El pasado martes 5 de agosto el grupo de hackers Anonymous Perú y Lulz Security Perú difundieron enlaces que contenían más de 6 mil correos electrónicos de la cuenta personal del ex premier René Cornejo. La información contenida en los mismos se refería principalmente a las coordinaciones realizadas dentro del gabinete ministerial, comunicaciones con distintos funcionarios públicos y representantes de otras instituciones, entre otros. Esta situación ha generado revuelo. Por un lado, están quienes limitan su postura a condenar fervientemente la obtención ilegal de este tipo de información privada; mientras que por el otro, hay quienes cuestionamos la poca transparencia sobre contenidos que no solo no coinciden en ser “secreto de estado”, sino que además, guardan un claro interés público. En el presente editorial pasaremos a analizar esta problemática.
En el marco de las venideras elecciones municipales, Enfoque Derecho presenta este nuevo proyecto con el fin de informar al electorado sobre las propuestas que ofrecen los candidatos a la alcaldía de Lima. Con el objetivo de uniformizar y organizar dichas propuestas, hemos optado por un modelo homogéneo de entrevista en donde el entrevistado responde en torno a tres principales temas que consideramos son objeto de mayor atención y demanda por parte de la población limeña: i) seguridad, ii) reforma del transporte y iii) corrupción; y como un valor distintivo de nuestro portal, iniciativas legislativa que se impulsarán para llevar a cabo las políticas que se prevén ejecutar.
En el marco de las venideras elecciones municipales, Enfoque Derecho presenta este nuevo proyecto con el fin de informar al electorado sobre las propuestas que ofrecen los candidatos a la alcaldía de Lima. Con el objetivo de uniformizar y organizar dichas propuestas, hemos optado por un modelo homogéneo de entrevista en donde el entrevistado responde en torno a tres principales temas que consideramos son objeto de mayor atención y demanda por parte de la población limeña: i) seguridad, ii) reforma del transporte y iii) corrupción; y como un valor distintivo de nuestro portal, iniciativas legislativas que se impulsarán para llevar a cabo las políticas que se prevén ejecutar.
La semana pasada se concretó en el Congreso los tres pedidos impulsados por distintas bancadas congresales para interpelar al Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, por el supuesto conflicto de intereses en favor de una empresa de capitales noruegos Interoil, empresa que habría asesorado antes de formar parte del Gabinete en un litigio contra el Estado Peruano. A su vez, se ha presentado igualmente un pedido para interpelar al Ministro del Interior, Daniel Urresti, a quien se le acusa de haber consignado cifras falsas sobre los operativos que está realizando para combatir la inseguridad ciudadana. La mayoritaria inasistencia de nuestros representantes de la Patria que desembocó en una falta de quórum y una consecuente, suspensión de la interpelación a Mayorga, es un indicio de que algo anda mal en la utilización de una figura como la “interpelación”, que legítima en su ejercicio, ha demostrado ser una práctica casi quijotesca a merced de algunos políticos que abusan de ella. En ese sentido, el presente editorial aboga por repensar una figura como ésta en lo que respecta su procedimiento para así, analizar si su uso responde a los fines para los cuales se creó legalmente o si es meramente un instrumento para satisfacer intereses políticos.
Es complicado ser optimista hoy en día con respecto a nuestra coyuntura política. Durante las últimas semanas hemos sido espectadores de titulares y escándalos de nuestras autoridades, producto de sus acciones y malas decisiones. El espacio público se ha vuelto, una vez más, el canal donde se debaten los descaros y la ineficiencia de nuestros gobernantes, antes que un lugar de deliberación sobre los proyectos e iniciativas que requiere el Estado, ya sea en el ámbito de servicios, derechos o reformas políticas. Lo peor, es que mientras siguen los titulares sobre las “repartijas” o las declaraciones de la primera dama, nuestro país sigue cayendo en una ya consumada crisis de institucionalidad.
Para esta oportunidad, Jaime Zea, ex alcalde de Villa El Salvador, nos entregó unos minutos para responder sobre los mencionados ejes. Estas son las propuestas del Partido Popular Cristiano (PPC):
a. Sistema de transporte multimodal
“Nosotros proponemos un sistema multimodal, es decir, un sistema que integre varias formas de transporte, desde lo que debe ser la base de la estructuradora que son los Metros, que serán ya sea subterráneo o elevado, según lo que recomienden los estudios. A partir del metro se constituirá la red de corredores y de vías, algunas segregadas, otras normales para el transporte público a través de buses. Estos estarán articulados en función, por un lado, de las estaciones del metro y, por otro, en función de grandes avenidas que puedan servir como troncales o alimentadores. Es decir, una especie de red que articule el sistema de transporte masivo con el transporte de buses.”
Mi experiencia personal con las cárceles se limita a la televisión. En mi imaginación, todos los aspectos de la vida de un reo se encuentran controlados por el Estado. Pero nuestra realidad es otra. En nuestro país la cárcel no es ni resocialización ni venganza. La cárcel es una anarquía controlada. Hacinamiento, celulares, alcohol, drogas y armas. Los crímenes se planean desde la cárcel. Y, lo que es peor, se ejecutan en la misma cárcel. La semana pasada un reo del penal de Lurigancho asesinó a su pareja al interior de su propia celda y luego se suicidó[1]. ¡No existe ningún control!
¿Por qué cocinamos? Un chef responderá basado en sus sentidos. No obstante, nuestros antepasados encontraron en la cocción una ventaja biológica basada en la energía extra liberada por los alimentos al pasar por el fuego, facilitando la sobrevivencia, la...
El mes de abril ha sido una faena para el sistema de justicia. Primero fue el Ministerio Público con la polémica elección del Fiscal Supremo, y ahora es el turno del Poder Judicial con el recurso excepcional de revisión que ha presentado la defensa del ex-presidente Alberto Fujimori para buscar la nulidad de la sentencia que lo condenó a 25 años de pena privativa de la libertad por autoría mediata de los crímenes de Barrios Altos, la Cantuta, entre otros. Todo esto en razón de que habría una “contradicción” en las decisiones del Poder Judicial, ya que en la sentencia del 20 de marzo de 2013, se impuso esta misma condena de autoría mediata al ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y a otras personas, por lo cual se habría concluído que los verdaderos autores de las matanzas habrían sido estos últimos y no Fujimori. Si bien el planteamiento resulta polémico, acá no acaba el meollo del asunto, pues la Sala designada para definir esta controversia es la del conocido y polémico magistrado Javier Villa Stein. Como era de esperarse, durante la semana distintas organizaciones han alzado la voz y han solicitado que el cuestionado juez se inhiba del caso por no garantizar la imparcialidad que requiere todo proceso judicial. Dada esta coyuntura y debido a la importancia del tema, en el presente editorial analizaremos la controversia para reflexionar sobre la importancia del principio de imparcialidad y las consecuencias que puede ocasionar su afectación en el presente proceso.
Por: Daniella Lucia López Lancho
Estudiante de la Facultad de Ciencias Sociales de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno de la PUCP del noveno ciclo. Actualmente es estudiante de intercambio becada en la Universidad Nacional de Quilmes, Buenos Aires,...
