Comunidades, cuando no las veía, no existían: Reflexiones preliminares acerca de la visibilidad de un sujeto que antes no estaba

Por Gustavo Zambrano Chávez, profesor de Antropología y Derecho, Sociología del Derecho, Derecho de los Pueblos Indígenas en la PUCP.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que Perú es el tercer país de América Latina con el mayor porcentaje de personas indígenas en su población (2014), después de Bolivia y Guatemala, seguido por México y Panamá. La CEPAL puede afirmar lo anterior a partir de los resultados logrados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), luego del último Censo Nacional y del II Censo de Comunidades Nativas de la Amazonía Peruana, ambos del año 2007.

Cabe resaltar que dichos resultados se obtuvieron al aplicar el denominado criterio lingüístico en las preguntas censales y no el de autoidentificación[1]. Es decir, se preguntó a las personas qué idioma -aparte del castellano- hablaban, y no su pertenencia o identificación a algún pueblo indígena. A pesar de ello, las conclusiones censales han resultado suficientes para conocer la situación de los pueblos indígenas en el Perú al día de hoy. Gracias a estos resultados, por ejemplo, podemos resaltar que en el Perú hay más de seis millones de personas que viven en hogares donde el jefe de familia o su cónyuge hablan un idioma materno distinto al castellano (44,7% de los peruanos y peruanas tienen al quechua como idioma materno), podrían ser consideradas como pertenecientes a algún pueblo indígena por este hecho; de igual manera, que las regiones más pobladas por personas que hablan un idioma distinto al castellano –y con ello, posibles de ser consideradas indígenas- son Puno (13,6%) y Cusco (16,9%) en los Andes, y Loreto (30,7%) y Amazonas (29,3%) en la Amazonía. Otro punto importante es que, en el 2007 se estimaba que para el año 2010, de una población de alrededor de 29 millones de peruanos y peruanas, más de 7 millones serían indígenas (INEI 2007); siguiendo esta proyección, en nuestros días tal cifra debería haber aumentado, situación que sólo se verificaría luego de la realización del censo del año 2017, que sí debe incluir una pregunta (o preguntas) sobre la autoidentificación[2].

A partir de las cifras podemos acercarnos a la condición social y económica de estos grupos; ello hay que complementarlo con las formas de organización y vivienda que en este caso los pueblos indígenas tienen en el país. La gran mayoría de pueblos indígenas peruanos se encuentran agrupados en comunidades, tanto campesinas como nativas. De acuerdo con el Ministerio de Cultura (2016) en el Perú hay 54 pueblos indígenas, los que se agruparían en varias de las 6069 comunidades campesinas o en las 1469 comunidades nativas que hay. El ejercicio que se viene haciendo está en identificar la condición de indígena de las personas que habitan en dichas comunidades. Ello es así en tanto la pertenencia a una comunidad no implica necesariamente la condición de ser parte de un pueblo indígena (y viceversa). Por ello, yo no puedo afirmar que una comunidad –campesina o nativa- es parte de un pueblo indígena per se, sino que los miembros de dichas comunidades son quienes pueden formar parte de un determinado pueblo a partir del criterio de la autoidentificación. Sobre este tema, habrá oportunidad de extenderse en otro momento.

Ahora, ¿cómo lo anterior, se relaciona con los sucesos ocurridos durante el proceso de violencia política que vivió el Perú ya hace algunas décadas atrás? En la actualidad, tener estas cifras si bien ha ayudado a conocer la realidad de los pueblos indígenas peruanos, no ha sido aun suficiente. Según el Banco Mundial, en Latinoamérica – y el Perú no es la excepción- no se cuenta con data cuantitativa ni evidencia robusta sobre la pobreza relacionada a los pueblos indígenas (Banco Mundial, 2016). Sumado a lo anterior, las cifras con las que se trabaja no solo no son recientes sino que no se sostienen en el criterio de autoidentificación. Es decir, en nuestro país aun falta mucho trabajo para identificar con evidencia cuantitativa detallada la situación socioeconómica de los pueblos indígenas; además de no tener mayor claridad sobre quiénes ni cuántos miembros de pueblos indígenas hay dentro de nuestras fronteras.

Lo que tenemos son interpretaciones válidas a partir de considerar el criterio lingüístico como determinante para justificar y sustentar las decisiones estatales; es decir, estimaciones que han permitido conocer una población sumida aun en la penumbra estadística, y que sabemos se organiza en grupos denominados comunidades, que poseen reconocimiento constitucional. Lo anterior se convierte puesto así, es un problema. Representa un desfase para realizar afirmaciones sostenidas en evidencia reciente. Por ejemplo, si bien el número de comunidades que se maneja es el oficial al 2010, no se están contando aquellas comunidades, nativas o campesinas, que no poseen un título de propiedad (esa cifra solo muestra aquellas comunidades formalmente establecidas), por lo que al día de hoy desde el Estado no se tiene claridad sobre cuántas comunidades faltan titular, y con ello cuál es el número real de comunidades que hay en el país. Además, habrá que saber en cuáles casos estamos frente a grupos humanos que pertenecen a pueblos indígenas (y en cuáles no).

Si esta situación es complicada el día de hoy, hace más de 25 años, durante el contexto de violencia política, debió ser mucho peor. Si al día de hoy el Estado peruano no cuenta con cifras completas para tomar decisiones, lo más probable es que esta situación haya sido gravísima durante los años ochenta y siguientes. Lo que sí se tenía eran estimaciones acerca de un gran bolsón de personas que habitaban zonas rurales, independientemente de ser indígenas o no, que se agrupaban en comunidades, y en su gran mayoría se dedicaban a actividades agrícolas. Para el Estado de esos años, la condición cultural distinta no se consideraba un criterio para reconocer, sino que se veía a todos como personas que habitaban en zonas rurales. El punto de quiebre tiene que ver con dos puntos: (i) la capacidad de “ver” a estas personas por parte del Estado, y (ii) la forma cómo se ven a esas personas. Si no las veo, no existen. Si las veo de forma distinta a cómo son, sigo sin verlas. La pregunta detrás es cómo se les veía; pero incluso si ese no fuese el caso, porqué no se les veía.

Primero, por qué digo “ver”. Porque uno de los principales problemas históricos que han tenido los pueblos indígenas, agrupados en comunidades, es que no han existido como parte de las decisiones estatales, sino de manera generar y superficial. Durante el conflicto armado, incluso, estas personas no existieron, dadas las cifras de víctimas que fueron justamente porque el Estado no los vio. Ver para efectos de este pequeño ensayo es tenerlos presentes.

Segundo, a partir de lo anterior me permito plantear algunas reflexiones mayores. El día de hoy tenemos un sujeto de derechos, tanto pueblo indígena como comunidad –campesina y nativa-, que ha empezado a estar más visible en las políticas estatales. Se puede alegar que desde 1979 y antes había un reconocimiento constitucional del sujeto comunidad; pero en la práctica, el distanciamiento entre norma y realidad ha sido inmenso. Que hubiese reconocimiento constitucional no significa que haya reconocimiento político del sujeto en la actuación estatal, es decir, desde el Estado eran pocos los espacios en los que este sujeto podía ejercer su agencia. Ese sujeto el día de hoy posee un conjunto de derechos, individuales y colectivos, que cada vez están más presentes en la forma cómo se actúa desde el aparato del Estado. Así, me atrevo a afirmar que ese Estado no veía a ese grupo de personas porque no se les reconocía su condición de sujetos de derecho (independientemente de lo que la norma diga).

Esta situación de reconocimiento (y con ello de visibilización) es reciente, sobre todo en los últimos 15 años; y, es el resultado de décadas de luchas por el reconocimiento. Con lo anterior, lo que resalto es que hoy el nivel de reconocimiento hacia el otro distinto culturalmente es mucho mayor que antes, a pesar de las aun existentes limitaciones. Es más, en el contexto de hace treinta años no podemos hablar de un sujeto de derecho como el que tenemos el día de hoy, repito, a pesar de las limitaciones que tenemos. Podría afirmarse incluso que el sujeto no solo ha sido reconocido, sino que ha ido fortaleciendo sus capacidades de actuación en los planos político y público. El mismo sujeto que hace 30 años no era reconocido, a su vez, no tenía la capacidad de actuar. Los cambios no solo han venido desde el Estado, sino desde el propio sujeto del derecho que se ha vuelto un agente.

En ese sentido, hablar de personas pertenecientes a comunidades campesinas y nativas en el contexto de la violencia política nos debe de permitir no solo revisar aquellas cifras donde como víctimas aparecen, sino -y sobre todo- qué tanto ha cambiado el panorama en todos estos años. El punto no debe ser discutir únicamente sobre qué hacía el Estado para no ver a campesinos y nativos, indígenas al fin, sino qué ha hecho o qué ha estado haciendo para cambiar esta situación.

El Informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación concluye que existió una notoria relación entre situación de pobreza y exclusión social, y la probabilidad de ser víctima. Es por ello que el 79% del total de las víctimas vivía en zonas rurales, y el 56% tenía actividades agropecuarias. Por otro lado, el marcado racismo hacia el hombre y la mujer indígena (campesino o nativo) fue pieza clave para convertirlos en víctimas. Cabe recordar que el 74% de víctimas tenía el quechua u otras lenguas originarias como idioma materno. Víctimas al fin, la deuda del Estado hacia este grupo de ciudadanos es muy alto. El día de hoy tenemos que pensar entonces cómo las políticas públicas y el marco legal se hacen reconociendo la diversidad cultural, de tal forma que el Estado no esté ausente o sea ajeno a pueblos indígenas y comunidades. Si el panorama que nos dejó el proceso de violencia política era el de un Estado incapaz de reconocer, cabe repasar lo que desde ese mismo Estado se ha hecho –o no- para cambiar de una situación de invisibilidad hacia una de garantía de derechos de personas indígenas (campesinas o nativas).

Para finalizar, puedo señalar que si vemos el cuadro más grande, sí ha habido un lento proceso de visibilización que ha estado acompañado por un rol político activo de un sujeto de derecho que cada vez está más presente en el espacio público. El punto es que estos cambios son procesuales, no inmediatos, y exigen replantear estructuras no solo institucionales, sino mentales y jurídicas. El reto está en seguir el rumbo que se está teniendo, pero ajustando para que no se retroceda lo ya alcanzado. El contexto es completamente distinto al de inicios de los ochenta. Algunos problemas se han ido solucionando, pero no todos.

[1] Junto con Colombia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua, el Perú aún no cuenta con una pregunta sobre la autoidentificación indígena en sus censos nacionales. De acuerdo con Fabiana del Popolo, experta en Demografía de la CEPAL, responsable de los proyectos sobre Población Indígena y Afrodescendiente del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE-CEPAL), el Perú debe incluir en estos censos una pregunta (o preguntas) sobre la autoidentificación que permita recoger información de forma adecuada sobre el contexto social y cultural del país, ya que ello servirá para revelar la problemática real de los pueblos indígenas. En otras palabras, visibilizar en números la situación de las personas indígenas, cifras que luego deben servir para la elaboración de políticas públicas. Por citar solo dos ejemplos, Bolivia desde el año 2001, y Ecuador desde el 2010,  son países que ya cuentan con una pregunta sobre la autoidentificación en sus censos poblaciones; se suman a esta lista Brasil, Chile, Panamá, Argentina, Costa Rica, México, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Honduras. Para más información, ver http://servindi.org/actualidad/106798

[2] De acuerdo con el Decreto Supremo 066-2016-PCM del 24 de setiembre del 2015, el año 2017 se realizarán los siguientes censos nacionales: XII de población, VII de vivienda y III de comunidades indígenas, censos que han sido declarados de prioridad nacional  para la política social del Estado, ya que sus resultados servirán para mejorar las condiciones de vida (no necesariamente o por lo menos no directamente) de la población en educación, salud, servicios básicos, la focalización de la intervención de los programas sociales, entre otros. En el caso del censo de pueblos indígenas, el INEI ha venido trabajando para conocer experiencias de este tipo de actividades en otros países.  Para llevar a cabo este trabajo ha conformado el Comité Técnico sobre Estadísticas de Etnicidad (mediante Resolución Jefatural 167-2013-INEI del 25 de junio del 2013) siendo una de sus funciones revisar y evaluar lineamientos técnicos y metodológicos de las variables étnicas a ser incorporadas en las investigaciones étnicas estadísticas, como los censos y encuestas. Este comité  está conformado por entidades estatales como el INEI, el Ministerio de Cultura, la Defensoría del Pueblo, instituciones académicas como GRADE, la PUCP, la Universidad del Pacífico, organizaciones indígenas como ONAMIAP, CONAP, CEDET, CEDEMUNEP, y organismos de Naciones Unidas. Lo que sigue no lo pondría, me parece que la cita queda muy extensa y no es clara la pertinencia/necesidad. Otro ejemplo de especialización del trabajo del INEI frente a este censo es que los días 20 y 21 de octubre del 2015 realizó el Seminario Internacional Gestión de variables de etnicidad en los censos, encuestas y registros administrativos en la región- Experiencias comparadas con participación de expertos de Ecuador, Bolivia, México, Panamá y Colombia. En este evento no solo se reconoció la importancia de los censos nacionales para conocer el número que estos pueblos representan, sino la oportunidad para estar presentes en la información pública. Para esta institución es importante se pueda contar con una pregunta que visibilice la autoidentificación del origen étnico dado que ésta recoge la pertenencia étnica por declaración espontánea de la persona.