Adrián Lengua, Elody Malpartida y Francisco Mamani, miembros del Consejo Editorial de Enfoque Derecho, entrevistan a Verónika Mendoza, actual Congresista de la República, sobre la propuesta de participación igualitaria en espacios políticos.
ED: ¿En qué consiste la reforma de la participación igualitaria para hombres y mujeres? ¿Cuál es el estado actual de la misma en el Congreso?
VM: Actualmente, en este Congreso han sido dos los puntos importantes que resultaron motivo de debate sobre el tema. El primero de ellos ha sido la alternancia; es decir, el hecho de que hombres y mujeres puedan, de manera alternada, acceder a cargos de elección popular, ello garantizando su participación en estas actividades. El segundo se refiere a la necesidad de prevenir y sancionar el acoso político contra mujeres, sean autoridades o líderes, ya que suponen impedimentos para que ellas permanezcan en la política.
En cuanto a la alternancia, si bien es cierto hay varios proyectos de ley -incluido uno del Ejecutivo-, lamentablemente no se ha llegado a debatir ni si quiera en el ámbito de la Comisión de Constitución y Reglamento. Ello porque muchos consideran que estos temas son irrelevantes; incluso algunos congresistas han dicho expresamente que no sería necesario aprobar políticas y normas de promoción de la mujer y que, en todo caso, las mujeres deberíamos demostrar nuestra capacidad para poder acceder a los espacios de decisión política, perdiendo de vista las múltiples trabas que las mujeres debemos superar en la vida cotidiana.
Respecto al proyecto de ley para sancionar el acoso político, este fue promovido por organizaciones de mujeres, básicamente por la Red Nacional de Mujeres Autoridades, lo cual permitió que pudiéramos avanzar un poco más en el debate. En ese sentido, hemos logrado su aprobación en la Comisión de la Mujer y Familia y ya está en la agenda del pleno desde hace varias semanas. Lamentablemente, aún no se prioriza y no llega a debatirse propiamente por razones similares a las que mencioné. Esto es básicamente lo que se ha debatido que tenga que ver con la participación política de la mujer.
Ahora, si bien es cierto se ha hablado de alternancia, no ha habido disposición siquiera para discutir la posibilidad de ampliar la cuota. Sabemos que hoy en día ésta es de 30% y que en otros países de la región, la cuota ya se ha aumentado. Incluso hay parlamentos donde se tiene cerca de 40% y 50% de participación de las mujeres. Nosotros estamos en alrededor de 20% y aun así no se ha discutido la posibilidad de ampliarla.
ED: Hay quienes señalan que se estaría vulnerando la meritocracia mediante este tipo de iniciativas, ¿cuál es su opinión al respecto?
VM: Todos compartimos la idea de meritocracia, pero también debemos entender que no todos tenemos las mismas oportunidades, ya que no partimos del mismo nivel, por decirlo de alguna manera. Unos estamos en situación de desventaja respecto a otros. De esta forma, para que podamos iniciar todos del mismo nivel y, a partir de allí, ganarnos la meritocracia, tiene que haber políticas y normas que garanticen ese piso mínimo de equidad.
Estas normas justamente apuntan a eso. No podemos negar que en nuestra sociedad las mujeres tenemos que hacer el doble de esfuerzo para poder acceder a los espacios de decisión. Un ejemplo de ello es el ámbito laboral: trabajamos igual que los hombres, tenemos la misma capacitación, la misma experiencia y nos siguen pagando menos por el simple hecho de ser mujeres. Otro ejemplo es que las mujeres llevamos las labores domésticas y empleamos el doble de tiempo que los varones haciendo estas tareas no remuneradas, sin que alguien valore eso. Y ese tiempo empleado no lo podemos dedicar a la política, capacitación, formación, entre otras cosas.
Asimismo, no podemos dejar de mencionar la grave violencia de la cual somos víctimas de manera cotidiana en sus distintos niveles: desde el acoso sexual callejero hasta la violencia sexual, que en el Perú es muy grave. Cabe decir que somos el país que lidera la tasa de denuncias por violación sexual en Latinoamérica. Se recibieron 13,000 denuncias de violación sexual en el Ministerio Público en el 2013, lo cual no es poca cosa. Entonces, teniendo en cuenta todas esas barreras que dificultan la emancipación de la mujer, sí es necesario todavía que el Estado promueva normas y políticas que ayuden a las mujeres a poder desplegar sus capacidades.
ED: Si es que en el Congreso no se llegan a discutir estas iniciativas, ¿qué otras medidas complementarias, que no impliquen aprobar una ley, se pueden realizar para promover la igualdad y la no discriminación de las mujeres en el ámbito político?
VM: La ley por la ley no resuelve nada, pues así logremos aprobar las normas, seguiremos teniendo dificultades a pesar de que ellas supongan un importante avance. Mi experiencia en el Parlamento me ha demostrado que normas de esa naturaleza solo funcionan en la medida que haya una movilización ciudadana detrás y una exigencia permanente y vigente que haga presión, incidiendo en el Congreso para que estas iniciativas avancen. Por ejemplo, en el tema del acoso sexual callejero, yo estoy completamente segura que si esa norma no se hubiese debatido un 8 de marzo, cuando los ojos de la ciudadanía, líderes de opinión y medios de comunicación estaban puestos sobre el Parlamento, probablemente no se habría aprobado.
Los partidos políticos también tienen enormes responsabilidades. Si realmente dicen ser democráticos, amplios y defensores de los derechos de las mujeres, entonces, sin necesidad de ninguna norma, podrían promover una mayor participación política en sus propios espacios. Nada les impide tener paridad al interior de sus propios partidos, más allá de lo que puede ocurrir luego en el ámbito de la representación propiamente pública.
En el fondo del asunto, lo que hay es un machismo fuertemente arraigado en nuestra sociedad. Todas las transformaciones culturales requieren de largos procesos y eso va a depender del Estado, las políticas, las normas y los medios de comunicación. Estos últimos, lamentablemente, más bien contribuyen a perpetuar estereotipos machistas que a romperlos y superarlos. Las universidades también deben ser espacios de debate sobre estos temas y de promoción de los derechos de participación de las mujeres en la política. En conclusión, mucho depende del nivel de incidencia ciudadana que pueda haber para que estas metas se logren.
ED: Además de estos actores sociales, ¿qué entes públicos tienen un papel fundamental para que se lleguen a implementar estas propuestas?
VM: Formalmente y principalmente, el ente encargado es el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, a quien siempre le exigimos pronunciamientos sobre estos temas. No obstante, es tiempo de entender que esta es una problemática transversal y que tiene que estar presente en todos los sectores. Por ejemplo, mucho tiempo se ha exigido al Ministerio de Economía y Finanzas que en los debates presupuestales incorporen el aporte de las mujeres a la economía nacional, que no es necesariamente remunerado ya sea en las tareas del hogar o del campo. Todo eso se debería empezar a valorizar y lo podría hacer el MEF.
Igualmente, en los gobiernos regionales se tiene muy poca conciencia de que en sus agendas deben tratar esta situación. En mi región, Cuzco, se encuentra una de las más altas tasas de violencia contra la mujer. Sin embargo, apenas el año pasado se ha constituido una subgerencia de la mujer. Recién se le ha puesto énfasis y preocupación a este tema a pesar de lo grave que es para la región. Todas las autoridades locales tienen los ojos puestos en los grandes proyectos de infraestructura, pero se olvidan de ese otro aspecto que es fundamental. Tú puedes tener los mejores puentes y carreteras, pero si el 50% de las mujeres de tu región son víctimas de violencia, entonces no hay ningún desarrollo. Es responsabilidad de todos, nadie se escapa.
