Hace unos días, surgió (en realidad, resurgió) la idea de crear un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación. Quiero expresar mi escepticismo de forma abierta. La decisión de innovar depende de una serie de consideraciones que el innovador pondera y que lo obligan a pactar con quienes podrían convertirse en compradores de la innovación. Esta idea general no es otra que la del “dilema de la doble confianza” que describen Robert Cooter y Hans-Bernd Schaeffer en su libro “Salomon´s Knot”: un sujeto tiene una idea innovadora pero necesita capital para ponerla en práctica, quien tiene capital no tiene la idea innovadora que le puede generar grandes beneficios. Ninguna de las partes colaborará con la otra sin tener seguridad de que la contraparte se encontrará obligada a respetar su parte del acuerdo. El sistema legal fomenta conductas cooperativas de formas diversas, fundamentalmente, haciendo prevalecer los acuerdos voluntarios de los individuos.

Esta dinámica se verifica de forma sistemática en incontables momentos y lugares. Naturalmente, estos acuerdos se forjan sobre la base de una pretensión individual de los sujetos involucrados: su interés por maximizar sus beneficios. De esta manera, la innovación es un proceso espontáneo. Las personas innovan en función a una serie de consideraciones. Si se equivocan, el mercado los castigará. En cualquier caso, los individuos involucrados en el proceso de innovación tienen buena información respecto de aquello que harán y de cómo pretenden hacerlo.

Por el contrario, el Estado suele tener pobre información respecto de las innovaciones que el mercado recompensará y respecto de las cuales serán rechazadas por los diversos consumidores que interactúan libremente. Las metas en un determinado proyecto son variadas. Uno de los grandes riesgos de encomendar la tarea de delinear en qué se debe innovar y cómo desde el Estado es que se trata de una asunción ajena a lo que el mercado demanda sustentada en información bastante limitada.

¿Esto significa que no debería existir una política pública sobre innovación? Para nada. Creo firmemente que debe existir una política pública que fomente la innovación pero ésta pasa por permitirles a las personas llegar a acuerdos libres con la seguridad de que la ley los respalda. Una política pública sobre innovación pasa por reducir las incontables barreras burocráticas que restringen las actividades económicas de los individuos día a día. No debemos confundir, entonces, la necesidad de una política pública sobre innovación con la pretensión (peligrosa y condenada irremediablemente al fracaso) de “guiar” la actividad innovadora.

Sorprende que en nuestro país todavía crean algunos que con la creación de un Ministerio se presta atención a un problema estructural. El sistema legal peruano no genera incentivos para la actividad innovadora. Antes de pensar en ministerios, sería buena idea empoderar al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología para destrabar la inversión y facilitar el intercambio libre en el mercado. Una vez que esta necesaria tarea desreguladora sea emprendida, podríamos pensar en esquemas de estímulo específico para sectores estratégicos y en hacer que nuestro país sea competitivo.

La innovación es espontánea y suele ir rápido. Es como un Corre-caminos astuto y rápido. Sin planeamiento adecuado, el ministerio propuesto será un intento por dar vida a un Coyote torpe, lento y, sobre todo… costoso.

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