El pasado 01 de abril, la ciudad de Arica en Chile sufrió un movimiento sísmico de 8,2 grados en la escala de Richter, seguido por un Tsunami que cobró la vida de 5 personas y ocasionó daños materiales en las comunidades de Alto Hospicio e Iquique. Como país vecino, este suceso evidentemente, nos sirve a los peruanos como una llamada de alerta para reflexionar sobre las políticas de prevención y seguridad que debiera regirnos y que visto el panorama, distan mucho de la realidad. Más aún, tomando en cuenta nuestros antecedentes –por poner unos ejemplo, Pisco y Arequipa-, además de nuestra vulnerabilidad geográfica al encontrarnos en una zona de alta actividad sísmica. En hora buena, la semana pasada, el presidente Humala resucitó al CONASEC (Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana) que hasta entonces parecía ser una entidad cimentada en meras palabras. Pero pese a ello, lo cierto es que queda, hermanos, mucho por hacer. Por eso para el presente editorial pretendemos analizar nuestra crítica realidad en temas de prevención con el fin de invitar a la reflexión sobre este importante tema.
Hace algunos días el cardenal Juan Luis Cipriani planteó la realización de un referéndum para la aprobación del Aborto y de la unión civil entre personas del mismo sexo. En este artículo nos ocuparemos solo de lo que concierne a la unión civil. Aunque para algunos esto pudo haber significado una muestra de “apertura” por parte del cardenal con respecto a su tradicional postura de rechazo incondicional a la propuesta, lo cierto es que esta nueva postura es una verdadera espada de Damocles. En nuestro país, según la última encuesta de Ipsos, el 65% de los encuestados menciona estar en contra de dicha unión. Sin embargo, un dato curioso, es que la aprobación tiene una correlación con el respectivo nivel de conocimiento que se tenga sobre la materia. Así, por ejemplo, con conocimiento de los derechos que otorga la unión civil el rechazo disminuye hasta llegar a 49% de los encuestados. Por tanto, a primera vista podría pensarse que un referéndum sería muy peligroso para las personas que buscan poder hacer realidad la propuesta de unión civil, y en principio se podría tender a creer que la postura en contra tendría un masivo apoyo por parte del electorado. Sin embargo, sí se impulsa una campaña política y de información importante, es muy probable que el resultado se pueda revertir. Eso ya lo hemos visto muchas veces antes en política.
El arzobispo Juan Luis Cipriani ha regresado al ojo público proponiendo realizar un referéndum para decidir sobre la unión civil y el aborto terapéutico (que es legal en nuestro país). Felizmente en los últimos días se han publicado diversos artículos que han ridiculizado esta propuesta; y es que los derechos y libertades no pueden ser decididos por la mayoría. Sin embargo, llama la atención la legitimidad de la iglesia católica para intervenir en políticas públicas del Estado. ¿No se supone que somos un Estado laico?
EnfoqueDerecho entrevista a Rafael Muente, docente de la PUCP especializado en Derecho Corporativo, Administrativo, Servicios Públicos y Regulación del Tabaco, sobre temas relacionados a la gestión de Susana Villarán, el tratamiento legislativo de las playas y las telecomunicaciones.
Se salva por un pelo, y una vez más gracias a un recurso formal. Ya había pasado algo parecido con el uso de la prescripción para evadir ser juzgado en el caso de "El Frontón". Ahora se trata de una decisión judicial que anula el procedimiento investigatorio seguido en su contra por una mala notificación [1]. Curiosamente, esta resolución[1] se dicta en el marco de una campaña de desprestigio[2] emprendida por Alan García contra el trabajo de la megacomisión [2] y en plena huelga del poder judicial.
"¡Jueces pro terrucos!". "Juez le pone el parche a Alan". "La justicia traicionó a Nolasco". La relación entre el periodismo y el sistema de justicia suele ser tensa, con acusaciones del último de incomprensión y presión interesada hacia sus integrantes. Y es que los hombres de prensa evalúan y exhiben ante la comunidad la labor realizada por jueces y fiscales en los casos que por materia o personas involucradas resultan notorios. Ello incluso se plasma en juicios paralelos o "mediáticos" donde se denuncian, investigan y resuelven crímenes, "sentenciando" a los responsables.
Ayer 18 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó al Estado colombiano que adoptara medidas cautelares en favor de Gustavo Petro Urrego, político que fuera elegido Alcalde de Bogotá a fines del 2011, quien había sido separado del cargo e inhabilitado en sus derechos políticos por 15 años mediante una decisión administrativa adoptada y ratificada por la Procuraduría General de la Nación, órgano que en Colombia tiene facultades de investigar y sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos.
El día viernes, por primera vez desde que nos rige la Constitución del 93, el Congreso decidió no otorgar el voto de confianza al Gabinete de Ministros encabezado por el Premier Cornejo de acuerdo al procedimiento establecido por los artículos 130, 132 y 133 de nuestra Constitución y el reglamento del Congreso. Fueron dos votaciones seguidas en las que no se obtuvo el voto de confianza: en la primera con 47 votos a favor y 71 abstenciones; y en la segunda con 42 votos a favor, 6 en contra y 73 abstenciones. A raíz de ello, el Presidente ha solicitado que el lunes se convoque a sesión extraordinaria para definir si se le da o no el voto de confianza. Y frente a un panorama como tal, surge una pregunta que aún muchos no logramos resolver: ¿se otorgó o no el voto de confianza al Gabinete de Cornejo? A fin de contestarla, en el presente editorial explicaremos lo sucedido desde el plano jurídico para analizar las consecuencias que trae consigo esta polémica situación.
La preocupación por el maltrato animal aparentemente se muestra como un interés humano relativamente reciente, sin embargo, dependiendo de la perspectiva cultural e histórica se puede inscribir en una trama de larga –o larguísima- duración, aplicando categorías de Braudel. Previamente es menester no confundir de una parte, aquella antigua pauta cultural, esto es la del sacrificio animal, sus expresiones en el Derecho Sacrificial y sus correspondientes criterios normativos, vigentes hasta el día de hoy -e insuflados conceptualmente por enfoques bienestaristas[1]- y de la otra, las prácticas modernas del denominado maltrato animal.
En estas últimas semanas, las redes sociales de nuestro país han sido agitadas por graves noticias relacionadas al maltrato animal. Así, en los primeros días de febrero se difundió un video en Youtube en el que aparece un joven ahorcando a un pequeño gato y se burla de este acto. Diversos grupos de activistas lograron identificar al responsable y organizaron una manifestación frente a su casa, lo que motivó que el padre del “gaticida” reconociera que fue él quien subió el video a Internet para demostrar cuánto afectan los problemas familiares a los adolescentes. Al poco tiempo, su abogado no sólo justificó su conducta y reprochó la agresión sufrida (golpe en la cabeza con un megáfono) sino que además comparó la actuación de los defensores de los animales con una supuesta frase de Hitler: “Cuanto más amo a mis animales (…) más odio a los seres humanos”. Lamentablemente, el letrado varió la frase pues ésta fue acuñada por el filósofo griego Diógenes de Sinope: “Mientras más conozco a la gente, más quiero a mi perro”.
