Maria del Pilar Segura, abogada por la PUCP con estudios en derecho de las tecnologías de información. Directora de Incidencia de la Asociación Lawgictec. Actualmente se desempeña como Analista de Asuntos Públicos en Niubox».
A fines del año 2021, el partido político “Podemos Perú” presentó el proyecto de Ley 415-2021 “Ley e-commerce” que buscaba regular aspectos relacionados con el comercio electrónico. No obstante, esta propuesta fue duramente criticada no solo por el contenido de la misma, sino porque no tomó en consideración numerosas opiniones en contra presentadas por organizaciones civiles y empresariales. Ahora, en una profunda crisis política que envuelve al país, el Congreso parece dar luz verde a su aprobación sin mayor debate. En las siguientes líneas analizaremos la implementación de esta medida.
Con las restricciones gubernamentales establecidas a causa del COVID-19, el comercio electrónico tuvo un crecimiento exponencial durante los años 2020 y 2021; sin embargo, muchas de las transacciones se vieron frustradas pues, por ejemplo, los productos encargados por delivery no llegaban a tiempo, aumentaron las estafas por internet, los consumidores no hallaban vías para comunicarse con sus proveedores, entre otros.
En este contexto, el INDECOPI (agencia de protección al consumidor) elaboró un proyecto normativo que modificaba el Código de Protección al Consumidor con la finalidad de abordar la problemática señalada y con el objetivo de establecer un estándar mínimo de cumplimiento en las transacciones digitales, así como la de garantizar la seguridad de los consumidores.
Dicho proyecto fue puesto en conocimiento de los ciudadanos a fin que los mismos puedan brindar sus comentarios, antes de ser remitido al Congreso. El Proyecto establecía una serie de obligaciones para los proveedores digitales de servicios (incluidas las plataformas digitales como Instagram o Facebook) y derechos de los consumidores (como el derecho de retracto mediante el cual cualquier consumidor podía arrepentirse de su compra y solicitar una devolución de la misma). Esta propuesta fue objeto de numerosas críticas realizadas por parte de organizaciones civiles y empresariales lo cual generó que el INDECOPI re-planteara dicho proyecto y volviera a diseñarlo.
Como es posible apreciar, dicha medida es catalogada como una política regulativa en tanto establecía un coste concentrado que este caso lo asumirían las empresas proveedores de productos y servicios que trabajan en el ámbito digital. De hecho, una de las principales críticas a dicha política era que el coste económico que irrogaba esta medida era demasiado elevado, lo cual afectaba especialmente a las pequeñas y medianas empresas (Mypes). Por otro lado, esta medida -en principio- beneficiaría a todos los consumidores. No obstante, también se señaló que en tanto la política afectaba al comercio, pocos agentes iban a poder implementar sus requerimientos con lo cual habría una reducción de oferta y, por tanto, los precios subirían afectando a todos los consumidores.
Asimismo, se debe precisar que esta propuesta califica como una política 2.0 en la medida que su aplicación tendrá efectos en el ámbito digital y regula a actores que se desenvuelven en este espacio. Del mismo modo, la agencia encargada de la fiscalización del cumplimiento de esta política, deberá implementar medidas 2.0 para llevar a cabo su función de manera eficiente.
Teniendo en cuenta todos posibles efectos del proyecto de ley, en su primera versión, el INDECOPI estuvo elaborando un nuevo proyecto de ley el cual se iba a presentar a finales del año 2021. Sin embargo, en octubre de ese mismo año, el congresista José Luna del partido político “Podemos Perú” recopiló esta primera versión de trabajo elaborada por la agencia de protección al consumidor, y presentó el actual Proyecto de Ley Nº 415-2021.
El referido proyecto de Ley ingresó a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso y en menos de dos (2) meses dicha Comisión aprobó en mayoría la propuesta emitiendo el Dictamen. Ante esta situación, numerosas organizaciones civiles y empresariales se pronunciaron en redes sociales resaltando que ninguno de los comentarios que se habían hecho llegar al Congreso habían sido analizados por la Comisión del Congreso, cuestionando, además, la inusual rapidez con la que se había aprobado dicho proyecto.
Dichas organizaciones emitieron en conjunto un pronunciamiento público que resaltaba estas críticas precisando que la regulación del comercio electrónico requería un conocimiento muy profundo en la operatividad del sector digital y la función intermediadora de las plataformas digitales. Asimismo, resaltaron que esta medida implicaba el incumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado peruano en el marco de Tratados de Libre Comercio (TLC).
Finalmente, no dejó de llamar la atención que, teniendo en consideración que la medida incluía aspectos de transformación digital, no se pidió la participación vinculante de la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI) entidad rectora en la materia.
Es por todo lo mencionado que diversos actores políticos, iniciaron una campaña mediática de urgencia con la finalidad que el Pleno del Congreso rechace la aprobación de dicho dictamen y ordene a la conformación de grupos de trabajo a fin de que realmente se escuchen y ponderen los comentarios brindados por la sociedad civil y sector empresarial para, de esta forma, se regula la actividad de manera correcta uy así lograr que el comercio electrónico sea una potente herramienta de desarrollo.
Lamentablemente, el Congreso parece tener un ligero apuro en aprobar dicha normativa tan relevante para el sector pues en plena crisis política, y bajo ningún tipo de debate, ha colocado en la agenda del Pleno del Congreso su votación.
Como es conocido la actuación servil, del Congreso actual, que se traerán los congresistas apurados por la implementación de la “Ley e-commerce” que buscaba regular aspectos relacionados con el comercio electrónico., sin mayor debate y opinión técnica?