Administrativo

Contraseña registral

En el Perú se falsifican instrumentos de todo tipo, se suplantan personas, se simulan procesos, a veces hasta con el concurso de fedatarios oficiales, y finalmente se accede a los Registros Públicos casi sin resistencia. Por más que el Estado se afana en crear trampas para contener a los delincuentes (alerta registral, inmovilización de partidas, bloqueo provisorio, entre otras), el día a día muestra que los asientos registrales son vulnerables y permiten el despojo injusto.

Greenpeace, los talibanes y el Estado: algunas caras de la moneda contra el desarrollo

Los Budas de Bamiyan, Afganistán, estatuas que se cree que fueron esculpidas en el Siglo V o VI, declarados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, no sobrevivieron al fanatismo intransigente de los talibanes: luego de casi 1500 años los destruyeron a dinamitazos durante el Siglo XX. Querían imponer su visión al pueblo afgano borrando su historia. Ellos se proclaman como dueños de la verdad: su interpretación del Islam es la única y debe prevalecer. Sin embargo, no hacen nada contra el hambre y pobreza de su entorno.

Para los próximos 5 años: ¿El Perú tendrá la justicia que se merece?

Las elecciones por la presidencia del Perú en el 2016 “calientan”. El reciente anuncio del ex ministro del Interior, el más popular del gobierno de Humala y de los últimos 10 años, Daniel Urresti, ha llamado la atención pero no tanto para bien, al punto que su aporte a la vida política del país ha sido comparado por César Hildebrandt con “el poto de Susy Díaz”.

¿Qué trámites puedo realizar en las Municipalidades ? – Comparte tus Derechos: Blog de la Defensoría del Pueblo

La Defensoría del Pueblo es el órgano constitucional autónomo encargado de defender los derechos fundamentales de la comunidad y supervisar el cumplimiento de los deberes de la Administración Estatal y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía. En ese sentido, viene compartiendo a través de su blog y redes sociales el microprograma “Comparte tus derechos” para así “fortalecer a la ciudadanía en el conocimiento de los trámites y procesos asociados al ejercicio de sus deberes y derechos”.

Culturalmente innovador

Hace algunos días el diario El Comercio denunció que el Ministerio de Cultura emitió una polémica resolución en la que dejaba a cargo de los municipios la facultad de otorgar los permisos para construir en inmuebles que son declarados Patrimonio Cultural de la Nación. La medida fue dictada, curiosamente, en medio de un paquete que busca reactivar la economía y agilizar las inversiones, y ha puesto en el debate, de paso, si esta es la mejor manera de hacerlo.

El Derecho de la Política

¿Quién regula al regulador? Es la gran pregunta que los liberales le solemos hacer a los defensores del controlismo estatal cuando estos nos argumentan de sus bondades. Sin embargo, esta es una pregunta que no se ha podido dejar de lado ni siquiera en los sistemas políticos liberales más desarrollados. Siempre se llega al punto de la necesidad de autorregulación. Y en este caso creo que el Derecho Parlamentario es un buen ejemplo para ilustrarlo.

Para convivir en la descentralización administrativa: Breves Líneas A La Sentencia Del Pleno Jurisdiccional Del Tribunal Constitucional Recaída En El Exp. 00025-2010-Pi/Tc

La sentencia en cuestión presenta un conflicto –de natural incidencia y activación en nuestras Administraciones Públicas descentralizadas- ocurrido entre una Ordenanza Regional 004-2010-GRA/CR emitida por el Consejo del Gobierno Regional de Ayacucho y un reglamento de alcance nacional contenido en el Decreto Supremo 002-2010-ED, el cual reglaba la normas de selección y contratación del personal docente en las Instituciones Educativas Públicas de Educación Básica y Educación Técnico-Productiva de todo el país para el año 2010. La colisión entre estas dos normas se da por un tema puntual, el artículo 1 de la citada norma legal regional establecía de manera directa la inaplicación del artículo 1 del Decreto Supremo 002-2010-ED, basado en razones de constitucionalidad (juridicidad) de la norma infra-legal, al estimarse que los formas y procedimientos de concursos públicos establecidos en el Reglamento del Ministerio de Educación vulneraban “el derecho al acceso al empleo público en condiciones de igualdad”.

Editorial: La última joya del TC: La Ley Servir

El pasado martes 20 de mayo, el saliente Tribunal Constitucional (TC), en una de sus últimas sentencias, declaró fundada en parte la demanda presentada por 34 congresistas que buscaban se declaren inconstitucional diversos artículos de la conocida y cuestionada Ley del Servicio Civil (No. 30057), la cual busca ordenar los regímenes laborales de los trabajadores del Estado y fortalecer el sistema meritocrático en el sector público. Si bien en otro editorial ya hemos tenido oportunidad de pronunciarnos sobre esta Ley, consideramos necesario analizar el tema a la luz de la reciente sentencia de nuestro TC que legitimó una serie de artículos que atentan contra el derecho a la libertad sindical de los trabajadores públicos y, asimismo, declaró inconstitucional el segundo párrafo de la Cuarta Disposición Complementaria Transitoria (CDT) de la referida Ley, que impedía que los trabajadores que ingresaran voluntariamente al nuevo régimen laboral pudieran cuestionar y volver a sus antiguas modalidades por sede judicial. De antemano, desde esta tribuna consideramos inadecuada la decisión tomada y en las siguientes líneas explicaremos nuestras razones.

Versus: Sentencia del TC invalida control difuso en sede Administrativa

Enfoque Derecho presenta nuevamente el Versus, una confrontación de ideas entre el Dr. César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional, y el Dr. Juan Carlos Morón, profesor de Derecho Administrativo, donde discuten la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inaplicación del control difuso en sede administrativa.

Racionalidad de las multas y sanciones administrativas

En el año 2009, las siete principales entidades públicas recaudadoras de multas impusieron a los particulares sanciones por, aproximadamente, 280 millones de Nuevos Soles. En el 2012, este monto ascendió a 491 millones.