Por el Dr. César Landa, ex presidente del Tribunal Constitucional y docente el la Facultad de Derecho de la PUCP.
Los derechos humanos son la consagración jurídica de un conjunto de valores y necesidades de la población, así como de las legitimas aspiraciones de los grupos minoritarios y/o vulnerables históricamente.
Así, si bien en el año 2001, con el retorno al Estado democrático, se creó una comisión de bases para la reforma constitucional que elaboró un proyecto de reforma total de la Constitución de 1993 y que incorporó nuevos derechos; el Congreso no pudo culminar con el proceso de aprobación, aunque si llevó a cabo algunas reformas parciales. Mientras que, en el año 2003, la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación (CVR) entregó sus conclusiones y recomendaciones al país en medio de controversias políticas, resentimientos de las fuerzas de seguridad militar y policial y, desde ya, el rechazo frontal del terrorismo. Todo ello por el develamiento de la verdad y la búsqueda de la reconciliación.
Desde entonces, los distintos gobiernos democráticos no han sido capaces de implementar las conclusiones y recomendaciones de la CVR. Pues, en el Perú no existe un sistema democrático basado en los valores del pluralismo y la tolerancia necesarios para la verdad y la reconciliación como en los países modernos que han pasado por experiencias traumáticas similares, sino únicamente un juego maniqueo de la mayoría y la minoría electoral.
Sin embargo, la verdad y la reconciliación en un Estado democrático moderno se basa no solo en los resultados en las urnas, sino en lo que Pitkin llama el principio de mayoría (no la regla de la mayoría). Es decir, que el partido que salga ganador en las elecciones gobierne con respeto de las minorías y los grupos vulnerables y no solo con su mayoría parlamentaria.
Ciertamente que las víctimas de la violencia política, tanto civiles como militares, se han convertido, al igual que sus familiares, en un grupo minoritario en la sociedad y vulnerable ante sus victimarios. Pero, sobretodo, frente al Ministerio Público, al Poder Judicial y al Consejo Nacional de la Magistratura. Este último se encarga de nominar a los magistrados, instituciones que son las responsables de garantizar y reparar las graves violaciones a los derechos humanos sufridas durante el conflicto armado.
En la actualidad, dicha situación continúa en la práctica con la impunidad de los responsables, debido a la lenidad del Estado y la indiferencia de la sociedad, salvo honrosas excepciones. Por eso, a los nuevos gobernantes les corresponderá liderar la solución de los asuntos públicos pendientes, como los de la CVR. Esto, mediante la implementación de sus recomendaciones a través, no solo de la expedición de leyes y aprobación de presupuestos, sino de la reforma del sistema de justicia para el cumplimiento de sus tareas pendientes con la justicia y no solo en los casos identificados por la CVR.
Asimismo, haría bien el gobierno entrante en convocar a las distintas fuerzas democráticas para consensuar una reforma constitucional, en la cual se incorporen nuevos derechos fundamentales, como el derecho a la verdad y a la reconciliación. Ello, en la medida que la sociedad y el Estado tienen una deuda pendiente con dicha nueva minoría que se ha convertido en un grupo vulnerable, que irá incrementando su necesidad de protección especial, mientras el Estado deje pasar más el tiempo sin justicia para ellos.
Porque no existe prescripción de los graves delitos contra los derechos humanos, ni derecho al olvido, cuando la memoria histórica late viva en la sociedad. Pero, en particular, en los descendientes de las víctimas y en la conciencia de quienes hasta ahora no han podido encontrar los restos de sus deudos para enterrarlos cristianamente.
