El electo congresista Javier Diez Canseco ha declarado públicamente que un eventual gobierno del candidato Ollanta Humala revisará las tasas de interés que cobran los bancos debido a que dichas tasas son “abusivas”.
La tasa de interés refleja el monto que el que propietario del dinero espera ganar prestándolo a alguien. En otras palabras, la tasa de interés refleja el valor que cada uno asigna a su dinero.
En una sociedad que respeta la propiedad privada el Estado no establece cuánto deben cobrar las personas por los bienes y servicios que ofrecen. En el Perú, salvo que se trata de servicios públicos en los que no existe competencia, el gobierno no nos dice cuánto debemos cobrar por los alimentos, las viviendas, los vehículos, los conocimientos y demás bienes que ofrecemos en el mercado.
Lamentablemente cuando se trata de dinero los ciudadanos estamos legalmente prohibidos de cobrar intereses que superen los límites fijados por el Banco Central de Reserva. ¿Existe alguna diferencia entre el dinero y los demás bienes que justifique un trato legal diferenciado? No, pues estamos ante recursos perfectamente intercambiables. Desafortunadamente el Estado peruano prefiere obedecer un mandato anacrónico (originado en escritos católicos de la Edad Media) que condena la usura, en lugar de respetar el derecho de sus ciudadanos de asignar libremente un valor a su dinero.
De acuerdo con el régimen legal vigente en el Perú, solo las instituciones financieras pueden fijar libremente los intereses que cobran por el dinero que prestan. Si somos consecuentes con la propiedad privada y con la libertad individual el régimen aplicable a las referidas instituciones debe ser extendido a todos los demás miembros de la sociedad, y no al revés, como propone Diez-Canseco.
Si uno considera que algunos bancos cobran intereses “excesivos”, la solución no es establecer una prohibición. En efecto, si el Estado impide a las instituciones financieras fijar libremente las tasas de interés, entonces éstas dejarán de atender al sector que represente el mayor riesgo de pago. Esa actitud, lejos de ser reprochable, será consecuente con el deber que las instituciones financieras tienen de cuidar los depósitos que captan del público.
Probablemente alguien piense que ante este escenario el Estado estará llamado a suplir el vacío dejado por las instituciones financieras. Esta solución, empero, no haría otra cosa que agravar el problema. El Estado no tiene recursos propios, se financia con el dinero de los contribuyentes. Si el Estado decide empezar a prestar dinero, convierte en banqueros a sus contribuyentes. Y esto no es bueno. ¿Por qué? Porque los banqueros ganan y pierden. Ningún empresario tiene la certeza de que siempre obtendrá ganancias; ninguna empresa está libre del riesgo de quebrar. Si el Estado convierte a sus contribuyentes en banqueros, aquél no hace otra cosa que imponer a éstos un riesgo respecto del cual no han tenido posibilidad alguna de elegir. Si el Estado decide prestar dinero al segmento con el mayor riesgo de pago, sus contribuyentes se convertirán, sin desearlo, en los más arriesgados banqueros del mercado. Como quiera que estos banqueros forzados concentrarán el riesgo en un solo segmento del mercado, a la sazón el más inseguro, inexorablemente perderán su capital. El problema de los “intereses altos” se habrá convertido en un problema de pérdida de capital social.
Si queremos evitar que ciertas personas paguen intereses “excesivos”, generemos competencia, incentivemos el ingreso de nuevas instituciones financieras y eliminemos las restricciones que existen respecto de las tasas de interés que pueden cobrar los ciudadanos. A mayor oferta de dinero, las tasas de interés se reducirán de manera natural. Para generar competencia debemos hacer dos cosas: ofrecer un ambiente institucional que garantice el respeto a los contratos y a las promesas; y ofrecer una administración de justicia predecible y eficiente. Sin estos factores difícilmente ingresarán actores dispuestos a asumir el riesgo de hacer empresa.
Animo al congresista Diez Canseco a abandonar la idea del control de las tasas de interés y a trabajar más bien en la tarea de mejorar nuestro sistema institucional y judicial.
Totalmente de acuerdo, muy buen artículo.
Estoy de acuerdo con que no se debe regular las tasas de interés bancario. Concuerdo que la solución a las (supuestamente) «altas tasas de interés» podría ser que se permita a cualquiera (y no sólo a las entidades financieras) fijar libremente estas tasas, para los créditos que otorgan. Así se generaría más competencia en el mercado de créditos (forzando una reducción natural de las mismas) y desapareciendo de una vez, al irracional delito de usura; sin embargo, creo que ello necesariamente deberá ir acompañado de políticas agresivas de bancarización y formalización, a fin que las personas que hoy no tienen acceso al crédito bancario (por no recibir oferta bancaria o ser informales), mañana puedan escoger entre los créditos ofrecidos por la banca y cualquier otro acreedor (no bancario), a tasas competitivas. Si es que no se implementan esas políticas, aquel que no tiene acceso al crédito bancario, seguirá obligado a recurrir sólo al crédito ofrecido por acreedores no bancarios, sin poder beneficiarse de la competencia de tasas y, tal vez, viéndose afectado con esa libertad dada a sus acredores, quienes probablemente, dada la situación, establecerán tasas más altas de las que antes manejaban, para los deudores que continúan sin acceso al crédito bancario.
Si no se escucharon sus declaraciones, la opinión, tan particular, de Javier Diez Canseco también se puede ver en: http://www.larepublica.pe/31-01-2011/creditos-abusos-e-indefension
Eso es a lo que los de Gana Perú llaman «economía nacional de mercado»?; si esto es así, los que piensen que harán un buen gobierno o ayudarán a la sociedad, tienen que analizar los costos de su «buena intención».
Buen artículo Freddy.
Un abrazo.