigilancia y defensa del espacio aéreo peruano. La norma aún no ha sido publicada en el Diario El Peruano, no obstante ya se ha sido motivo de diversas opiniones debido a que faculta a la Fuerza Aérea del Perú (FAP) derribar las aeronaves que recaigan en la “sospecha razonable” de estar involucradas en tráfico ilícito de drogas. Al respecto, el congresista Carlos Tubino y autor de la iniciativa, ha sostenido la necesidad de la norma ya que solo en el último año 180 toneladas de droga salieron de nuestro país por vía aérea y remarcó que la actual estrategia de destruir las pistas clandestinas no ha funcionado. Sin perjuicio de que los argumentos que respaldan esta iniciativa legislativa sean totalmente válidos, no resulta menos irrelevante preguntarnos: ¿Es proporcionada la medida del derribo de avionetas bajo la sospecha de tráfico ilícito de drogas? ¿Cuáles son los criterios o estándares para analizar la validez del uso de la fuerza? ¿Un mal uso de esta facultad por las FAP no podría generar consecuencias perjudiciales? En el presente editorial analizaremos y responderemos estas interrogantes.
Imagine que usted ha sido designado como funcionario público con facultades para disponer el cese de comercialización de un producto defectuoso o para establecer sanciones económicas en casos en los que, se cree, cierta información potencialmente valiosa para los consumidores no fue revelada por el proveedor del producto o servicio. Como funcionario designado, su labor se encuentra bajo el escrutinio público. Advierta, además, que la defensa del consumidor siempre ha sido un tema rentable en términos políticos por lo que usted debe esperar campañas periodísticas y presión de ciertos grupos que impulsan acciones orientadas a golpear a empresas supuestamente infractoras antes que a educar a los consumidores supuestamente afectados.
Durante los libros 5 y 6, la serie de Harry Potter parece ser una oda a la inclusión contra una amenaza que busca la limpieza étnica del mundo mágico. Magos (puros y mestizos), hombres lobos, elfos domésticos, gigantes pelean codo a codo contra dicha amenaza.
Recientemente, diversos organismos internacionales han llamado la atención sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, enfocándose en un problema estructural que tienen que enfrentar los pueblos indígenas desde la Era Colonial. Este es la imposición de proyectos, a manos de terceros, que buscan la explotación de sus territorios y recursos naturales en abierta contradicción a sus formas propias de vida y visiones de desarrollo, y sin que el Estado obtenga su consentimiento de acuerdo a sus formas propias de toma de decisiones. Al igual que en la Era Colonial, los proyectos impuestos en sus territorios no han traído el mejoramiento de las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Por el contrario, traen su empeoramiento y empobrecimiento, así como una serie de cambios imprevisibles que los pueblos no pueden controlar. En muchos casos, han destruido la cohesión social de los pueblos indígenas, creando divisionismo y fragmentación en su interior. En el peor de los casos, ha puesto en riesgo la supervivencia misma de los pueblos indígenas.
Observar el proceso constitucional tiene dos objetivos centrales: uno, analizar el estado de la protección de los derechos fundamentales, y otro, conocer el estado del control de los excesos del poder. Pero no son dos objetivos independientes, porque, no hay democracia constitucional sin respeto de los derechos humanos, ni derechos humanos sin el control del poder.
En los últimos días, se ha comentado mucho la posibilidad de aumentar el sueldo mínimo en nuestro país en dos tramos de s/.75. En efecto, se rumoreó que uno de los temas que el presidente Humala iba a mencionar en su mensaje a la nación era el incremento de la remuneración mínima vital[1], pero que finalmente se dio marcha atrás. No obstante, de acuerdo a ciertas declaraciones de algunos ministros –pese a que algunos han señalado que el momento no es propicio - y del mismo Presidente, el tema aún está en discusión y evaluación. En caso no se llegue a un acuerdo en el Consejo Nacional del Trabajo[2], será el Jefe de Gobierno quien tome la decisión de adoptar o no la medida. En ese sentido, se han alzado numerosas voces discutiendo si realmente es oportuno y viable incrementar el sueldo mínimo dado el contexto actual.
¿Puede un juez ordenar al Gobierno que asigne presupuesto? Esa es la pregunta de fondo que todos nos hacemos[1], luego que la Dirección del Gobierno Regional de Cusco, ha reconocido que “cumplió” con elaborar el “Plan de Intervención Integral” de atención a las víctimas expuestas a metales pesados en Espinar, pero que dicho plan no se implementó porque el Gobierno central no le proporcionó el presupuesto, a pesar de los reiterados oficios presentados[2]. Dos preguntas resultan inevitables: 1. ¿Es el derecho a la salud un derecho? y 2. ¿Justifica la ausencia de presupuesto el incumplimiento de los derechos fundamentales, que pone en peligro no solo la salud, sino la propia dignidad humana, el derecho a la vida y a la subsistencia?
Si hubiera que hacer un balance sobre el desempeño del gobierno que deja el mandato en apenas un año, pensaría que los aspectos destacables los constituyen, de un lado, una reforma educativa que, aun con críticas reconocibles, comienza un largo camino por recorrer y, de otro, la puesta en marcha de una agenda de inclusión social a la que se dio inicio con la creación de un Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, liderado por estupendos profesionales. A diferencia de las recientes críticas a los programas sociales impulsados en este mandato, tengo la sospecha de que éste puede ser el logro más importante del gobierno que prometía una gran transformación.
