Los Estados Unidos cuentan con disposiciones legislativas de precios de transferencia desde 1928, por ello es natural que existan varios capítulos en la historia de la evolución de las normas de precios de transferencia en dicho país.
Pues bien, uno de estos capítulos inició con las modificaciones realizadas en el año 2003 a la sección § 1.482-7A de las Regulaciones del Tesoro, a través de las cuales se dispuso, entre otras cosas, que: (i) los acuerdos de costos compartidos para el desarrollo de intangibles deben considerar todos los gastos operativos, incluidos los costos de compensaciones basadas en acciones otorgadas a trabajadores desarrolladores; y, (ii) que dichos acuerdos producen resultados arm’s length.
En el caso Altera Corporation v. Commissioner, se viene discutiendo si es que estas modificaciones a las regulaciones, en buena cuenta, son compatibles con la legislación estadounidense de precios de transferencia.
Altera consiguió un resultado favorable en el año 2015 ante el Tribunal Fiscal estadounidense[1]. Esta decisión había sido revertida el 24 de julio de 2018 por el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de California[2] en una votación 2 a 1. Sin embargo, el 7 de agosto de 2018 la propia Corte del Noveno Circuito invalidó su anterior pronunciamiento debido al fallecimiento de uno de sus miembros. Luego de incorporar a un nuevo magistrado, la Corte convocó a una nueva audiencia oral programada para el 16 de octubre.
Siendo este uno de los casos contemporáneos más paradigmáticos, resumimos a continuación los principales argumentos de las antagónicas decisiones del Tribunal Fiscal y de la Corte del Noveno Circuito de California.
- Las sección 482 del U.S. Code y § 1.482-7A de las Regulaciones del Tesoro
La sección § 482 del U.S. Code contiene las disposiciones legislativas de precios de transferencia estadounidenses, las cuales fueron desarrolladas en la sección § 1.482 de las Regulaciones del Tesoro.
Estas disposiciones legislativas se mantuvieron sustancialmente iguales desde 1928, siendo recién en 1986 que se incluyó una segunda oración relacionada a la regla denominada commensurate with income, la cual –en buena cuenta– señala que las rentas derivadas de la transferencia o licencia de intangibles deben ser proporcionales a las ganancias que produzca el intangible.
Al respecto, las primeras dos oraciones de la sección § 482 del U.S. Code señalan: “In any case of two or more organizations, trades, or businesses (whether or not incorporated, whether or not organized in the United States, and whether or not affiliated) owned or controlled directly or indirectly by the same interests, the Secretary may distribute, apportion, or allocate gross income, deductions, credits, or allowances between or among such organizations, trades, or businesses, if he determines that such distribution, apportionment, or allocation is necessary in order to prevent evasion of taxes or clearly to reflect the income of any of such organizations, trades, or businesses. In the case of any transfer (or license) of intangible property (within the meaning of section 936(h)(3)(B)), the income with respect to such transfer or license shall be commensurate with the income attributable to the intangible”.
Desarrollando lo anterior, la sección § 1.482-7A de las Regulaciones del Tesoro[3] reguló los acuerdos de costos compartidos para la investigación y desarrollo de intangibles, señalando –entre otras cosas– que: (i) los acuerdos de costos compartidos para el desarrollo de intangibles deben considerar todos los gastos operativos, incluidos los costos por compensaciones basadas en acciones otorgadas a trabajadores o terceros –compensaciones basadas en acciones o stock based compensations–; y, (ii) que dichos acuerdos producen resultados arm’s length. Esta modificación ha sido denominada por los tribunales como el Final Rule.
Al respecto, la sección § 1.482-7A(a)(3) de las Regulaciones del Tesoro señala: “(3)Coordination with § 1.482-1. A qualified cost sharing arrangement produces results that are consistent with an arm’s length result within the meaning of § 1.482-1(b)(1) if, and only if, each controlled participant’s share of the costs (as determined under paragraph (d) of this section) of intangible development under the qualified cost sharing arrangement equals its share of reasonably anticipated benefits attributable to such development (as required by paragraph (a)(2) of this section) and all other requirements of this section are satisfied”.
Por su parte la sección y § 1.482-7A(d)(2) indica: “(2)Stock-based compensation.(i) In general. For purposes of this section, a controlled participant’s operating expenses include all costs attributable to compensation, including stock-based compensation. As used in this section, the term stock-based compensation means any compensation provided by a controlled participant to an employee or independent contractor in the form of equity instruments, options to acquire stock ( stock options), or rights with respect to (or determined by reference to) equity instruments or stock options, including but not limited to property to which section 83 applies and stock options to which section 421 applies, regardless of whether ultimately settled in the form of cash, stock, or other property”.
- Antecedentes del acuerdo de costos compartidos celebrado por Altera Corporation y Altera International
Altera Corporation y Altera International son empresas miembros de un grupo empresarial dedicado al desarrollo y comercialización de software. Dichas empresas celebraron en 1997 un acuerdo de costos compartidos para el desarrollo de nuevas tecnologías, el cual fue objeto de revisión por el IRS para los ejercicios 1997 a 2003 a través de un acuerdo anticipado de precios de transferencia.
Posteriormente, entre los años 2004 a 2007 Altera Corporation otorgó retribuciones a trabajadores investigadores bajo la forma de compensaciones basadas en acciones. Dichas compensaciones fueron incluidas como costos compartidos en el acuerdo de costos compartidos, debido principalmente a la sección § 1.482-7A de las Regulaciones del Tesoro.
No obstante, en el 2005 Altera Corporation y Altera International decidieron modificar el acuerdo de costos compartidos para dejar de compartir los costos de las compensaciones basadas en acciones, dando lugar a que Altera Corporation sea quien asuma enteramente dichos costos. Ello se debió principalmente a que las compensaciones basadas en acciones no son compartidas entre partes independientes. Así pues, las Regulaciones del Tesoro del 2003, al obligar a los contribuyentes que compartan dichos costos para obtener resultados arm’s length serían inválidas.
- Decisión del Tribunal Fiscal
El 27 de julio de 2015 el Tribunal Fiscal estadounidense emitió la decisión Altera Corporation v. Commissioner, declarando inválida la Final Rule, a partir de las siguientes razones.
En primer lugar, se analizó si es que la Administración sostenía la Final Rule sobre la base del estándar arm’s length o sobre la base de la regla commensurate with income. Al respecto el Tribunal señaló que la Administración no fue clara pues si bien es cierto que alegaba que la Final Rule se sostenía en la regla de commensurate with income, en otras ocasiones señaló también que la Final Rule origina resultados consistentes con el estándar arm’s length.
Asimismo, siguiendo a lo establecido en el caso Xilinx Inc. v. Commissioner, el Tribunal menciona que la intención del Congreso al incluir la segunda oración de la sección § 482 del U.S. Code no fue abandonar el estándar arm’s length, hecho que incluso había sido reconocido en el White Paper del Tesoro de 1988. Así pues, el Tribunal Fiscal considera que la regla del commensurate with income no puede dar suficiente base para la Final Rule, sin que exista también compatibilidad con el estándar arm’s length[4].
En segundo lugar, el Tribunal Fiscal siguiendo lo dicho en el caso Xilinx reitera que el estándar arm’s length requiere siempre del análisis de lo que harían empresas comparables en situaciones comparables. Al respecto, el Tribunal Fiscal determina entonces que la razonabilidad del Final Rule dependerá de su consistencia con arm’s length, hecho que requiere de una constatación empírica[5].
Sobre esta base, se verificó que la Administración no contó con evidencia alguna respecto a que las empresas independientes comparten los costos de compensaciones basadas en acciones. En ese sentido, el Tribunal concluyó que el Final Rule carece de sustento fáctico y es inválida.
- Decisión del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de California
El 24 de julio de 2018 se emitió la decisión del Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de California, la cual revirtió la decisión del Tribunal Fiscal. Como mencionamos previamente, la decisión de la Corte de Apelaciones fue invalidada por ella misma y a la fecha se encuentra pendiente de que se emita una nueva decisión.
El fundamento principal para revertir la decisión del Tribunal Fiscal consistió en que la inclusión en 1986 de la segunda oración a la sección § 482 del U.S. Code tuvo como finalidad principal buscar una paridad fiscal, habida cuenta de la inutilidad del estándar arm’s length tradicional para cumplir este objetivo. Así, la Corte de Apelaciones reconoce expresamente que la regla del commensurate with income es un estándar puramente interno que no requiere de comparables, hecho que se encuentra legislativamente reconocido desde 1986[6].
De esta forma, la sección § 1.482-7A de las Regulaciones del Tesoro es plenamente consistente con la sección § 482 del U.S. Code y, por tanto, válida.
- Comentarios
La disputa que viene suscitándose en el caso Altera Corporation plantea varias preguntas sustanciales sobre las normas de precios transferencia en su configuración estadounidense.
En primer lugar, el análisis relacionado a si la regla de commensurate with income se encuentra comprendida en el estándar arm’s length, llevará necesariamente a definir cuál es el núcleo duro de dicho estándar. De determinarse que el estándar arm’s length contiene la regla de commensurate with income, se reconocerá expresamente que el estándar arm’s length no se reduce a la búsqueda del valor en operaciones comparables, sino que puede involucrar también la búsqueda de dicho valor sobre un análisis puramente interno.
De otro lado, si es que se define que el estándar arm’s length no comprende la regla del commensurate with income, quedará claro que dicho estándar se reduce necesariamente al análisis con comparables. No obstante, ello llevará a preguntarse si es posible que el arm’s length pueda convivir junto con más estándares en una misma legislación de precios de transferencia.
Definir lo anterior tiene grandes consecuencias para el análisis de legalidad de las normas reglamentarias. Así, si es que se asume una postura amplia del arm’s length, bastará que exista un enunciado general del arm’s lenght en una norma legal para que vía reglamentaria puedan regularse aspectos del estándar commensurate with income o cualquier otra herramienta basada en análisis internos sin comparables.
En segundo lugar, la controversia del caso Altera Corporation muestra una evolución de las normas de precios de transferencia que pone en entredicho la idoneidad del arm’s length tradicional y sujeta a discusión la existencia de estándares alternos. Así pues lo que en el fondo se viene discutiendo es si estamos ante una evolución del estándar arm’s length o si nos encontramos ante el surgimiento de estándares alternativos.
En este contexto, resulta interesante preguntarse cuál es la naturaleza del arm’s length y si esta naturaleza tiene que ser repensada a la luz de las nuevas innovaciones legislativas de cada país.
Sobre ello, consideramos que ante la variedad y evolución de las legislaciones de precios de transferencia en el mundo, es imperativo identificar la naturaleza de las normas de precios de transferencia en tiempo y espacio. Así, un correcto análisis de las normas de precios de transferencia y de su naturaleza deberá realizarse desde las propias normas nacionales de cada país considerando sus particularidades en tiempo y espacio.
[1] Esta resolución puede consultarse en la siguiente dirección: https://ustaxcourt.gov/InOpHistoric/AlteraCorporationDiv.Marvel.TC.WPD.pdf
[2] La decisión en mención puede consultarse en: http://cdn.ca9.uscourts.gov/datastore/opinions/2018/07/24/16-70496.pdf
[3] Esta sección puede ser consultada en: https://www.law.cornell.edu/cfr/text/26/1.482-7A
[4] Al respecto, el Tribunal señala: “Moreover, because Treasury did not rely exclusively on the commensurate-with-income standard, we cannot sustain the final rule solely on that basis if we decide that Treasury’s reliance on the arm’s length standard in issuing the final rule was unreasonable. (…). Accordingly, the commensurate-with-income standard, as interpreted by Treasury, cannot provide a sufficient basis for the final rule”.
[5] Sobre ello, en las páginas 44 a 46 de la decisión del Tribunal Fiscal se señala: “(…). In Xilinx Inc. v. Commissioner, 125 T.C. at 53-55, we held that the arm’s length standard always requires an analysis of what unrelated entities do under comparable circumstances. Similarly, in promulgating the final rule Treasury explicitly considered whther unrelated parties would share sotck-based compensation costs in the context of a QCSA. (…). The validity of the final rule therefore turns on whether Treasury reasonably concluded, see State Fram, 463 U.S. at 43, that it is consistent with the arm’s length standard, and that is necessarily an empirical determination”.
[6] Con respecto a ello, el Noveno Circuito de la Corte de Apelaciones de California señala: “(…). Thus, Congress’s purpose in enacting and amending § 482 in 1986 is key to resolution of this issue. That purpose is parity. Firs Sec. Bank of Utah, 405 U.S. at 400. The 1986 amendment reflected Congress’s recognition that the traditional arm’s length standard did not serve the purpose of § 482. The 1986 amendments to § 482 provides that: “In the case of any transfer (or license) of intangible property…, the income with respect to such transfer or license shall be commensurate with the income attributable to the intangible”. This is a purely internal standard, and evidence supports Treasury’s belief that Congress intended it to be. H.R. Rep. No. 99-426, at 423-35; H.R. Conf. Rep. No. 99-841, at II-637. Indeed, Congress’s objective in amending § 482 was to ensure that income follows economic activity”.
Fuente imagen: Smarter Analyst
