Los árbitros, jueces y jurados son seres humanos. Y como tales, reaccionan emocionalmente, utilizan atajos mentales y poseen un sistema operativo que no es a prueba de errores. También tienen limitaciones de conocimiento, capacidad limitada para procesar información y una memoria selectiva. No son robots.[1]
El martes pasado el senado de Chile aprobó el proyecto de ley Acuerdo de Vida en Pareja (AVP) que permite la unión civil entre homosexuales y que será discutido próximamente en la Cámara de Diputados para un dictamen final. La sesión estuvo encabezada por la presidenta del Senado, Isabel Allende, y en ella intervino el ministro portavoz del Gobierno, Álvaro Elizalde, quienes manifestaron su compromiso frente a la inclusión y protección de las parejas convivientes, sin distinción del sexo. Si bien queda pendiente la aprobación de la Cámara de Diputados en razón del régimen bicameral del parlamento chileno, ello merece un reconocimiento como un ejemplo a seguir ante el gran avance que se ha dado en esta materia durante los últimos años. En ese sentido, el presente editorial buscará analizar la situación de la unión civil entre homosexuales en la región, haciendo hincapié en el caso peruano.
En un mundo cada vez más incierto, la desconfianza alcanza día más, niveles inesperados ante los diferentes aspectos que une nuestra vida a un universo indeterminado de virtudes y desaciertos, comúnmente denominado, sociedad. Especialmente, cuando innumerables diagnósticos de nuestra propia realidad, han arribado a la fría conclusión que la máxime de nuestros días es la desconfianza y cada día que nos sucede, la buena fe se convierte en un mejor ayer. Sin embargo, si al menos un halo de luz podría vislumbrarse en el marco de las relaciones de consumo, toda esperanza se quiebra cuando somos testigos de que la duda y la desconfianza, no quedaron relegadas ni mucho menos se convirtieron en la añorada excepción.
En las últimas semanas, buena parte de los medios de comunicación se ha concentrado en reflexionar sobre los pros y contras del referéndum por la independencia de Escocia. Sin embargo, muy pocos comentaristas han intentado situar estas demandas dentro de un contexto histórico y político más amplio: la incapacidad de las grandes ideologías políticas para lidiar con las demandas culturales insatisfechas y la importancia que en nuestro mundo ha tomado la política del reconocimiento.
Sin lugar a dudas, la protección del consumidor es un tema importante en Colombia. La expedición del nuevo Estatuto de Protección del Consumidor ha supuesto muchos cambios con los que se espera generar una mayor protección de la que se supone es la parte débil de la relación de consumo. Entre las mutaciones más importantes del marco legal referido, el de las garantías ha instaurado una mayor tutela para los consumidores, en procura de que lo recibido por estos corresponda a lo prometido por el oferente.
La aplicación del remedio resolutorio presupone un juicio en donde se asume que el interés de una de las partes de una relación contractual ha decaído debido al incumplimiento imputable de su respectiva contraparte de ejecutar la prestación a su cargo. Por ende, se asume que el titular del interés lesionado tiene ahora un nuevo interés, esto es, el interés de quedar desvinculado de la relación jurídica instaurada con la denominada parte infiel. Para dar protección a dicho interés, el orden ha puesto a su servicio el derecho potestativo de resolver el contrato particular.
La sola posibilidad de vender la Mona Lisa para pagar la deuda externa de Francia llamó la atención del mundo, alegrándose muchos de que esto no será posible pues existe una ley que prohíbe la venta de bienes de dominio público. Sin embargo, tengamos en cuenta que existe la “desafectación”, una figura por la cual se quita la investidura de bien público a los bienes, así que no es lo mejor cerrarnos en la idea de que esto es imposible.
Hace unos días, un grupo de congresistas liderado por Yonhy Lescano presentaron un proyecto de ley que pretende modificar la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo para que se incluya un número no menor de 30% de mujeres en el Consejo de Ministros. El objetivo de esta ley sería equilibrar la presencia de las mujeres como una medida para combatir la discriminación de género en el Ejecutivo. Al margen de que consideremos que dicho proyecto persigue fines loables como lo es generar un mayor compromiso con la problemática de la desigualdad de género por parte del Gobierno, al momento de ser aplicada posiblemente sea fuente de mayores problemas. Es en este sentido que el presente editorial buscará analizar esta medida para establecer qué tan efectiva o viable puede ser en lograr los fines para los cuales se crea.
Hace algunas semanas en el Congreso de la República se emitió el Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, recaído en el Proyecto de Ley 582/2011-CR, mediante el cual se propone modificar diversos artículos del Código Civil.
Semanas atrás publiqué un primer post sobre la ley No. 30201 [ver aquí]. En él comenté cómo es que el registro de deudores morosos que se incorporaba a través de dicha ley era fundamentalmente un mecanismo dirigido a desterrar los procedimientos concursales por mandato judicial que derivaban del artículo 692-A del Código Procesal Civil. Por ello la ley No. 30201 disponía la modificatoria de ese artículo así como otros pertenecientes a la Ley del Sistema Concursal.
