Derecho y Política

Para discutir las implicancias de la curul vacía, medida recientemente aprobada por el Congreso peruano, es necesario comprender cómo funciona el crimen organizado, fenómeno al cual alude y que ha cobrado especial protagonismo. Lejos de las ideas imprecisas del cártel o la mafia, organizaciones verticales cuyos integrantes acatan decisiones centralizadas en un líder o unos cuantos cabecillas, la evidencia da cuenta más bien de redes acéfalas, de circuitos productivos con estructuras fragmentarias, cuyos puntos de contacto permiten transacciones para el comercio ilícito de estupefacientes, madera, oro, armas o personas[i]. En particular en el Perú, el fenómeno lo configuran principalmente pequeños y medianos emprendimientos, en gran medida de corte familiar, dedicados de manera específica a unas pocas actividades de estas economías ilícitas: el desvío de insumos químicos, la extracción del mineral o la madera, el refinamiento de pasta base o clorhidrato de cocaína, el acopio y transporte de las mismas, etc[ii].

En nuestro sistema constitucional, los derechos de participación política suponen no solamente el derecho de sufragio para elegir a nuestros representantes, sino también el derecho del ciudadano de votar individualmente hasta por 2 candidatos entre todos los que postulan de una lista de un partido al Congreso.

Adrián Lengua, Elody Malpartida y Francisco Mamani, miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevistan a Verónika Mendoza, actual Congresista de la República, sobre la propuesta de participación igualitaria en espacios políticos. ED: ¿En qué consiste la reforma de la participación igualitaria para hombres y mujeres? ¿Cuál es el estado actual de la misma en el Congreso? VM: Actualmente, en este Congreso han sido dos los puntos importantes que resultaron motivo de debate sobre el tema. El primero de ellos ha sido la alternancia; es decir, el hecho de que hombres y mujeres puedan, de manera alternada, acceder a cargos de elección popular, ello garantizando su participación en estas actividades. El segundo se refiere a la necesidad de prevenir y

En el año 2003, la Ley de Partidos Políticos (LPP) estableció que las agrupaciones políticas, independientemente de su categoría, debían regirse por normas de democracia interna. A partir de entonces, los candidatos a todos los cargos de elección popular (con excepción de los invitados) han sido proclamados bajo este mandato. Pese a ello, las élites partidarias de la mayoría de partidos y movimientos regionales han venido desarrollando estrategias para seleccionar de forma discrecional a sus candidatos.